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Congreso aprobó proyecto de ley para ratificar Acuerdo de París

Con 98 votos a favor, el Congreso de la República surtió el último debate necesario para aprobar el Acuerdo de París, adoptado en la COP 21 sobre cambio climático. “Es muy buena noticia la que recibe el país hoy de la aprobación del Acuerdo de París por parte del Congreso, queremos agradecerles por la celeridad que dieron para que se haya convertido en Ley”, dijo el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo.
Para culminar el proceso de ratificación, la Ley debe ser sancionada por el Presidente de la República y posteriormente revisada por la Corte Constitucional. La ratificación del Acuerdo deja con voz y voto a Colombia en las negociaciones de la COP23 a realizarse este año en Bonn, Alemania, lo que permitirá defender los intereses del país y jalonar recursos de cooperación para el apoyo a la implementación de la Política de Cambio Climático de Colombia.
El Acuerdo busca evitar un aumento de la temperatura del planeta por encima de los 2°C. “El Tratado de París es de la mayor importancia para que los compromisos que tenemos con el país y con la comunidad internacional en materia de mitigación de Gases Efecto Invernadero y adaptación al cambio climático, los podamos cumplir en un marco que nos da metas concretas. Por ejemplo, nos hemos comprometido a disminuir en un 20% las emisiones de Gases Efecto Invernadero hacia el año 2030, aunque también podemos llegar a un 30% si tenemos apoyo de la cooperación internacional”, enfatizó el Ministro.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lanzó recientemente la Política Nacional de Cambio Climático, que es una hoja de ruta para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París que permitirán adoptar medidas para hacerle frente al cambio climático, “se proyecta que hacia el año 2030 vamos a necesitar mínimo 90 billones de pesos entre recursos del sector público y del sector privado, y adicionales, para todos los procesos de mitigación y adaptación al cambio climático. Se están haciendo inversiones importantes pero necesitamos ponerle un acelerador”, afirmó Murillo.
Además de la Política Nacional de Cambio Climático, el país cuenta con el Sistema Nacional de Cambio Climático, el impuesto al carbono, así como las estrategias de reducción de desarrollo bajo en carbono, de adaptación al cambio climático y de deforestación, lo que demuestra el gran compromiso que tiene el país frente a temas definitivos para el futuro del planeta.
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Gobierno objetó ley que elimina cobro por reconexión de servicios públicos

Por considerar que vulnera el principio de solidaridad y constituye un factor de inequidad contra las personas que pagan oportunamente sus obligaciones, el presidente Juan Manuel Santos rechazó el proyecto de ley que elimina  el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios.

Por tal razón, el Gobierno devolvió al Congreso de la República el proyecto de ley “por medio de la cual se modifica la Ley 142 de 1994, se elimina el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios residenciales y se dictan otras disposiciones”, por considerar que la exoneración del pago es inconstitucional.

 El proyecto aprobado por el Congreso prohíbe a las empresas de servicios públicos cobrar por la reconexión y reinstalación del servicio de agua, gas o electricidad.

 En tal sentido, se envió una comunicación al Presidente del Senado, Mauricio Lizcano, firmada por el Jefe del Estado y por los ministros de Minas y Energía, Germán Arce, y de Vivienda, Elsa Noguera De la Espriella, en la cual explica las objeciones por constitucionalidad e inconveniencia.

Al abstenerse de sancionar la norma, el Gobierno  subrayó que “la exoneración del pago por concepto de reconexión y de reinstalación vulnera el principio de solidaridad, pues constituye un factor de inequidad en el reparto de las cargas públicas, en detrimento de las personas que asumen oportunamente sus obligaciones, incluidas las de menos ingresos”.

 La comunicación señala que el proyecto de ley va contra el artículo 367 de la Constitución Nacional ya que "excluye del régimen tarifario de los servicios públicos los costos reales en los que incurren las empresas por tales conceptos".

 El Gobierno indica que “a diferencia de lo sostenido en el trámite legislativo, las empresas de servicios públicos domiciliarios sí incurren en costos cuando, en razón de la mora en el pago de las facturas por parte del usuario o suscriptor, deben realizar la reconexión o reinstalación del servicio como consecuencia del corte o la suspensión de éste”.

 Precisa que “las empresas de servicios públicos sí incurren en gastos operativos, técnicos y administrativos cuando se ven abocadas a efectuar la reconexión o la reinstalación del servicio como consecuencia del corte o suspensión del mismo por una razón imputable al usuario o suscriptor como lo es la mora en el pago”.

 Así mismo, el Gobierno advierte que “dado que se trata de un costo real, el valor de lo que cuesta la exoneración del pago de la reconexión o reinstalación del servicio establecida por la norma tendrá que ser asumido por una de las partes  que conforman el sistema”, ya sean los usuarios que pagan oportunamente, las empresas o el propio Estado.

Agrega que en el caso de los usuarios sean quienes asuman el costo, “necesariamente tendrán que aumentarse, de manera general, las tarifas del servicio”.

En cuanto a objeciones por inconveniencia, el Ejecutivo sostuvo que el presupuesto público no puede asumir el cargo por reconexión, pues es una carga para el fisco nacional.

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