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Pareja de adultos mayores, desplazada por los paramilitares, recupera sus tierras en el Meta

Tras comprobarse la violencia y las intimidaciones de las que fueron víctimas una  Pareja de adultos mayores durante los años 90, por parte de grupos paramilitares,  fue  ordenada la devolución de un predio en la vereda Remolino, en el municipio de Puerto López.

Veinte años después de haber pisado por última vez su parcela, El Progreso, Elkin y Astrid, un matrimonio de dos campesinos adultos mayores, oriundos del Meta, fueron reconocidos por la justicia como los legítimos propietarios del terreno de 20 hectáreas, que abandonaron a causa del conflicto y el cual les será devuelto de inmediato. Los beneficiarios se animaron a presentar la solicitud de restitución ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), entidad que hizo posible que hoy vean sus anhelos hechos realidad.

 Las extorsiones y amenazas, así como la continua presencia de grupos paramilitares y, en general, el clima de violencia desatado desde mediados de los años 90 en Puerto López, particularmente en la vereda Remolino, zona en que se ubica el predio en cuestión, fueron los principales elementos tenidos en cuenta por la justicia para que se reconociera el derecho a la restitución de esta pareja, cuyas edades hoy alcanzan los 70 años.

 El reconocimiento expreso como víctimas y beneficiarios de restitución para el par de adultos mayores, proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, señala que Elkin “fue víctima de reiteradas extorsiones por parte de los grupos armados ilegales, para poder ejercer la explotación del predio El Progreso. Ante su negativa al pago de las extorsiones exigidas, militantes de grupos paramilitares le amenazaron, prohibiéndole su retorno a la finca, viéndose obligado a desatender el inmueble”.

 Así pues, el proceso surtido para la restitución tuvo en cuenta el impedimento generado por la violencia para el debido uso y la explotación del predio por parte de los propietarios, quienes entonces encontraron inviable el pago de las vacunas exigidas por los grupos. Además, numerosos hechos de violencia afectaron la propiedad, entre ellos el abandono del cuerpo de una persona asesinada en el predio. Estos hechos llevaron a la pareja a decidir abandonar sus tierras por el riesgo que corrían sus vidas.

 “Lo que sucede es que dejé de ir a la finquita por los problemas. Por ejemplo, cuando iba a la vía, se presentaban retenes de gente armada que le decía a uno que necesitaban una colaboración. Luego preguntaban qué tiene, qué hace y de acuerdo a eso le fijaban una cuota mensual y así le iban quitando plata. Uno aguanta dos o tres veces, pero cuando llega el momento más crítico, con amenazas; o lleva la plata o se expone a que le pase algo. A mí me llamaban a la casa para pedirme la cuota. Y uno oía que mataron a fulano o secuestraron a sultano”, declaró Elkin en una de las indagatorias del proceso.   

Precisamente el abandono forzado de tierra está contemplado en la Ley 1448 de 2011 como la “situación temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la administración, explotación y contacto directo con los predios que debió desatender en su desplazamiento”.

Asimismo, la presente sentencia respondió al principio de enfoque diferencial, ya que la edad de los solicitantes fue un condicionante para determinarlos como sujetos de especial protección. Esto conlleva a que la atención ordenada en el fallo que los beneficia vaya en sentido a su grado de vulnerabilidad y disponga para ellos una reparación integral acorde a sus necesidades. Con este fallo, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras, llega a 150 sentencias proferidas por la justicia en esta parte del país, devolviendo a manos de sus legítimos dueños 50.000 hectáreas de tierra, en beneficio de cerca de 800 víctimas.

 

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Muchas veces desplazada, pero nunca derrotada

Blanca Yoli Real González, una llanera de temple, trabajadora, alegre, soñadora y segura de sí misma ha demostrado que la perseverancia es su mejor aliada para cumplir sus metas y apoyar a los sobrevivientes del conflicto armado.

 

En 1998, Blanca tenía una vida normal de ama de casa al lado de su esposo y de sus cuatro hijos, en el caserío de Puerto Alvira, en Meta. Su familia vivía de las labores del campo y ella, en su tiempo libre, apoyaba a su comunidad.

El mundo cambió para esta mujer el 4 de mayo de 1998. Entonces, 200 paramilitares incursionaron en Puerto Alvira y asesinaron a 35 personas. Dijeron que por orden de Carlos y Vicente Castaño, líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Las Auc y el Frente 44 de las Farc se disputaban en ese entonces el dominio de las tierras. En Puerto Alvira vivían 2.500 personas, que resultaron desplazadas. Solo decidieron regresar cuando llegó la Defensoría del Pueblo.

Con el ánimo de superar la adversidad y el dolor, la comunidad trabajó arduamente para arreglar sus viviendas, continuar con sus vidas y tratar de olvidar la masacre.

Por cuatro años, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Pero el 26 de abril de 2002, cuando Blanca Yoli trabajaba como presidenta de la Asociación de Padres de Familia en la institución educativa Divino Niño Jesús, guerrilleros de las FARC incursionaron en el casco urbano. Y volvió la presión armada sobre la comunidad.

Los rebeldes exigieron a la comunidad abandonar el lugar y les dieron un plazo de cinco minutos para hacerlo. De nuevo marcharon masivamente río abajo. Quien no obedeciera, sería declarado como objetivo militar.

Llegaron días muy difíciles. Blanca, y su familia, tuvieron que buscar apoyo y vivienda en diferentes municipios del Meta, hasta llegar a Mocuare, población donde encontraron a gran parte de la comunidad de Puerto Alvira.

En Mocuare, Blanca y su familia se ubicaron en una casa por cuatro meses, pero por enfrentamientos entre las tropas del Ejército y las FARC, tuvieron que salir también de allí.

Entonces, el destino les deparó el Guainía, donde vivieron por pocos días en las poblaciones de Güerima y Caño Negro. Finalmente, se quedaron en el municipio de Inírida.

Sin dejarse derrumbar por lo padecido, allí iniciaron una nueva vida. Blanca organizó la Fundación de Desplazados Nueva Esperanza de Paz (Asodepaz) e hizo parte de la Mesa de Fortalecimiento Nacional de Población Desplazada.

Entonces, empezó a buscar proyectos de generación de ingresos para la población desplazada hasta que recibió amenazas y tuvo que irse, una vez más, de su lugar de residencia. Su nuevo destino fue el municipio de Puerto Carreño, capital del departamento de Vichada.

Para Blanca no fue fácil volver a empezar, pero el amor por su familia la llenó de fortaleza y de ganas de vivir. En Puerto Carreño organizó una fundación de mujeres víctimas del conflicto armado, en la que conoció otras historias de vida, y luchó por un mejor futuro para sus hijos.

Actualmente, esta mujer emprendedora y su familia residen en Puerto Carreño, en donde trabaja por las personas afectadas por el conflicto armado, y es la representante del enfoque de mujer a nivel nacional de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas.

Para Blanca Yoli no ha sido fácil olvidar su pasado, aunque cree en la paz y confía en que el haber perdonado le sirvió para dejar atrás la angustia que vivía a causa de la violencia.

Hoy vive tranquila y asegura que al perdonar ha podido obtener una mejor calidad de vida. “Con la ayuda de mi familia y el trabajo social que realizo día a día mitigo el dolor que padecí y lucho para tener más estabilidad económica buscando brindar un mejor futuro a mi familia”, reflexionó.

 

 

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Jornada para definir situación militar de víctimas de desplazamiento

Desde hoy (jueves) y hasta el próximo 21 de abril, la Secretaría de Gestión Social y Participación Ciudadana Municipal adelantará la jornada de ‘Definición de Situación Militar para Víctimas de Desplazamiento’ residentes en Villavicencio.

 

Con esta actividad se busca que 150 hombres víctimas del conflicto armado, en este caso de desplazamiento, puedan acceder de manera gratuita por primera vez a su libreta militar, previo cumplimiento de los requisitos legales.

 

Durante los más de 20 días de la jornada, la inscripción y recepción de documentos se realizará en la Dirección de Víctimas de la Secretaría, ubicada en la calle 40 Nº 33 - 64 en el centro de Villavicencio, a donde deberán llevar una carpeta tipo cuatro aletas que contenga:

 

* Fotocopia de la cédula al 150% (en físico y digital).

* Fotocopia del registro civil de nacimiento (en físico y digital).

* Dos fotos fondo azul en traje formal (una foto en medio digital).

* Cédula de los padres, si el beneficiario es menor de 25 años (en físico y digital).

* Diploma de bachiller (si cuenta con este documento)

 

La directora de Víctimas del municipio, Andrea Ballén, resaltó que la convocatoria no aplica para obtener el duplicado de la libreta militar y que los que aspiren a obtener por primera vez este documento, deben haber terminado su bachillerato en una institución educativa del departamento del Meta, que sus nombres y apellidos deben ser los registrados en la cédula y, finalmente, que la aprobación o negación del documento queda a criterio del Distrito Militar.

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