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Buenavista, la muerte que opaca la paz

La más reciente masacre en el municipio de Mesetas alerta sobre la presencia de estructuras armadas paramilitares y disidencias cerca del espacio de reincorporación. La comunidad exige presencia y seguridad estatal.

No, no es aislado. La masacre que enlutó a la vereda Buenavista, ocurrida la semana ante pasada, tiene relación con el espacio de reincorporación de excombatientes de las Farc que se ubica en esta vereda del municipio de Mesetas (Meta). El más grande del país. Esa es la convicción que tiene la comunidad que ha denunciado desde hace meses que su cercanía a esta zona donde la guerrilla dejó las armas los pone en riesgo, ante la nula presencia de Policía y la disputa territorial de estructuras armadas ilegales de paramilitares y disidencias.

Es más, una de las personas asesinadas en Buenavista el 25 de octubre trabajaba como maestro de obra en el espacio de reincorporación. Ayudó a adecuar este lugar donde se realizó el acto simbólico más grande de dejación de armas de la exguerrilla hace cuatro meses. Róbinson Tobar Calvo tenía 17 años. Su cuerpo sin vida fue encontrado en la noche del miércoles por un joven que jugaba fútbol en la cancha de la escuela de Buenavista, ubicada a pocos metros de allí, cuando buscaba el balón en un camino.

De inmediato dieron aviso al presidente de la Junta de Acción Comunal, quien se armó de valor junto con otras ocho personas de la comunidad para reconocer el cuerpo. Con la confirmación de la identidad decidieron dar aviso a sus familiares, pero los teléfonos celulares estaban apagados. Por eso fueron hasta la finca. Allí encontraron a Diana Marcela Calvo, prima de Róbinson, de 18 años.

Yacía muerta con dos impactos de bala, en la cocina. Fue asesinada frente a sus hijas de dos y cuatro años, según lo que contaron las pequeñas, que esperaban en la entrada. En el mesón quedaron algunas alverjas peladas. Indicio, según los campesinos, de que el hecho ocurrió a las diez de la mañana, hora en que en estas tierras campesinas se pone a cocinar el almuerzo. Cuando llamaron a los policías que estaban en la vereda La Estrella, a diez minutos en carro de allí, contestaron que no tenían cómo llegar tan pronto, porque no tenían motos o camionetas. A Diego Ferney Pilcué, compañero de Diana Marcela, lo encontraron horas después, degollado, en el cafetal donde recogía su cosecha.

“Cuando dijeron que seríamos zona veredal, lo primero que dijimos fue: ¿y nuestra seguridad qué? Porque por aquí han desfilado todos, pero las vías siguen sin pavimentar y no tenemos ni puesto de Policía, ni fluido eléctrico permanente. Es decir, el plan 5051 nunca llegó. La Policía dice que todo es materia de investigación, pero nosotros, que hemos vivido la guerra tan de frente y que padecimos procesos fallidos de paz, sabemos que esto tiene relación y tememos que éstas sean las primeras represalias”, aseguró Elena Trujillo, la profesora de la única escuela de Buenavista.

La masacre los enmudeció. En Buenavista ya no hay tardes de fútbol o reuniones en la noche. Volvieron a los años de la guerra, a la frustración y el asesinato de miembros de la Unión Patriótica a finales de los 80, al temor de los enfrentamientos armados. Diego Ferney Pilcué era hijo de Manuel Santiago Pilcué, un indígena nasa, de Tierradentro (Cauca), que llegó a la región en 1982, como muchos otros, buscando un pedazo de tierra para cultivar y vivir. Don Santiago, como lo conocen, lleva en su memoria esos días en que la ley la imponían los violentos y hoy, en tiempos de paz, lleva el dolor innombrable de la muerte violenta de tres miembros de su familia.

En la región, a raíz del proceso de paz con las Farc y la concentración de sus militantes, se vienen presentando hechos y amenazas de violencia en todo el municipio de Mesetas y en otros aledaños, como Uribe, Lejanías y El Castillo. La Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior vienen alertando de ello desde hace meses, sin que esto se haya traducido en mayor seguridad y bienestar.

“Las estructuras de grupos armados ilegales han intensificado las amenazas y acciones de violencia contra la población civil. El riesgo que representan estas acciones tiene como presuntos responsables a estructuras disidentes de las Farc-EP y grupos armados posdesmovilización de las Auc, particularmente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) (clan del Golfo y el bloque Meta)”, señaló el informe de riesgo del 10 de abril de 2017 de la Defensoría del Pueblo.

Las AGC, con propósitos contrainsurgentes, estarían promoviendo atentados en contra de personas relacionadas no sólo con la guerrilla de las Farc en proceso de desmovilizacion, sino “contra los movimientos sociales y políticos influenciados por la Marcha Patriótica, sectores ambientalistas independientes, que en virtud de la actual coyuntura política estarían ampliando su espectro en términos sociales y políticos”, refiere el documento.

A su turno, las estructuras disidentes mantienen su postura de rechazo frente al proceso de paz. “En su discurso se le pide a la población civil no apoyar el acuerdo suscrito entre la guerrilla y el Gobierno, mantener las pautas de comportamiento consignadas en los manuales de convivencia elaborados por la guerrilla en tiempos de guerra y advierten a la población civil que las reglas y las normas de control social y territorial se mantienen”, indica el escrito público de alerta.

Pero no son los únicos. “Hemos denunciado que hay rutas de narcotráfico que siguen vigentes en este territorio y que estos grupos, que no responden a un mando unificado, están tomando el control dejado por las Farc, extorsionan e intimidan. Esto sin contar las inconsistencias en el proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y, en general, la poca inversión y presencia institucional”, señala Alejandra Pérez, de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia (DHOC).

No por nada, el Consejo Político Local de la Fuerza Alternativa Revolucionaria de los Comunes en Mesetas (el partido político de la exguerrilla) lamentó la masacre de Buenavista y señaló la “gran preocupación que para la militancia fariana, en proceso de reincorporación a la vida civil, política y social, significa”.

En abril, en la vereda Buenos Aires, también de Mesetas, el asesinado fue Eliver Buitrago, presidente de la Junta de Acción Comunal de esa vereda, recordado como un campesino trabajador. Y para ese entonces ya habían asesinado a dos personas más en este municipio. Los dos primeros (el 5 de marzo) eran hermanos e integraban el Partido Comunista y el sindicato Sintragrim: José Antonio y Luz Ángela Anzola Tejedor. En un primer momento se dijo que podrían ser las primeras víctimas de las disidencias que, supuestamente, ven en la población que acompaña el proceso de paz una amenaza a su seguridad.

Pero hay otra versión sobre este doble asesinato: “El plan paramilitar de importar el terror en áreas rurales del proceso de paz no es inocente ni espontáneo, hace parte del Plan Victoria de contrainsurgencia que busca el aislamiento de las zonas veredales de las Farc y prepara el ambiente para nuevas agresiones por fuera del cese al fuego bilateral y definitivo”, señala el fragmento de un comunicado del Partido Comunista que retomó la Defensoría del Pueblo en su informe de riesgo.

Mientras el Estado toma medidas eficaces de protección, la población que habita estos territorios del Meta seguirá inmersa en una disputa por control territorial, entre disidentes que se autoproclaman como insurgentes y estructuras provenientes del paramilitarismo, que ven como blanco de sus represalias a aquellos que simpatizan y participan en la implementación de los acuerdos de paz. 

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Gobernadora citó Consejo Extraordinario de Seguridad tras hechos ocurridos en Mesetas

La gobernadora Marcela Amaya lamentó y rechazó los hechos ocurridos en la vereda Nueva Esperanza, jurisdicción del municipio de Mesetas, en donde fueron asesinados Robinson Rojas, Lina Marcela Rojas y Diego Ferley Piracue, miembros de una misma familia.

La mandataria expresó su repudio e indignación, e hizo un llamado a las Fuerzas Militares y a los organismos judiciales para que adelanten en la menor brevedad posible las investigaciones que permitan aclarar estos homicidios que enlutan al departamento.

Sobre las dos de la tarde de hoy se cumplirá un Consejo Extraordinario de Seguridad, con el fin de conocer más detalles de lo ocurrido y decidir las acciones a emprender, que permitan recuperar la tranquilidad en el municipio.

El Consejo Extraordinario de Seguridad será presidido por el secretario de Gobierno, Gerardo León Mancera Parada, con la participación de los diferentes comandantes del Ejército, jefes de Polícia, la Directora de Fiscalías, el Procurador y la Defensoria del Pueblo.

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Nueva masacre de una familia campesina en Mesetas

Desde el espacio de capacitación de Mesetas denunciaron el asesinato de dos personas y la desaparición de una más. Se trata de una familia de colonos campesinos e indignas.

En la mañana de este jueves, desde el Espacio Territorial de Capacitación y Reintegración Mariana Páez se denunció el asesinato de una familia en una zona aledaña al espacio territorial donde se concentran las Farc. “En la Vereda Buena vista del municipio de Mesetas departamento del Meta y donde se encuentra ubicado nuestro ETCR Mariana Páez fue asesinada una familia en el día de hoy sin tener claridad aun sobre los responsables de los hechos”, informan en un comunicado público.

La insurgencia, ahora sin armas, puntualizó que las personas asesinadas son: Diana Marcela Calvo Rojas y su primo Robinson; y que se encuentra Diego Ferney Pilcue, esposo de Calvo Rojas. También relata la denuncia que en el lugar del crimen fueron encontrados, dramáticamente afectados, dos menores de edad: dos niñas de cuatro y seis años, hijas de la pareja. Situación que preocupa a los miembros de las Farc por tratarse de una familia conocida en la región y porque ocurre en las faldas del espacio donde se concentra la militancia del nuevo partido político.

“Estos hechos sumados a los demás acaecidos en todo el territorio nacional generan gran preocupación para la militancia Fariana en proceso de reincorporación a la vida civil, política y social y de igual manera para el resto de la población civil que no ve aun el cumplimiento en materia de seguridad como lo estipulan los acuerdos de Paz. Pedimos al Gobierno Nacional y a las demás autoridades competentes se investigue y se aclare lo sucedido”, agrega el comunicado.

Los hechos ocurrieron el miércoles 25 de noviembre en un área cercana al espacio territorial donde se realizó el acto final de dejación de armas por parte de las Farc, el pasado 27 de julio. Una de las zonas veredales más grandes y que acogió el mayor número de presos de la insurgencia, pero además, de los más atrasados en construcción de infraestructura.

El homicidio preocupa a los excombatintes, que denuncian no tener garantías de seguridad. En lo que va corrido del año de implementación del acuerdo, mal contados han sido asesinados 31 excombatientes y familiares. El 2 de octubre, cuando se hizo un balance en el Congreso de la República, un año después de la derrota del Acuerdo en el Plebiscito, los voceros de la guerrilla denunciaron que hasta ese día tenían registro de 13 excombatientes y 11 familiares de miembros de la organización. Sin embargo, este número ha crecido.

El 18 de octubre, en El Charco, Nariño, un territorio donde se ubica el espacio territorial de Aldemar Galán se registró el asesinato de seis excombatientes. Según Edisón Romaña, dirigente de las Farc en Tumaco, los miembros de la organización fueron asesinados por grupos paramilitares que los buscaban reclutar forzadamente. Dos días después, el viernes 20 de octubre, apareció ultimado, en el municipio de Miranda (Cauca), Henry Meneses Ruiz, quien también figura en el listado de las Farc, y que tras permanecer recluido en una cárcel desde el 2013, obtuvo la boleta de libertad en agosto. 

En este contexto, la segunda misión de la ONU, encargada de verificar la situación de seguridad y la reincorporación de los excombatientes, está en mora de presentar el primer informe de los casos de violencia registrados contra miembros de la guerrilla en proceso de reincorporación. Así como de exigir al Gobierno medidas para frenar esta oleada de violencia, que desata los fantasmas del genocida de la Unión Patriótica, donde fueron asesinados más de 3.000 de sus miembros, incluyendo a sus principales dirigentes. Muchos de los que sobrevivieron regresaron al monte, como Iván Márquez, quien ocupaba una curul en la Cámara de Representantes por esos días.

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El viernes será la cita por el desarrollo de la Altillanura

Generar un análisis de las políticas públicas para el desarrollo de la Altillanura y el papel de la región en el posconflicto, serán los ejes de debate del VIII Foro por el Desarrollo de la Altillanura “Potencial Productivo y Energético del País”, que tendrá lugar el próximo viernes 22 de septiembre en el Centro de Convenciones del Grand Hotel en Villavicencio.

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