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Villavivienda denunció ante la Fiscalía amenazas de invasores en San Antonio

Una delicada situación que incluye amenazas contra funcionarios de Villavivienda y habitantes de la urbanización San Antonio por parte de invasores de viviendas, puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación el gerente de la entidad municipal, Felipe Suescún Torres.

La situación se originó en la ocupación ilegal y de hecho que han cometido personas inescrupulosas, quienes vienen intimidando a los propietarios que aún no han ocupado las viviendas que les fueron adjudicadas en dicha urbanización por parte del Gobierno municipal, para que no reclamen ni instauren las denuncias respectivas ante las autoridades.  

“El tema está en manos de la Fiscalía Seccional y de la Policía, a las que hemos entregado pruebas (fotos y videos) de cómo esos invasores aparte de intimidar a los habitantes del sector también han atacado y amenazado de manera permanente a los funcionarios de Villavivienda”, afirmó Suescún Torres.

Ante tal panorama, agregó que tras una reunión en la que participaron la Policía, el Ejército, la comunidad y varias dependencias de la administración municipal (fotos), se decidió conformar el Frente de Seguridad en San Antonio, poner en funcionamiento una alarma comunitaria y la intervención de la Fuerza Pública con patrullajes permanentes para salvaguardar la integridad y la tranquilidad de los habitantes de este sector de la Comuna Cinco de Villavicencio.

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No se deje engañar: estafa masiva con falsas ofertas de empleo por Internet

"Soy un joven recién graduado de la universidad que busca trabajo desesperadamente. Hay personas inescrupulosas que solo viven de robar, de aprovecharse de la necesidad y desesperación de personas como nosotros (los jóvenes) que sueñan con la ilusión de encontrar un buen empleo en una empresa y (terminamos) aplicando a vacantes falsas en las que envían un correo afirmando la vinculación y contratación, pero, se debe asumir un porcentaje de los exámenes (médicos), en mi caso 77.000 pesos".

Así inicia una publicación en Facebook, en la que una persona víctima de ciber robo cuenta cómo creyó que iba a aumentar su experiencia laboral y terminó perdiendo dinero.

Como él, más de 2.500 colombianos desempleados fueron estafados entre 2012 y 2017 con ofertas falsas de trabajo publicadas en Internet, según la Fiscalía General de la Nación.

En el departamento, durante el año, la Dirección Seccional Meta de la Fiscalía, recibió 72 denuncias de incautos, quienes vieron los ofrecimientos en redes sociales o páginas web creadas exclusivamente para publicar las supuestas vacantes laborales, y luego de contactar a la empresa fachada que, al parecer, los iba a contratar, consignaron a través de una empresa de giros entre $70.000 y $96.000 por diferentes trámites como exámenes médicos y certificaciones.

“Ellos saben hacer las cosas porque ponen entidades como la Dian, cámara de comercio, el RUES y otros que hacen seria la propuesta y dan el nombre y número de Édison Flórez Manrique, coordinador de la entrevista y quien lo motiva e induce a que la vacante es fija. También anexan un link que lo lleva directo a la página de dicha empresa para hacerlo más creíble y con su NIT correspondiente luego lo mandan a un laboratorio médico de Restrepo-meta el cual es una casa abandonada en venta. Todos los ciudadanos constatan que van muchos estafados llegando al pueblo”, manifestó el afectado.

Muchas de las víctimas viajaron desde sus lugares de residencia a la capital del Meta, para cumplir con los chequeos por los que pagaron, pero nunca recibieron respuesta de la empresa con la que seguían el proceso, y solo en ese momento se percataron que se trataba de una estafa.

La Fiscalía, a través de su policía judicial CTI, con el apoyo del Gaula Militar, capturó a ocho presuntos integrantes de la red delincuencial que sería la responsable de manejar esa modalidad de robo no solo en los llanos.

Los estafadores John Alexander Marín Poveda, Angie Marcela Marín Poveda, Leidy Liliana Marín Poveda, Diana Catalina Martínez Vásquez, Gisell López Morales, Jorge Gonzalo Jiménez Camargo, Edwin Alberto Moreno Núñez y Luis Fernando Cucaita Arias delincuencial fueron capturados en diligencias simultáneas realizadas en Bogotá y Mariquita (Tolima).

Posteriormente, fueron trasladados a Villavicencio (Meta) y presentados en audiencia pública en el Juzgado 6 Penal Municipal, donde un juez de control de garantías les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, estafa en concurso heterogéneo y estafa en modo masa. Cinco de los ocho presuntos delincuentes no aceptaron los cargos endilgados.

Por solicitud de la Fiscalía de la Estructura de Apoyo, las ocho personas recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Acusado de corrupción, se entregó a la justicia el exmagistrado Ricaurte

El exmagistrado de la Corte Suprema y el Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Ricaurte, será investigado directamente por la Fiscalía General de la Nación. Así lo acaba de confirmar el representante del Centro Democrático Edward Rodríguez, quien hace parte de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, organismo que había recibido la solicitud de la Corte Suprema de Justicia de investigar a Ricaurte por presuntos hechos de corrupción: pedirle dinero a personas investigadas por la Corte para influir en sus expedientes.

"La Comisión de Investigación y Acusaciones, en el estudio jurídico del caso del magistrado Francisco Ricaurte, ha decidido hacer ruptura procesal con ocasión del proceso del senador Musa Besaile, y compulsar copias para que sea investigado en los presuntos hechos de corrupción por la justicia ordinaria el magistrado Francisco Ricaurte, dejando claro que no goza del privilegio de fuero constitucional otorgado a los magistrados, por lo tanto será directamente investigado por la justicia ordinaria", indicó el representante Rodríguez.

La Corte le pidió a la Comisión que indagara sobre las actuaciones de Ricaurte el pasado 15 de agosto, día en que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, divulgó que la DEA le había entregado al organismo investigativo una serie de grabaciones de conversaciones entre el exfiscal Luis Gustavo Moreno, su socio Leonardo Pinilla y el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. "La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en atención a la gravedad que revisten esos hechos, le pide respetuosamente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que obre con prontitud, diligencia y absoluto rigor", dijo en su momento el alto tribunal.  

Las pruebas que tenía la Fiscalía no tomó a la Corte por sorpresa. Moreno fue capturado el 27 de junio pasado en su oficina y, días después, el coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema,Fabio Espitia, se reunió con algunos magistrados para informarles los serios indicios que tenía el organismo investigativo en contra de dos expresidentes de la Corte: José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte.

Cuando la Fiscalía decidió hacer público el tema, la Corte reaccionó de inmediato haciendo su solicitud a la Comisión de Acusación. Desde entonces, tanto Bustos como Ricaurte tenían indagaciones preliminares. No obstante, lo que esa entidad acaba de confirmar es que Ricaurte no estará más bajo su radar, sino el de la Fiscalía. La Comisión también abrió la semana pasada una indagación preliminar contra el magistrado Gustavo Malo, quien desde 2014 tiene el expediente del congresista Musa Besaile por parapolítica. 

A finales de agosto pasado, Besaile confesó en la Corte Suprema que había pagado $2.000 millones a Gustavo Moreno, quien, se suponía, representaba sus propios intereses, los de Bustos y los de Ricaurte. El lunes de esta semana, la Fiscalía confirmó que Moreno aceptó cooperar tanto con ese organismo como con la Corte Suprema. El martes, Moreno estuvo en el alto tribunal: allí aseguró que el magistrado Malo y que Ricaurte sabían del soborno pedido a Besaile y que se beneficiaron de él. Luego del testimonio, la Comisión de Acusación resolvió abrir investigación formal contra Malo, a quienes sus compañeros de la Corte le pidieron la renuncia.

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Ex funcionarios de la ESE Solución Salud seguirán vinculados a caso de corrupción

Ante el Juzgado 32 Penal de Bogotá, con función de garantías, la Fiscalía General de la Nación imputó delitos relacionados con corrupción administrativa a cinco exfuncionarios de la Empresa E.S.E. Solución Salud en el departamento de Meta y a un contratista, por las posibles irregularidades cometidas en la adquisición de equipos básicos y elementos para urgencias, hospitalización y laboratorios, entre otros.
 
Una fiscalía adscrita a la Unidad de Administración Pública de Villavicencio (Meta) los vinculó formalmente a la investigación como presuntos autores de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por los hechos que afectaron el acceso y calidad del servicio de salud en cerca de 18 municipios de ese departamento.
 
En la audiencia que tardó cerca de 14 horas en el Complejo Judicial de Paloquemao, el fiscal sostuvo que estas seis personas habrían participado en los estudios de compras y de adquisición de equipos biomédicos, apoyos hospitalarios, camas, mesas y camillas con precios muy elevados comparados con los del mercado.
 
Asimismo, los informes de los investigadores de policía judicial indican que, en las visitas hechas a los centros de atención, no aparecían instalados los equipos entregados y que otros no responden a los móviles de atención y categoría de los centros hospitalarios.
 
Por ejemplo, los espirómetros para los neumólogos, incubadoras para cultivos de laboratorio o microscopios “no son de tecnología avanzada”, pero en los estudios de compras indicaban que eran de última generación.
 
La denuncia instaurada por la Asamblea Departamental de Meta —en sesión plenaria del 26 de julio de 2016— advierte que se habrían presentado sobrecostos en la ejecución del contrato No. 864 de 2015, por valor de $37.142'093.218, celebrado entre la E.S.E. Solución Salud y la firma Global Environment and Health Solutions con sucursal en Colombia.
 
Durante la audiencia pública el delegado del ente de investigación señaló que los costos fueron superiores al 35% del valor del contrato y que los soportes presentados no cubrían la totalidad de los pagos realizados.
 
Entre los procesados penalmente está Sandra Milena Buitrago Acosta, exgerente de la ESE, quien habría realizado los estudios de conveniencia y análisis de los costos, además de suscribir el contrato y ordenar el pago en el 2015.
 
De la misma manera, Manuel Francisco Velásquez Pérez, Ingeniero Biomédico (Supervisor); Danny Alberto Álvarez Sanabria, profesional de Compras de la ESE; Ignacio Cardozo Baquero, ex subgerente asistencial; Fabián Alberto Saavedra Ríos, exjefe de la Oficina Jurídica de esa entidad; y Ricardo Gailer Garcés, contratista.
 
Aunque el juez se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en contra de los procesados, detenidos por el CTI Meta el 3 de agosto último, todos continúan vinculados a la investigación.
 
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