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Secretario de la ONU 'inspecciona' hoy la paz del Meta

En su segundo día de visita a Colombia, hoy el secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, estará en el Meta para 'inspeccionar' cómo se desarrolla la implementación de los acuerdos de paz con las Farc. 

Este domingo el Secretario General visitará el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Buenavista (ETCR), en el municipio de Mesetas, en donde estará acompañado por el Jefe de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnault, y el Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, Martin Santiago. También estará la gobernadora del Meta, Marcela Amaya, quien se ha comprometido con el desarrollo de los acuerdos en el territorio, pero también ha pedido más acompañamiento del Gobierno Nacional. 

Después de la visita, el Secretario General sostendrá a su regreso a Bogotá una reunión con delegados de organizaciones de víctimas y de la sociedad civil y luego dará una rueda de prensa para compartir sus impresiones de la visita. El Secretario General destacó que la experiencia de Colombia “prueba que afortunadamente no todos los retos que enfrentamos en el mundo están sin respuesta, aquí hay una respuesta, hay una respuesta fuerte que tiene todo nuestro apoyo”.

La visita al Meta sucede en momentos en que se han presentado varios atentados contra policías, presumiblemente por disidencias de las Farc.

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Incluso en el ETCR que estará hoy el alto funcionario ya han ocurrido hechos de crímenes de campesinos, como los sucedidos a finales de octubre del año pasado, y cuyos hechos aún no han arrojado pronunciamiento sobre los resultados de las investigaciones. 

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Ayer sábado, el primer día de visita oficial al país, António Guterres manifestó el “compromiso y la solidaridad” de la ONU con Colombia.

El Secretario General se reunió inicialmente con representantes de la Misión de Verificación y de las Agencias, Fondos y Programas del Equipo de País de la ONU con presencia en el país, a quienes reconoció el acompañamiento al Gobierno, nacional y local, así como a Farc y a las comunidades en la implementación del Acuerdo de Paz.

Después sostuvo un encuentro con el Presidente Juan Manuel Santos y delegados de su equipo de gobierno.

“La Paz es la única respuesta que hoy puede dar solución a los problemas de la pobreza, a los problemas del desarrollo y a los problemas de la igualdad y la democracia”, declaró el Secretario General en su encuentro con periodistas, al terminar su reunión con el Presidente Santos en la Casa de Nariño esta tarde.

“Nuestro compromiso con la Paz en Colombia es total, estamos totalmente a vuestra disposición”, añadió el Secretario General. Por su parte el Presidente Santos agradeció la visita del Secretario General a quien señaló como “un gran amigo de Colombia”.

Santos destacó que “estamos viendo los resultados del fin del conflicto”. “Fueron las navidades y el año nuevo más tranquilo, más seguro que ha vivido Colombia en muchísimo tiempo, ya estamos viendo los frutos de haber silenciado los fusiles”, dijo Santos. Posteriormente, el Secretario General se reunió con delegados de FARC, y también sostuvo un encuentro con la dirigencia de la Iglesia Católica para compartir puntos de vista y expectativas tanto de la implementación del proceso con la FARC, como del reciente proceso de cese al fuego con el ELN.

Al final del día, el Secretario General atendió una invitación del Presidente Santos para una cena oficial. 

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‘No vemos los recursos de la paz’

Los macarenenses aún esperan que los dineros y proyectos que se prometieron cuando les pidieron que votaran sí a la paz, se hagan realidad. Ismael Medellín Dueñas, alcalde de La Macarena, reclama porque siente que lo han dejado solo en la implementación de la paz.

La Macarena se ha convertido en el centro de muchas miradas. Después de ser escenario del conflicto armado en donde Ejército, Farc y  paramilitares se disputaban su territorio y Caño Cristales era apenas visitado por los vecinos de la zona, hoy se puede dar el lujo de ser el destino más internacional que tienen el Meta y tal vez los Llanos Orientales.

Sin embargo, bajo estos nuevos vientos, este año soplaron otros que se convierten en oportunidades y amenazas para un territorio que no estaba acostumbrado a que las cosas sucedieran tan rápido como pasa últimamente. La posible explotación petrolera, las ONG que llegan para ejecutar acciones de paz, los dineros destinados al posconflicto y el impulso que debe seguir dando al turismo, son apenas algunos de los retos que tiene este municipio en su inmediato futuro.

Periódico del Meta (PDM) habló con Ismael Medellín Dueñas (I.M.), alcalde de La Macarena, para conocer de primera mano cómo enfrentará este municipio esos desafíos.

PDM: ¿Cómo percibe el municipio después de dos años de su administración?

I.M.: Tenemos un municipio más organizado en el incluso se creó una secretaría de Turismo para generar mejores condiciones para los visitantes y darle ordenamiento a la hotelería, al transporte  y a los restaurantes.

PDM: ¿La idea es ser turismo de naturaleza ciento por ciento?   

I.M.: Creemos que así debe ser. No podemos cambiar esa vocación y por eso se promocionan más rutas además de Caño Cristales. Hace poco se abrió Raudal Angostura, se abrirá Caño Indio, el Salto del Gato, etcétera.  Es un trabajo conjunto con Cormacarena, Parques Nacionales y Gobernación.

PDM: Usted fue guía turístico, ¿hay diferencia entre esa época y esta?    

I.M.: Sí. Ahora uno puede salir a explorar todos esos lugares sin temor a que salgan las Farc. Salimos a disfrutar y estar en contacto con la naturaleza y hacemos consejos de gobierno en las veredas.

PDM: ¿El petróleo es una amenaza para ese turismo?

I.M.: Por supuesto. En el 2016, cuando llego a la Alcaldía, había una licencia para explorar 150 pozos. Con apoyo del departamento y los medios de comunicación se logró que el mismo Presidente en menos de 48 horas revocara esa licencia. La amenaza es latente y por eso quisimos hacer una consulta popular para el 26 de noviembre, pero desde el Gobierno nacional nos dicen que no hay dinero.

PDM: ¿Qué buscaban con la consulta?

I.M.: Lo que aún hoy buscamos es blindar a nuestra región para seguir ofreciendo servicios de naturaleza, ambiental y turística. Brindar un paraíso al mundo.

PDM: Pero la industria petrolera trae recursos y empleo…

I.M.: La verdad es que nosotros vivimos muy felices sin petróleo. Las experiencias en otros municipios hacen que no solo se cambie el entorno natural sino de las mismas personas. Hay carestía, prostitución. Ya nadie quiere trabajar como jornalero en el campo. Eso ya lo pasamos con la coca y no queremos repetirlo.       

PDM: Se dice que vienen recursos internacionales para La Macarena

I.M.: Hay $3.500 millones para embellecer Caño Cristales, que anunció el Presidente Santos, pero los demás son recursos inciertos. Desde hace dos años escucho lo mismo y los famosos dineros que se anuncian no los vemos por ningún lado. Los alcaldes no hemos sido tenidos en cuenta para la inversión, pero cuando se generan los problemas en la zona somos los mandatarios locales los que debemos poner el pecho.

PDM: Pero usted decía que gracias a la paz había cambios en el municipio

I.M.: Agradecemos el cese al fuego porque ya no hay más amenazas armadas, pero todas las actividades previstas para hacer obras, planes para la gente y otras que se anunciaron, ninguna se ha hecho.      

PDM: ¿Es decir el abandono estatal se mantiene?

I.M.: Sí. Esa es la verdad. En una región como esta se necesita inversión social porque sin grupos guerrilleros ahora nuestra amenaza es la inseguridad. Se pueden estar formando células delincuenciales, es decir algo que nunca tuvimos en el territorio. Pedimos al Gobierno nacional es que tenga esas inversiones sociales para que la gente crea en esa paz estable y duradera de la que tanto se habla.

PDM: ¿Hay delincuencia organizada?

I.M.: Se han presentado robos de motos y atracos. Hay mucho terreno que se queda sin seguridad porque el pie de fuerza de la Policía y el Ejército es insuficiente

PDM: ¿Cuál sería ese buen proyecto de inversión?

I.M.: Definitivamente que nos pavimenten la vía La Macarena-Guaviare. Necesitamos una vía terrestre que nos conecte con los demás municipios. Se necesita apoyo agropecuario sostenible con el campo.

PDM: ¿Presidencia cuenta con los alcaldes?

I.M.: En ningún momento hemos sido tenidos en cuenta. Y esa es otra petición: Muchas veces nos enteramos por terceros de los proyectos y del Gobierno Nacional no hablan ni siquiera con nosotros los alcaldes o los concejales que son otros representantes del pueblo.

PDM: ¿Qué se le puede pedir a Santos?

I.M: Se necesita una mirada diferente sobre este territorio. Más inversión social en educación, salud y apoyo agrícola. Tampoco se debe descuidar la seguridad del municipio y las zonas veredales. Hoy decimos que estamos contentos con la paz, pero se necesita algo para completarla: que la gente vea que la inversión es real. Necesito el apoyo del Gobierno Nacional.

 

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Buenavista, la muerte que opaca la paz

La más reciente masacre en el municipio de Mesetas alerta sobre la presencia de estructuras armadas paramilitares y disidencias cerca del espacio de reincorporación. La comunidad exige presencia y seguridad estatal.

No, no es aislado. La masacre que enlutó a la vereda Buenavista, ocurrida la semana ante pasada, tiene relación con el espacio de reincorporación de excombatientes de las Farc que se ubica en esta vereda del municipio de Mesetas (Meta). El más grande del país. Esa es la convicción que tiene la comunidad que ha denunciado desde hace meses que su cercanía a esta zona donde la guerrilla dejó las armas los pone en riesgo, ante la nula presencia de Policía y la disputa territorial de estructuras armadas ilegales de paramilitares y disidencias.

Es más, una de las personas asesinadas en Buenavista el 25 de octubre trabajaba como maestro de obra en el espacio de reincorporación. Ayudó a adecuar este lugar donde se realizó el acto simbólico más grande de dejación de armas de la exguerrilla hace cuatro meses. Róbinson Tobar Calvo tenía 17 años. Su cuerpo sin vida fue encontrado en la noche del miércoles por un joven que jugaba fútbol en la cancha de la escuela de Buenavista, ubicada a pocos metros de allí, cuando buscaba el balón en un camino.

De inmediato dieron aviso al presidente de la Junta de Acción Comunal, quien se armó de valor junto con otras ocho personas de la comunidad para reconocer el cuerpo. Con la confirmación de la identidad decidieron dar aviso a sus familiares, pero los teléfonos celulares estaban apagados. Por eso fueron hasta la finca. Allí encontraron a Diana Marcela Calvo, prima de Róbinson, de 18 años.

Yacía muerta con dos impactos de bala, en la cocina. Fue asesinada frente a sus hijas de dos y cuatro años, según lo que contaron las pequeñas, que esperaban en la entrada. En el mesón quedaron algunas alverjas peladas. Indicio, según los campesinos, de que el hecho ocurrió a las diez de la mañana, hora en que en estas tierras campesinas se pone a cocinar el almuerzo. Cuando llamaron a los policías que estaban en la vereda La Estrella, a diez minutos en carro de allí, contestaron que no tenían cómo llegar tan pronto, porque no tenían motos o camionetas. A Diego Ferney Pilcué, compañero de Diana Marcela, lo encontraron horas después, degollado, en el cafetal donde recogía su cosecha.

“Cuando dijeron que seríamos zona veredal, lo primero que dijimos fue: ¿y nuestra seguridad qué? Porque por aquí han desfilado todos, pero las vías siguen sin pavimentar y no tenemos ni puesto de Policía, ni fluido eléctrico permanente. Es decir, el plan 5051 nunca llegó. La Policía dice que todo es materia de investigación, pero nosotros, que hemos vivido la guerra tan de frente y que padecimos procesos fallidos de paz, sabemos que esto tiene relación y tememos que éstas sean las primeras represalias”, aseguró Elena Trujillo, la profesora de la única escuela de Buenavista.

La masacre los enmudeció. En Buenavista ya no hay tardes de fútbol o reuniones en la noche. Volvieron a los años de la guerra, a la frustración y el asesinato de miembros de la Unión Patriótica a finales de los 80, al temor de los enfrentamientos armados. Diego Ferney Pilcué era hijo de Manuel Santiago Pilcué, un indígena nasa, de Tierradentro (Cauca), que llegó a la región en 1982, como muchos otros, buscando un pedazo de tierra para cultivar y vivir. Don Santiago, como lo conocen, lleva en su memoria esos días en que la ley la imponían los violentos y hoy, en tiempos de paz, lleva el dolor innombrable de la muerte violenta de tres miembros de su familia.

En la región, a raíz del proceso de paz con las Farc y la concentración de sus militantes, se vienen presentando hechos y amenazas de violencia en todo el municipio de Mesetas y en otros aledaños, como Uribe, Lejanías y El Castillo. La Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior vienen alertando de ello desde hace meses, sin que esto se haya traducido en mayor seguridad y bienestar.

“Las estructuras de grupos armados ilegales han intensificado las amenazas y acciones de violencia contra la población civil. El riesgo que representan estas acciones tiene como presuntos responsables a estructuras disidentes de las Farc-EP y grupos armados posdesmovilización de las Auc, particularmente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) (clan del Golfo y el bloque Meta)”, señaló el informe de riesgo del 10 de abril de 2017 de la Defensoría del Pueblo.

Las AGC, con propósitos contrainsurgentes, estarían promoviendo atentados en contra de personas relacionadas no sólo con la guerrilla de las Farc en proceso de desmovilizacion, sino “contra los movimientos sociales y políticos influenciados por la Marcha Patriótica, sectores ambientalistas independientes, que en virtud de la actual coyuntura política estarían ampliando su espectro en términos sociales y políticos”, refiere el documento.

A su turno, las estructuras disidentes mantienen su postura de rechazo frente al proceso de paz. “En su discurso se le pide a la población civil no apoyar el acuerdo suscrito entre la guerrilla y el Gobierno, mantener las pautas de comportamiento consignadas en los manuales de convivencia elaborados por la guerrilla en tiempos de guerra y advierten a la población civil que las reglas y las normas de control social y territorial se mantienen”, indica el escrito público de alerta.

Pero no son los únicos. “Hemos denunciado que hay rutas de narcotráfico que siguen vigentes en este territorio y que estos grupos, que no responden a un mando unificado, están tomando el control dejado por las Farc, extorsionan e intimidan. Esto sin contar las inconsistencias en el proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y, en general, la poca inversión y presencia institucional”, señala Alejandra Pérez, de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia (DHOC).

No por nada, el Consejo Político Local de la Fuerza Alternativa Revolucionaria de los Comunes en Mesetas (el partido político de la exguerrilla) lamentó la masacre de Buenavista y señaló la “gran preocupación que para la militancia fariana, en proceso de reincorporación a la vida civil, política y social, significa”.

En abril, en la vereda Buenos Aires, también de Mesetas, el asesinado fue Eliver Buitrago, presidente de la Junta de Acción Comunal de esa vereda, recordado como un campesino trabajador. Y para ese entonces ya habían asesinado a dos personas más en este municipio. Los dos primeros (el 5 de marzo) eran hermanos e integraban el Partido Comunista y el sindicato Sintragrim: José Antonio y Luz Ángela Anzola Tejedor. En un primer momento se dijo que podrían ser las primeras víctimas de las disidencias que, supuestamente, ven en la población que acompaña el proceso de paz una amenaza a su seguridad.

Pero hay otra versión sobre este doble asesinato: “El plan paramilitar de importar el terror en áreas rurales del proceso de paz no es inocente ni espontáneo, hace parte del Plan Victoria de contrainsurgencia que busca el aislamiento de las zonas veredales de las Farc y prepara el ambiente para nuevas agresiones por fuera del cese al fuego bilateral y definitivo”, señala el fragmento de un comunicado del Partido Comunista que retomó la Defensoría del Pueblo en su informe de riesgo.

Mientras el Estado toma medidas eficaces de protección, la población que habita estos territorios del Meta seguirá inmersa en una disputa por control territorial, entre disidentes que se autoproclaman como insurgentes y estructuras provenientes del paramilitarismo, que ven como blanco de sus represalias a aquellos que simpatizan y participan en la implementación de los acuerdos de paz. 

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Nueva masacre de una familia campesina en Mesetas

Desde el espacio de capacitación de Mesetas denunciaron el asesinato de dos personas y la desaparición de una más. Se trata de una familia de colonos campesinos e indignas.

En la mañana de este jueves, desde el Espacio Territorial de Capacitación y Reintegración Mariana Páez se denunció el asesinato de una familia en una zona aledaña al espacio territorial donde se concentran las Farc. “En la Vereda Buena vista del municipio de Mesetas departamento del Meta y donde se encuentra ubicado nuestro ETCR Mariana Páez fue asesinada una familia en el día de hoy sin tener claridad aun sobre los responsables de los hechos”, informan en un comunicado público.

La insurgencia, ahora sin armas, puntualizó que las personas asesinadas son: Diana Marcela Calvo Rojas y su primo Robinson; y que se encuentra Diego Ferney Pilcue, esposo de Calvo Rojas. También relata la denuncia que en el lugar del crimen fueron encontrados, dramáticamente afectados, dos menores de edad: dos niñas de cuatro y seis años, hijas de la pareja. Situación que preocupa a los miembros de las Farc por tratarse de una familia conocida en la región y porque ocurre en las faldas del espacio donde se concentra la militancia del nuevo partido político.

“Estos hechos sumados a los demás acaecidos en todo el territorio nacional generan gran preocupación para la militancia Fariana en proceso de reincorporación a la vida civil, política y social y de igual manera para el resto de la población civil que no ve aun el cumplimiento en materia de seguridad como lo estipulan los acuerdos de Paz. Pedimos al Gobierno Nacional y a las demás autoridades competentes se investigue y se aclare lo sucedido”, agrega el comunicado.

Los hechos ocurrieron el miércoles 25 de noviembre en un área cercana al espacio territorial donde se realizó el acto final de dejación de armas por parte de las Farc, el pasado 27 de julio. Una de las zonas veredales más grandes y que acogió el mayor número de presos de la insurgencia, pero además, de los más atrasados en construcción de infraestructura.

El homicidio preocupa a los excombatintes, que denuncian no tener garantías de seguridad. En lo que va corrido del año de implementación del acuerdo, mal contados han sido asesinados 31 excombatientes y familiares. El 2 de octubre, cuando se hizo un balance en el Congreso de la República, un año después de la derrota del Acuerdo en el Plebiscito, los voceros de la guerrilla denunciaron que hasta ese día tenían registro de 13 excombatientes y 11 familiares de miembros de la organización. Sin embargo, este número ha crecido.

El 18 de octubre, en El Charco, Nariño, un territorio donde se ubica el espacio territorial de Aldemar Galán se registró el asesinato de seis excombatientes. Según Edisón Romaña, dirigente de las Farc en Tumaco, los miembros de la organización fueron asesinados por grupos paramilitares que los buscaban reclutar forzadamente. Dos días después, el viernes 20 de octubre, apareció ultimado, en el municipio de Miranda (Cauca), Henry Meneses Ruiz, quien también figura en el listado de las Farc, y que tras permanecer recluido en una cárcel desde el 2013, obtuvo la boleta de libertad en agosto. 

En este contexto, la segunda misión de la ONU, encargada de verificar la situación de seguridad y la reincorporación de los excombatientes, está en mora de presentar el primer informe de los casos de violencia registrados contra miembros de la guerrilla en proceso de reincorporación. Así como de exigir al Gobierno medidas para frenar esta oleada de violencia, que desata los fantasmas del genocida de la Unión Patriótica, donde fueron asesinados más de 3.000 de sus miembros, incluyendo a sus principales dirigentes. Muchos de los que sobrevivieron regresaron al monte, como Iván Márquez, quien ocupaba una curul en la Cámara de Representantes por esos días.

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