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Emergencia en la vía Acacías por desbordamiento del río Guayuriba

Desde la noche  de este lunes, los habitantes de las veredas Las Mercedes, Cocuy, Vigía, Zuria y aledañas a la rivera del río Negrito se encuentran en crisis por el trasvase del río Guayuriba.

La emergencia sobre la margen izquierda del puente sobre la vía a Acacías, obligó al cierre  de algunas vías sobre el kilómetro 16,  en el sector conocido  como Cemex. Hasta el momento la vía  Acacías- Villavicencio permanece cerrada.  

Los organismos de socorro y las autoridades pertinentes adelantan  labores de ayuda a la población afectada con la colaboración de un helicóptero de la Fuera Aérea colombiana.

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El incidente dejó 20 viviendas afectadas. Sin embargo, las autoridades informaron que hasta realizar una evaluación más certera de los acontecimientos se tendrá el número total de damnificados. 

Hasta el momento, no se han reportado emergencias de gravedad. Sim embargo, la oficina de Gestión del Riesgo del municipio y los organismos de socorro recomendaron a los habitantes de las zonas de influencia de Río Negrito evacuar sus viviendas, con el fin de adelantar trabajos de recuperación en la margen izquierda de este afluente hídrico.

Entre tanto, el alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa confirmó,  que  la Oficina de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Gestión  Social del municipio adelantarán el censo de las familias afectadas o damnificadas para la obtención y entrega de las ayudas dispuestas para este fin. 

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Condenan concejal por fraude financiero en Acacías, Meta

Según la Fiscalía, Wilmer Sanmiguel Gutiérrez constituyó una organización ilegal con el fin de obtener millonarios créditos hipotecarios del BanColombia. De acuerdo con la investigación, el líder político habría falsificado documentación pública y privada. El fraude al sistema financiero supera los mil millones de pesos.

l Juzgado Penal del Circuito de Acacias, Meta condenó a más de siete años de cárcel a Wilmer Sanmiguel Gutiérrez, concejal del municipio de Guamal, Meta por los delitos de estafa agravada; concierto para delinquir, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado. En la decisión, el juez consideró además que el funcionario tampoco podrá ejercer cargos públicos, durante el tiempo que esté privado de la libertad.

De acuerdo con la investigación, el consejero municipal utilizó su profesión de contador público para manejar una empresa “criminal”, en la que logró reclutar a funcionarios del mismo BanColombia.

“Se evidenció que hubo acuerdo firme y permanente de dos o más voluntades quienes se concertaron, con clara distribución de roles y funcionado como una empresa criminal organizada, con el fin de cometer delitos indeterminados”, dice el proceso.

El experto  en delitos corporativos, Mauricio Pava, indicó: “Gran éxito de la Fiscalía, una investigación eficiente en todo el país, utilizando el esquema de asociación de casos, investigación por contextos, con alcance penal, un mensaje claro a la delincuencia en cuanto a la efectividad de las autoridades y las respuestas pos delictuales categóricas de los empresarios”.

Los investigadores, tanto de la Fiscalía, como de la entidad bancaria lograron detectar a un grupo de personas quienes  gestionaban, aprobaban y otorgaban créditos a beneficiarios que a la postre resultaron haber falseado su situación de solvencia económica, convirtiéndose en instrumentos de un grupo de personas denominados “tramitadoras”. Las operaciones irregulares habrían sumado $1.119 millones.

En los hechos habrían participado Wilson Arley Céspedes  Becerra y Karen Lorena Lucena Agatón, exfuncionarios de Bancolombia, además de Luis Carlos Mesa y Yeison Calderón, exfuncionarios del Inpec quienes al aprecer por medio de empresas fachada avalaron beneficios en favor de trabajadores ficticios a través de la presentación de constancias laborales “arregladas a la medidaextractos bancarios con información adulterada, declaraciones de renta con el mismo número adhesivo, carnés públicos de ganadores inexistentes”, argumentó la Fiscalía.

Wilmer Sanmiguel Gutiérrez es un contador público, electo concejal en el municipio de Guamal – Meta para el periodo constitucional actual, quien valiéndose de su conocimiento del sistema crediticio, habría orquestado la realización de múltiples conductas para defraudar el patrimonio económico de las víctimas, entre ellas Bancolombia.

Sanmiguel Gutiérrez se allanó a los cargos y aceptó que había atentado contra los bienes jurídicos del patrimonio económico, la fe pública, y la seguridad pública, conductas que se efectuaron dentro de una organización criminal.

 
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En un mes iniciará construcción de apartamentos en Nueva Jerusalén

Tras   una reunión sostenida este fin de semana entre el secretario de Vivienda del Meta, Luis Alberto Medina, el secretario de Planeación de Acacías, Diego Puentes, y beneficiarios del proyecto habitacional Nueva Jerusalén, se estableció que en  menos de 30 días se dará inicio a la construcción de las torres de  220 apartamentos para igual número de familias que ya hicieron su aporte para el cierre financiero.

 

Nueva Jerusalén es un plan habitacional que consta de 280 apartamentos, de los cuales  que ya se encuentran  contratados 220 con una inversión de la gobernación del Meta, superior a los 9.941 millones de pesos, producto de las regalías. El proyecto contará con amplias vías de acceso, servicios públicos y tanques subterráneos para garantizar el suministro de agua a los pisos altos.

 

Los 30 días de espera corresponden a un trámite en el concejo de Acacías a cargo del cabildante Armando Amaya, mediante el  cual el terreno se aporta como subsidio en especie al proyecto. Posteriormente se hará la socialización  del mismo a los beneficiarios; la  contratación de personal; compra de elementos  y se iniciará la construcción de tan esperado proyecto.

 

Junto a Nueva Jerusalén, la Gobernación del  Meta  desarrolla  los programas Sierra Nevada, con 320  y  Villa Marcela, con 500 apartamentos, lo que significa una oferta de  1.180 soluciones de vivienda para la comunidad acacireña, con una inversión total de $40.800 millones, lo que permite mejorar  el nivel de vida de los beneficiados.

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Ola de actos violentos en contra de Ecopetrol

Desde el pasado 12 de mayo en el municipio de Acacías-Meta, uno de los principales centros de producción de hidrocarburos del país, se vienen presentando una serie de actos de violencia, como amenazas y amedrentamientos en contra de los trabajadores de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), y también sabotajes a las instalaciones de la misma empresa.

Ecopetrol denuncia ola de actos violentos en contra de los trabajadores, quienes han sido amenazados y amedrentados. En la madrugada de hoy (lunes), encapuchados ingresaron al taladro Independiente 204 ubicado en la vereda El Triunfo, en Acacías e instaron a los trabajadores a abandonar el lugar. Igualmente, fue incinerada una camioneta al servicio de Ecopetrol y abiertas las válvulas de varios pozos, lo que originó un derrame de crudo que podría llegar al caño Danta, que a su vez desemboca en el río Orotoy, lo cual no se ha podido controlar ya que los manifestantes impiden el ingreso a las cuadrillas de atención de emergencia. Además, debido a los ataques se han tenido que apagar 92 pozos en producción, y los obreros no han podido recibir alimentación debido a que desconocidos atacaron con objetos contundentes el helicóptero que intentaba aterrizar en el sitio para entregar los alimentos.

Por otra parte, según Ecopetrol, estas manifestaciones están siendo llevadas a cabo por personas que aseguran seguir directrices de representantes de las Juntas de Acción Comunal que conforman la Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal del área de influencia directa San Isidro de Chichimene (CJAID) ubicado en el departamento del Meta. Y que además rechazan la entrada en vigencia del Decreto 1668 de 2016, en el que se establece la zona de influencia del municipio para la contratación de la mano de obra local, dentro de las políticas de contratación laboral transparente y gratuita.

Asimismo, en una reunión dirigida por el alcalde municipal de Acacías, Víctor Orlando Gutiérrez Jiménez; en compañía de la Personería Municipal, representantes de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos y del Ministerio de Trabajo, Ecopetrol manifestó sus compromisos de cumplimiento absoluto de la ley e hizo un llamado a que se denuncien los hechos de incumplimiento de la normatividad laboral vigente. La empresa también hace un llamado a las autoridades a que intervengan para el restablecimiento del orden público en este municipio en donde se producen cerca de 200 mil barriles de petróleo por día, y a la comunidad a que cesen las acciones de hecho y permitan la normalidad laboral. Reitera que estas acciones afectan el trabajo y contratación de personas de la región.

Por su parte, el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Henry Jara, en el departamento Meta, aclara que no tiene nada que ver con los hechos registrados en las inmediaciones de Chichimene en el municipio de Acacías. De acuerdo al mismo comunicado de Ecopetrol hay un conflicto por intermediación laboral y la bolsa de empleo de Acacías. Desde la semana pasada hay habitantes reclamando por este respecto, por lo que es otra protesta diferente a la protesta de USO que está ubicada en otros sitios de trabajo. Lamentamos los hechos que se han dado en el área y esperamos que se llegue a un feliz término y se busquen mesas de acuerdo.

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