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Más zonas del Meta son habilitadas para procesos de restitución de tierras

La Unidad de Restitución de Tierras, Dirección Territorial Meta, anunció que obtuvo, por parte de la Fuerza Pública, antes de finalizar el año, la viabilidad para iniciar labores en nuevas zonas de 19 municipios de Meta, Casanare, Guaviare y Vichada, en procura de continuar haciendo efectivo el proceso de restitución de tierras al oriente del país.  

La directora en Meta de la entidad, Diana Esmeralda Herrera, aseguró que cuenta con luz verde para intervenir las zonas y emprender procesos encaminados a la devolución de terrenos arrebatados a causa del conflicto armado. “Esta habilitación nos permitirá dar trámite a cerca de 3.000 solicitudes relacionadas con predios ubicados en estas zonas, y posibilita presentar las correspondientes demandas sobre las que los jueces podrán fallar a favor de quienes fueron víctimas de despojo o abandono forzado en esta parte del país”.   

La viabilidad, obtenida mediante recientes comités operativos de restitución locales (CORL), facilitará afianzar el proceso de restitución de tierras en poblaciones remotas en que hasta ahora el conflicto armado había impedido su avance. A su vez, la decisión representa un parte de seguridad para las poblaciones vinculadas, ya que garantiza la presencia de la Fuerza Pública y la institucionalidad en general en los territorios a intervenir.  

El anuncio dado beneficia a seis municipios completos de Casanare, uno de Vichada, así como a extensas áreas de municipios parcialmente habilitados en Meta y Guaviare. 

A través de una campaña de comunicación, en la que se difunde el mensaje transcrito a continuación, la Unidad de Restitución de Tierras busca informar a la población víctima del conflicto armado en las zonas habilitadas, para que se comunique con la entidad y sean presentadas las solicitudes de restitución a que haya lugar bajo la Ley 1448 de 2011. 

 

Para quienes perdieron tierras en Meta, Guaviare, Casanare o Vichada

A las víctimas de despojo o abandono forzado de tierras a causa del conflicto armado, que sufrieron hechos después del primero de enero de 1991, se informa que se iniciará el proceso de restitución de tierras en las siguientes zonas:

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

VEREDAS

META

San Juan de Arama

Bajo Curia, Bocas de Río Nuevo Parte 1 y 2, Bocas Zamza, Brasilia, Cerritos, Corrales, El Bosque, Jardines de Zamza, Los Alpes, Miravalles Parte 1 y 2, Monserrate Alto y Bajo, Nuevo Progreso, Pecos, Peñas Blancas, Puerto Cachama, Reserva Natural, Río Nuevo, Santo Domingo y Sardinata.

Mesetas

Las Rosas, Las Brisas, Mesetas, Payandesal y Los Andes.

El Castillo

Brisas de Yamanes, Caño Claro, Caño Dulce, Cumaral Bajo, La Macarena, Luis Yamanes y Miravalles

Puerto Lleras

Alto Cunimia, Argentina, Brisas del Guejar, Campo Alegre, Canadá, Caño Rayado, Caribe, Charco 13, Chinata, Diamante, Esmeralda II, Esperanza, Fundadores, Islandia, José María, La Tigrera, La Unión, Tierra Grata y Villa la Paz.

Puerto Rico

Caño la Torre, Candilejas.

Lejanías

Agua Bonita, Bellavista, Miravalles, La Floresta, La Cabaña, El Diamante, Naranjal, La Cristalina Baja, Lucitania, y Alto Yucape.

Puerto Concordia

Aguas Claras, Cruce el Pororio, Guarupayas, Lindenal, Palomas, Puerto Cacao, Puerto Pororio y Santa Lucía. 

Mapiripán

Agua Bonita, Alto Yucape, Bellavista, Caño Rojo, El Diamante, La Cabaña, La Cristalina Baja, La Floresta, Lucitania, Miravalles del Guejar y Naranjal.

GUAVIARE

San José del Guaviare

Buenos aires, Campo alegre, Caño Blanco II, Caño Cumare, Caño Danta, Caño Guarnizo, Caño Maku, Caño Negro, Charras, Charrasquera, Damas de Nare, El Boquerón, El Edén, El Horizonte, El Limón, El Morro, Florida II, Gaviotas, Guacamayas, Guanapalo, La Oriental, La Siberia, Las Acacias, Las Dunas, Los Gualandayes, Naranjales, Nare, Nueva Colombia, Nueva Granada, Puerto Mentiras, Puerto Ospina, Barranco Ceiba, Barranco Colorado, Cachiveras Nare, Caño Negro, Sabanas de la Fuga, San Cristobal, San Francisco, San Luis, San Luis de los Aires, Santa Cecilia, Simón Bolívar y Unión de Buenos Aires.

Miraflores

Caño Magiña, La Esperanza, La Guarapa, La Milagrosa, Miraflores y Piñalito.

CASANARE

Aguazul

Aguazul, Zona Norte.

Recetor

Todo el municipio.

Chameza

Todo el municipio.

Nuchia

Todo el municipio.

San Luis de Palenque

Todo el municipio.

Paz de Ariporo

Todo el municipio.

Tamara

Todo el municipio.

Hato Corozal

Aricoporo, Berlín, Camelias, Casa Roja, Chire, El Banco de Buenos Aires, El Oso, El Porvenir, Guayureme, La Argentina, La Chapa, La Florida, La Maraure, La Nueva Libertad, La Veremos, Las Enramadas, Las Mercedes, Las Palmas, Llano Grande, Los Sitios, Manare, Matapalito, Resguardo Indígena Chaparral, Rosa Blanca, San José del Ariporo, San Luis del Aricaporo, San Rafael, Santa María de Chire, Santa Rita y Santa Teresa.   

VICHADA

Cumabiro

Todo el municipio.

 

 

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Víctima LGBTI recibió restitución de predio en Lejanías

Amparando el derecho a la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la identidad sexual y de género, se dio cumplimiento en favor de una víctima con identidad transgénero, compensada económicamente por un predio despojado .

Luego de que un fallo inédito ordenara la compensación por un predio del municipio Lejanías, en Meta, en favor de una víctima del conflicto con identidad transgénero, la Unidad de Restitución de Tierras informó que dio cumplimiento a esta sentencia mediante el pago monetario equivalente al inmueble y la atención a las demás disposiciones emitidas por la justicia en el veredicto inicial. 

Adicional al pago realizado, entre las acciones coordinadas por la Unidad de Restitución de Tierras en cumplimiento del especial fallo, estuvo la gestión ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para que finalmente fuera cambiado de femenino a masculino el tipo de género que figuraba en el documento de identidad de la persona restituida. Esto último se efectuó teniendo en cuenta el reconocimiento hecho durante el proceso del derecho al libre desarrollo de la personalidad, del cual a su vez se desprende el derecho a la identidad personal.

Los beneficios ordenados para esta víctima del conflicto, cuya orientación sexual no fue impedimento para el accionar de la justicia en el marco de la Ley 1448, se extendieron hasta su núcleo familiar, el cual fue vinculado a programas de formación y capacitación gratuitos ofertados por el SENA, así como a líneas de apoyo estatal para la superación de la pobreza.

Este caso sienta un precedente dentro del proceso de restitución de tierras, por cuanto, como reza el fallo proferido.

“Dentro del denominado sector LGBTI es justamente la población transgénero la que afronta mayores obstáculos para el reconocimiento de su identidad y el goce efectivo de sus derechos, y constituyen las víctimas más vulnerables y sistemáticas de la comunidad LGBTI, razón por la cual el máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional ha señalado que se trata de una población en condiciones de debilidad manifiesta y en esa medida gozan de especial protección constitucional”.

De igual forma, cabe señalar que la sentencia proferida reconoció también en el actual ocupante del predio el principio de enfoque diferencial, a raíz de que es una persona de la tercera edad e igualmente víctima del conflicto en estado de vulnerabilidad, por lo cual se decretó que, a través de la alcaldía del municipio, le sea titulado el inmueble y se garanticen sus derechos y los de su familia.  

 

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Capturados por extorsión, desplazamiento y despojo de tierras en el Meta

Luego de seis meses de trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, fueron capturados cinco presuntos integrantes de una red delincuencial que se dedicaba a extorsionar campesinos de Villavicencio y San Carlos de Guaroa (Meta).

Las investigaciones permitieron vincular a cinco hombres y una mujer, a nueve casos en los que aparentemente intimidaron a los pobladores haciéndose pasar como jefes de una estructura de crimen organizado, los obligaron a pagar entre uno y tres millones de pesos para no atentar contra sus vidas ni afectar o arrebatarles los predios.

La Fiscalía 8ª Especializada ante el Gaula imputó a los capturados los delitos de extorsión agravada consumada, extorsión agravada tentada, desplazamiento forzado agravado y concierto para delinquir agravado con fines extorsivos; cargos que no fueron aceptados por los procesados.

En audiencia pública se conoció que, por las violentas presiones que ejercía este grupo delincuencial, una familia campesina abandonó su propiedad para salvaguardar la vida de una mujer que se encontraba en estado de embarazo.

Respecto a la solicitud de medida de aseguramiento elevada por la Fiscalía, el juez determinó enviar a la cárcel a tres de los capturados. Un hombre mayor de 65 años fue amparado por la ley de adulto mayor y la mujer permanecerá en prisión domiciliaria por ser madre de dos hijos menores de edad y conyugue de uno de los asegurados.

Los capturados, conocidos en el mundo delincuencial como ‘J.J’, ‘Niche’, ‘Omar’, ‘Arley’ y ‘La Mona’, podrían recibir una pena entre 16 y 24 años de prisión, de ser encontrados responsables.

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Víctima en el extranjero recuperó predio en el Meta

Ni la distancia o el miedo vencieron el tesón puesto por una mujer residente en Estados Unidos para lograr recuperar su predio de la que lo despojó en Santa Helena, una vereda del Meta, un comprobado narcoparamilitar que llegó a estar incluido en la Lista Clinton.

 A miles de kilómetros, desde el exilio en Estados Unidos a que la llevó la intimidación verbal y armada por el despojo de un predio de su propiedad, hoy Cristina Urrego*, una víctima más del conflicto armado que durante años golpeó el departamento del Meta, celebra la decisión que la reconoce como dueña de la tierra y le otorga el derecho a recuperarla a partir de este momento.  

 El calvario para esta mujer al que la justicia impartida a través de la Ley 1448 acaba de poner freno, comenzó en el año 2009, cuando, tras enviudar y encontrar difícil seguir por su cuenta la producción agrícola y ganadera del terreno de 327 hectáreas, lo arrendó a un hombre de manera verbal durante un año. Transcurrido el tiempo pactado, Cristina regresó al lugar, encontrando para su sorpresa que las casas de habitación, los corrales y la pesebrera habían sido destruidos como consecuencia de que allí se halló un pozo petrolero para cuya explotación Ecopetrol adelantaba trabajos en medio de negociaciones con el supuesto dueño, simple arrendatario.

 Conocida la real propiedad del terreno, la empresa de hidrocarburos se abstuvo del negocio. Fue entonces que el hombre formuló sin éxito ofertas de compra a Cristina por la tierra, pero ella desde un principio se mostró renuente de llevar a cabo el negocio. Entre los reparos que la mujer tuvo para rechazar las propuestas del oferante, estuvo descubrir posteriormente, a través de medios de comunicación, que aquél integraba nada menos que la llamada Lista Clinton y era, por si fuera poco, testaferro de los narcoparamilitares alias ‘Loco Barrera’ y Cuchillo, cabecillas del Ejército Revolucionario Antisubversivo Popular de Colombia (Erpac), temida banda criminal de por entonces amplia presencia en los Llanos Orientales. De inmediato comenzaron para ella y su familia una serie de amenazas en que la conminaban a desistir de la propiedad.

 A tal punto llegaron las artimañas usadas por el victimario y sus hombres para que Cristina abandonara el predio, que hacia el año 2012, residiendo ya en el extranjero para intentar garantizar su seguridad, se instauró de manera sorpresiva contra ella una querella policiva por perturbación a la posesión, de la cual, ante su incredulidad, resultó finalmente despojada, pasando desde entonces el terreno a manos de quien la asediaba valiéndose además de autoridades fraudulentas de la región en ese periodo.

 Aferrada a la confianza entregada al proceso de restitución de tierras que hoy comprueba la razón de su reclamo, esta valerosa mujer, madre de dos hijas, supo desenmascarar uno a uno los engaños tramados por el hombre y sus nexos con reconocidas organizaciones armadas de la época en la zona en que se ubica el predio. 

 Así, por ejemplo, pese a las afirmaciones del opositor, quien mediante su defensa manifestaba haber pagado a la solicitante por el predio una millonaria suma más un apartamento, esta persona no pudo demostrar estos hechos. Por el contrario, el proceso dejó a la luz que dicho inmueble fue adquirido por él sin documentación y de manos de Diego Rodolfo y Jacinto Baez Baez, hermanos sujetos de extradición a los Estados Unidos por comprobarse su participación en actividades de narcotráfico.

 Más aún, el contunde fallo proferido señala que “no puede menos que conducir a confirmar el hecho de que el opositor de este proceso: de un lado, tenía la capacidad para intimidar y amenazar a la solicitante aduciendo que estaba relacionado con "personas peligrosas"; y de otro, para hacerle dudar sobre las circunstancias y condiciones de la pretendida compra de sus predios, en tanto se ofreció pagarlos con un inmueble respecto del cual no es claro su origen o procedencia”.

“Esta sentencia constituye un logro más para la Unidad de Restitución de Tierras en nombre de todas las víctimas, pues en este caso logramos  hacer justicia con una familia que no sólo fue vulnerada en sus derechos, sino que, además, se vio obligada al exilio por la persecución de toda una organización criminal que buscaba a través de un proceso de despojo adquirir de manera indebida un bien y beneficiarse así de todo un patrimonio. Pone además en evidencia de toda la población que la Unidad cuenta con la capacidad para enfrentarse a opositores de diversa índole. Estamos preparados para perseguir y desarticular las estructuras financieras de estos grupos delincuenciales”, declaró Diana Esmeralda Herrera, directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en el Meta.      

 

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