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Más zonas del Meta son habilitadas para procesos de restitución de tierras

La Unidad de Restitución de Tierras, Dirección Territorial Meta, anunció que obtuvo, por parte de la Fuerza Pública, antes de finalizar el año, la viabilidad para iniciar labores en nuevas zonas de 19 municipios de Meta, Casanare, Guaviare y Vichada, en procura de continuar haciendo efectivo el proceso de restitución de tierras al oriente del país.  

La directora en Meta de la entidad, Diana Esmeralda Herrera, aseguró que cuenta con luz verde para intervenir las zonas y emprender procesos encaminados a la devolución de terrenos arrebatados a causa del conflicto armado. “Esta habilitación nos permitirá dar trámite a cerca de 3.000 solicitudes relacionadas con predios ubicados en estas zonas, y posibilita presentar las correspondientes demandas sobre las que los jueces podrán fallar a favor de quienes fueron víctimas de despojo o abandono forzado en esta parte del país”.   

La viabilidad, obtenida mediante recientes comités operativos de restitución locales (CORL), facilitará afianzar el proceso de restitución de tierras en poblaciones remotas en que hasta ahora el conflicto armado había impedido su avance. A su vez, la decisión representa un parte de seguridad para las poblaciones vinculadas, ya que garantiza la presencia de la Fuerza Pública y la institucionalidad en general en los territorios a intervenir.  

El anuncio dado beneficia a seis municipios completos de Casanare, uno de Vichada, así como a extensas áreas de municipios parcialmente habilitados en Meta y Guaviare. 

A través de una campaña de comunicación, en la que se difunde el mensaje transcrito a continuación, la Unidad de Restitución de Tierras busca informar a la población víctima del conflicto armado en las zonas habilitadas, para que se comunique con la entidad y sean presentadas las solicitudes de restitución a que haya lugar bajo la Ley 1448 de 2011. 

 

Para quienes perdieron tierras en Meta, Guaviare, Casanare o Vichada

A las víctimas de despojo o abandono forzado de tierras a causa del conflicto armado, que sufrieron hechos después del primero de enero de 1991, se informa que se iniciará el proceso de restitución de tierras en las siguientes zonas:

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

VEREDAS

META

San Juan de Arama

Bajo Curia, Bocas de Río Nuevo Parte 1 y 2, Bocas Zamza, Brasilia, Cerritos, Corrales, El Bosque, Jardines de Zamza, Los Alpes, Miravalles Parte 1 y 2, Monserrate Alto y Bajo, Nuevo Progreso, Pecos, Peñas Blancas, Puerto Cachama, Reserva Natural, Río Nuevo, Santo Domingo y Sardinata.

Mesetas

Las Rosas, Las Brisas, Mesetas, Payandesal y Los Andes.

El Castillo

Brisas de Yamanes, Caño Claro, Caño Dulce, Cumaral Bajo, La Macarena, Luis Yamanes y Miravalles

Puerto Lleras

Alto Cunimia, Argentina, Brisas del Guejar, Campo Alegre, Canadá, Caño Rayado, Caribe, Charco 13, Chinata, Diamante, Esmeralda II, Esperanza, Fundadores, Islandia, José María, La Tigrera, La Unión, Tierra Grata y Villa la Paz.

Puerto Rico

Caño la Torre, Candilejas.

Lejanías

Agua Bonita, Bellavista, Miravalles, La Floresta, La Cabaña, El Diamante, Naranjal, La Cristalina Baja, Lucitania, y Alto Yucape.

Puerto Concordia

Aguas Claras, Cruce el Pororio, Guarupayas, Lindenal, Palomas, Puerto Cacao, Puerto Pororio y Santa Lucía. 

Mapiripán

Agua Bonita, Alto Yucape, Bellavista, Caño Rojo, El Diamante, La Cabaña, La Cristalina Baja, La Floresta, Lucitania, Miravalles del Guejar y Naranjal.

GUAVIARE

San José del Guaviare

Buenos aires, Campo alegre, Caño Blanco II, Caño Cumare, Caño Danta, Caño Guarnizo, Caño Maku, Caño Negro, Charras, Charrasquera, Damas de Nare, El Boquerón, El Edén, El Horizonte, El Limón, El Morro, Florida II, Gaviotas, Guacamayas, Guanapalo, La Oriental, La Siberia, Las Acacias, Las Dunas, Los Gualandayes, Naranjales, Nare, Nueva Colombia, Nueva Granada, Puerto Mentiras, Puerto Ospina, Barranco Ceiba, Barranco Colorado, Cachiveras Nare, Caño Negro, Sabanas de la Fuga, San Cristobal, San Francisco, San Luis, San Luis de los Aires, Santa Cecilia, Simón Bolívar y Unión de Buenos Aires.

Miraflores

Caño Magiña, La Esperanza, La Guarapa, La Milagrosa, Miraflores y Piñalito.

CASANARE

Aguazul

Aguazul, Zona Norte.

Recetor

Todo el municipio.

Chameza

Todo el municipio.

Nuchia

Todo el municipio.

San Luis de Palenque

Todo el municipio.

Paz de Ariporo

Todo el municipio.

Tamara

Todo el municipio.

Hato Corozal

Aricoporo, Berlín, Camelias, Casa Roja, Chire, El Banco de Buenos Aires, El Oso, El Porvenir, Guayureme, La Argentina, La Chapa, La Florida, La Maraure, La Nueva Libertad, La Veremos, Las Enramadas, Las Mercedes, Las Palmas, Llano Grande, Los Sitios, Manare, Matapalito, Resguardo Indígena Chaparral, Rosa Blanca, San José del Ariporo, San Luis del Aricaporo, San Rafael, Santa María de Chire, Santa Rita y Santa Teresa.   

VICHADA

Cumabiro

Todo el municipio.

 

 

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Víctima LGBTI recibió restitución de predio en Lejanías

Amparando el derecho a la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la identidad sexual y de género, se dio cumplimiento en favor de una víctima con identidad transgénero, compensada económicamente por un predio despojado .

Luego de que un fallo inédito ordenara la compensación por un predio del municipio Lejanías, en Meta, en favor de una víctima del conflicto con identidad transgénero, la Unidad de Restitución de Tierras informó que dio cumplimiento a esta sentencia mediante el pago monetario equivalente al inmueble y la atención a las demás disposiciones emitidas por la justicia en el veredicto inicial. 

Adicional al pago realizado, entre las acciones coordinadas por la Unidad de Restitución de Tierras en cumplimiento del especial fallo, estuvo la gestión ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para que finalmente fuera cambiado de femenino a masculino el tipo de género que figuraba en el documento de identidad de la persona restituida. Esto último se efectuó teniendo en cuenta el reconocimiento hecho durante el proceso del derecho al libre desarrollo de la personalidad, del cual a su vez se desprende el derecho a la identidad personal.

Los beneficios ordenados para esta víctima del conflicto, cuya orientación sexual no fue impedimento para el accionar de la justicia en el marco de la Ley 1448, se extendieron hasta su núcleo familiar, el cual fue vinculado a programas de formación y capacitación gratuitos ofertados por el SENA, así como a líneas de apoyo estatal para la superación de la pobreza.

Este caso sienta un precedente dentro del proceso de restitución de tierras, por cuanto, como reza el fallo proferido.

“Dentro del denominado sector LGBTI es justamente la población transgénero la que afronta mayores obstáculos para el reconocimiento de su identidad y el goce efectivo de sus derechos, y constituyen las víctimas más vulnerables y sistemáticas de la comunidad LGBTI, razón por la cual el máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional ha señalado que se trata de una población en condiciones de debilidad manifiesta y en esa medida gozan de especial protección constitucional”.

De igual forma, cabe señalar que la sentencia proferida reconoció también en el actual ocupante del predio el principio de enfoque diferencial, a raíz de que es una persona de la tercera edad e igualmente víctima del conflicto en estado de vulnerabilidad, por lo cual se decretó que, a través de la alcaldía del municipio, le sea titulado el inmueble y se garanticen sus derechos y los de su familia.  

 

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Ni la violencia le pudo arrebatar La Esperanza

El 17 de noviembre del 2016 fue un día único en la vida de Martha Rodríguez*: ese día, tras más de 23 años de haber huido por la violencia, la justicia reconoció que ella, y solo ella, es la dueña de La Esperanza – Playa Rica, un predio de seis hectáreas ubicado en la vereda San Miguel, en Puerto Gaitán. A partir de ese momento, Martha recuperó lo que había sido suyo hasta el 11 de febrero de 1993, cuando un grupo de alrededor de 20 hombres armados entraron a su casa, a las ocho de la noche, a advertirle que tenía menos de 24 horas para dejarles el terreno en el que ella vivía y trabajaba con su hijo de 13 años. 

La vida no ha sido fácil para Martha ni para su hijo desde entonces: después de las amenazas, tomaron un bus al lugar más lejano que pudieron encontrar con los pocos recursos económicos que tenían, y llegaron a Cali. Allí, se asentaron en una vivienda cercana a la ribera del río Cauca y trabajaron, durante un buen tiempo, reciclando materiales aprovechables. Con los años, doña Martha empezó a sufrir de dolores en las manos, y a sus 63 años anhelaba regresar a la finca que ella misma había comprado en 1988 por 350 mil pesos.

Pero el proceso de restitución tuvo dificultades. La primera de ellas fue que la promesa de compraventa con la que se pactó el negocio en 1988 no fue elevada nunca a escritura pública, y, por lo tanto, doña Martha no tenía escrituras del predio. Ella recuerda que después buscó al señor que le había vendido el terreno y no lo pudo encontrar.

Ese mismo hombre vendió de nuevo el terreno en 1994, aprovechando que las escrituras seguían a su nombre y que el terreno estaba vacío, pues doña Martha y su hijo ya no estaban. El nuevo propietario vendió a su vez el predio al año siguiente, en 1995, y solo hasta el 2008 el terreno volvió a cambiar de dueño, que era el mismo que poseía el predio al momento en que doña Martha se acercó a la Unidad de Restitución de Tierras y realizó la solicitud de restitución. A este último dueño la justicia le reconoció la buena fe exenta de culpa, es decir, que no sabía que el predio pertenecía a otra persona ni se aprovechó de la violencia para conseguirlo, y ordenó que se le compense de acuerdo a lo previsto en el artículo 98 de la Ley de Víctimas.

Vulnerabilidad

En la sentencia que le devolvió la finca a doña Martha, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá hizo énfasis “en la extraordinaria situación de vulnerabilidad en que se veía la acá reclamante para la fecha de los hechos en su calidad de mujer, madre cabeza de familia, bajo responsabilidad de un menor de edad”. Esto, de acuerdo con la Sala, activó el principio de enfoque diferencial contemplado en el artículo 13 de la Ley de Víctimas.

Visto desde el mismo enfoque, la sentencia tiene en cuenta que doña Martha y su hijo de 13 años pasaron de tener veinte cabezas de ganado, gallinas, cerdos y cultivos de yuca, plátano, maíz y frutales a no tener nada, salvo, quizás, la ropa que llevaban y el equipaje que alcanzaron a llevar con ellos tras las amenazas que les hizo el grupo de hombres armados que entró de noche a su casa, el 11 de febrero de 1993.

Por eso, y pese a que no tenía escrituras, como doña Martha había realizado las tareas que son propias de cualquier poseedor de un predio, entre ellas las tareas productivas y el pago de impuestos, la Sala reconoce su calidad de poseedora de la finca en Puerto Gaitán y deja claro que fue víctima de desplazamiento y abandono forzado.

Asimismo, con base en informes del Observatorio del programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia y en un informe diagnóstico de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la sentencia de restitución describe que la década del 90 fue crítica en términos de violencia para Puerto Gaitán y la región de la Altillanura, pues las Farc y las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada se enfrentaron por el control de un territorio que era clave para las rutas de narcotráfico. En este contexto, hubo asesinatos, extorsiones y, como en el caso de doña Martha, amenazas y desplazamiento.

Regreso

El 10 de febrero, doña Martha y su hijo regresaron a su finca,  en compañía de funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras, que fue la entidad que los representó judicialmente en el proceso de restitución. Ese día, en la vereda San Miguel, de Puerto Gaitán, la misma de donde tuvieron que huir por amenazas, madre e hijo recuperaron lo que el conflicto y los grupos armados ilegales les habían arrebatado ilegítimamente.

Junto con la restitución del predio, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá ordenó acompañamiento del Estado, incluidas instituciones nacionales, departamentales y municipales. Así, la familia de doña Martha debe recibir las escrituras de la finca La Esperanza, bir apoyo en proyectos productivos, programas educativos, alivio de pasivos,  entre otras compensaciones. Las entidades responsables deben, además, rendir cuentas a la Sala periódicamente acerca del avance en la restitución de los derechos de doña Martha y de su hijo, que, finalmente, después de irse a una ciudad lejana a trabajar de recicladores, han regresado a La Esperanza.

*Nombre ficticio. 

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Corte Constitucional reconoce a los segundo ocupantes

Triunfocontundente para los campesinos vulnerables que ocupan tierras solicitadas en Restitución. La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) en octubre de 2015 instauró una demanda ante la Corte Constitucional a fin de que los segundos ocupantes sean reconocidos y beneficiados con programas sociales de atención y así garantizar la estabilidad del proceso de restitución de tierras.

La Honorable Corte dio a conocer la siguiente noticia: “Declarar EXEQUIBLE la expresión “exenta de culpa” contenida en los artículos 88, 91, 98 y 105 de la Ley 1448 de 2011, en el entendido de que es un estándar que debe ser interpretado por los jueces de forma diferencial, frente a los segundos ocupantes, que demuestren condiciones de vulnerabilidad, y no hayan tenido relación directa o indirecta con el despojo, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de esta providencia.”

Con esta decisión se logra flexibilidad en el reconocimiento y atención a la población de segundos ocupantes. Con este fallo, la restitución de tierras se fortalece como una política incluyente que brinda todas las garantías a quienes se encuentran en los predios. Aunado a ello, envía un mensaje contundente a los detractores de la Ley: “Es una Ley pensada en generar progreso en el campo, no es necesaria la reforma de la misma puesto que los Jueces y la Unidad de Restitución cuentan con los mecanismos para brindar atención a las personas que se encuentren en condición de segundos ocupantes” aseguró el presidente nacional de la ANUC, Luis Alejandro Jiménez Castellanos.

Además, el presidente de la ANUC manifestó su satisfacción con respecto al fallo e invitó a todos los Jueces de Restitución de Tierras a seguir los lineamientos expresados por la Corte. Además, entrega un parte de tranquilidad para los campesinos que ocupan tierras solicitadas en restitución y que cumplen con las condiciones expresadas en el fallo.

 

Este pronunciamiento de la Corte permitirá al Estado atender en mejor forma a los segundos ocupantes, dado que establece parámetros claros para su reconocimiento en los procesos de restitución de tierras. Para tal efecto, se deberá estudiar, según la Corte: la vulnerabilidad económica, si también fue víctima del conflicto o si obró en estado de necesidad.

 

La demanda presentada por la ANUC surgió de los inconvenientes que trajo para los campesinos segundos ocupantes, la interpretación y aplicación por parte de los jueces de la expresión “exenta de culpa”  citada en los artículos 88, 91, 98, 99 y 105 de la ley 1448 de 2011, la cual impedía  el  reconocimiento y protección del derecho de los campesinos que actualmente ocupan predios solicitados en restitución, pero que ellos los adquirieron legalmente y los están cultivando y que nunca tuvieron que ver con los despojos a otros compañeros.

 

Para la ANUC este fallo de la honorable corte constitucional, contribuye a la reconstrucción de confianza del campesino sobre la justicia y las demás instituciones del estado y nos anima dentro de los procedimientos  del estado social de derecho  a continuar sin pausa,  nuestra lucha por la tierra y la protección a los derechos de los campesinos, con la esperanza de tener por fin un país en paz producto del desarme de los espíritus y la reconciliación de todos los colombianos.

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