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Un año más de ‘oxígeno’ al Hospital Departamental de Villavicencio para terminar de sanearlo

El Hospital Departamental de Villavicencio está intervenido desde el 27 de octubre de 2015 luego de que se verificó la crítica situación en la que se encontraba por exceso de pasivos e irregularidades en la prestación de los servicios. Desde entonces, Luis Oscar Gálvez Mateus fue designado por la Supertintendencia de Salud como gerente interventor con la función de revertir, en un año, los indicadores que generaban riesgo a los usuarios. Dos años después, aunque el trabajo técnico de recuperación va por buen camino, el centro asistencial no alcanza su equilibrio financiero.

Mediante Resolución Ejecutiva No. 374 del 25 de octubre de 2017, el Gobierno Nacional ordenó prorrogar por un año la intervención forzosa para administrar la E.S.E. Hospital Departamental de Villavicencio, esto con el fin de garantizar que se continúe trabajando en la estabilización y la operación de este centro de salud de tercer nivel que ofrece sus servicios al departamento del Meta y la Orinoquia.

“Hoy recibimos con tranquilidad el anuncio de que se acaba de hacer por la Supersalud, y venimos a decirle al señor gerente que lo que queremos es buscarle unos recursos que ya están establecidos desde la Secretaría de Hacienda. Podremos hacer obras fundamentales para el hospital, como una rampa que se necesita, el archivo que se requiere y una nueva plancha que nos permitiría posiblemente tener allí unas nuevas camas para el hospital. Aquí lo que queremos es trabajar en equipo porque la salud así lo requiere”, expresó la gobernadora Marcela Amaya.

Además, “el compromiso con el hospital para lograr el apoyo al programa de saneamiento fiscal y financiero por parte del departamento es de $20.000 millones, de los cuales ya se entregaron $4.000 millones y la próxima semana desde la Gobernación con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Salud se espera que reciban los 6.000 restantes para completar el compromiso de este año”, aseguró la mandataria.

Por su parte, Jorge Ovidio Cruz, Secretario de Salud del Meta, dejó claro que más allá de fortalecer el hospital es necesario también el fortalecimiento de la red hospitalaria departamental. “La capacidad instalada sobreocupada no es solamente la del hospital, sino la de la red hospitalaria de segundo y tercer nivel en Villavicencio. Hay fines de semana que ni la cooperativa, ni la clínica Meta nos dan abasto”, manifestó.

Por eso, según el secretario, actualmente se adelanta una estrategia para fortalecer primero los niveles cercanos a Villavicencio, como los de Acacías, Castilla La Nueva o Cumaral, para aprovechar su capacidad instalada y fortalecer el sistema de referencia y contra referencia con el fin de que el hospital departamental no se sature.

Para ello, “lo segundo es capacitar y entrenar mucho más a nuestros médicos en el primer nivel. Que se vuelvan más resolutivos y no se siga presentado que se tiene que venir aquí un parto que no es de complejidad, a saturar y congestionar mucho más el servicio. Creemos que estas dos estrategias que se vienen trabajando desde luego que van a contribuir a descongestionar la reconocida sobreocupación que tiene nuestra red hospitalaria”, opinó Cruz.

Respecto al trabajo de la Supersalud realizado en el hospital en los dos años de intervención, el Superintendente Delegado para las Medidas Especiales, Javier Antonio Villareal, indicó que “Hemos logrado avances significativos, pero el hospital requiere de un periodo adicional a fin de mejorar sus resultados, tenemos unas tareas puntuales que deberá ejecutar el agente especial interventor y de este modo garantizar la continuidad en la prestación del servicio para los usuarios”.

Como resultado del seguimiento realizado por el equipo auditor asignado, destacó como los principales avances financieros, administrativos y asistenciales.

Componente Financiero

El hospital presenta, según sus interventores, un incremento sostenido en los niveles de facturación, al pasar de $5.800 millones en octubre de 2015 a $10.279 en agosto de 2017, lo que representa un crecimiento del 77 por ciento, como resultado de la diversificación de su portafolio de servicios.

La E.S.E. recibió por parte del Gobierno Nacional a través del Fondo de Salvamento para el Sector Salud – FONSAET la asignación de recursos para las vigencias 2015 y 2016 por un valor de $13.709 millones para el pago de pasivos.

Sumado a esto, el Ministerio de Salud y Protección Social por petición de la Supersalud, asignó mediante Resolución 3132 del 28 de agosto de 2017 nuevos recursos FONSAET para el centro asistencial por $4.398 millones con el fin de continuar el saneamiento de pasivos de la entidad.

Componente Administrativo

Durante la intervención se ha garantizado el pago de salarios al personal de planta y actualmente la E.S.E. se encuentra al día con esta obligación, a su vez, las deudas con contratistas pasaron de $16.259 millones en 2015 a $7.017 millones a agosto de 2017, logrando una disminución del 56% en este indicador.

Componente Asistencial

Se logró la reapertura de los servicios de urología, nefrología pediátrica, gastroenterología, endoscopia digestiva, cuidado crítico e intermedio de adultos, y reumatología. Igualmente se destaca el fortalecimiento y reorganización de todos los servicios, especialmente el de urgencias, priorizando los servicios de pediatría, ginecobstetricia y adultos.

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Hospital, inicia la cuenta regresiva

En octubre de 2015 inició la intervención de la Superintendencia de Salud al Hospital Departamental de Villavicencio. Recientemente, se anunció que en octubre la Gobernación volverá a administrar el centro hospitalario. ¿Cómo están las cuentas? Análisis.

Con la decisión de crear una mesa técnica de empalme entre la Superintendencia de Salud y la Gobernación del Meta, inició la cuenta regresiva para que el próximo mes de octubre, tras dos años de intervención por parte de Supersalud, la administración del Hospital Departamental de Villavicencio (HDV) vuelva a las manos de la Gobernación.

El primer efecto del levantamiento de la medida de intervención será que el Hospital tendrá que enfrentar los procesos ejecutivos y las medidas cautelares de embargo de las cuentas bancarias que estén vigentes, que por lo general se interponen para garantizar el pago de las deudas. Es decir, tendrá que hacerle frente a los acreedores y a los fallos judiciales en contra que tenga pendientes.

Deudas

Según información oficial, a 31 de marzo de este año, el HDV tenía pendientes por pagar 1.817 millones de pesos correspondientes a 25 fallos judiciales en contra. Adicionalmente, de acuerdo con lo expuesto por la oficina asesora jurídica en la Asamblea Departamental, el Hospital tiene una probabilidad alta de pérdida de procesos judiciales de 280 demandas, que suman un valor de 15.658 millones, aunque este dinero está aprovisionado en los estados financieros, o sea, ya está incluido en las cuentas por pagar. A eso hay que añadir una deuda de cinco mil millones de pesos por concepto de una querella presentada por organizaciones sindicales ante el Ministerio de Trabajo en el 2011.

Sumadas esas cuantías, más las deudas con proveedores y demás, el Hospital Departamental de Villavicencio tiene que pagar cuentas por un monto cercano a los 60.000 millones de pesos. Además, debe hacer frente a un déficit mensual de dos mil millones de pesos.

Estrategia

Ante esta situación, y siguiendo lo dispuesto en el plan de saneamiento fiscal y financiero ya aprobado, la Gobernación se comprometió a aportar 23.000 millones de pesos durante los próximos años, empezando con un aporte de cuatro mil millones este año.  Ese plan de saneamiento será la ruta que deberá seguir la persona que la Gobernación designe como gerente del Hospital a partir de octubre.  

Pero el dinero de la Gobernación está destinado a las deudas anteriores a la intervención. Según explicó Javier Villarreal, superintendente delegado para las medidas especiales de la Supersalud, “como tenemos mensualmente un hueco cercano a dos mil millones de pesos, lo que no puede ocurrir es que 23.000 millones de pesos me alcancen para un año”. Además, Villarreal afirmó que el dinero de la Gobernación debe estar destinado a pagar lo estipulado por las sentencias judiciales pendientes.

En octubre de este año, cuando la Gobernación asuma de nuevo la administración del HDV, dos años después de perderla, tendrá que lidiar con cuentas financieras distintas a las que estaban en los libros en octubre del 2015. En esa fecha, se creía que al Hospital le debían cerca de 116 mil millones de pesos. Tras la intervención, se encontró que había 31 mil millones no depurados. También se creía que las cuentas por pagar eran cercanas a 38 mil millones de pesos, pero en realidad ascienden, como ya se dijo, a alrededor de 60 mil millones. Eso, sin contar los 13.700 millones de pesos que la Superintendencia de Salud aportó desde el Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud (Fonsaed), con los que se pagó deudas de contratos por prestación de servicios.

Dentro de las variables que siguen siendo una incógnita, está la deuda que las entidades en liquidación o liquidadas tienen con el HDV. Así, por ejemplo, Caprecom reconoció 32 mil millones de los cerca de 35 mil millones que debe, Saludcoop reconoció cinco mil de los 12.680 millones de deuda, y hay entidades como Solsalud y Humana Vivir que deben, sumadas la deuda, alrededor de 9.800 millones de pesos.

Pacientes para ser pacientes

A nivel asistencial, las estadísticas del propio Hospital señalan que, desde el 2015, han aumentado entre siete y diez el número de días de espera para la asignación de citas en consulta externa. En medicina interna, ahora hay que esperar 14 días; en pediatría, 12; en gineco-obstetricia, 10; y en cirugía general, 14.

 Además, el año pasado se firmó un contrato de servicios de oncopatología con una empresa que no cumplió lo pactado, motivo por el cual se buscó una nueva empresa. En consecuencia, desde agosto hasta finales del año pasado e inicios de este año hubo serias demoras en la realización de los exámenes de oncopatología, que son para pacientes con cáncer. Algunos de los afectados por estas demoras  fueron niños, a los cuales, según la ley, se les debe hacer los exámenes en menos de siete días.

Otra espera es la de los 114 equipos, por un valor cercano a los 32 mil millones de pesos, que la Gobernación había prometido entregar. Hasta el 31 de diciembre del año pasado, había entregado al Hospital 59 equipos. Es decir, hacía falta entregar 55 equipos, dentro de los que se encuentra un equipo braquiterapia por un valor de 2.890 millones, que sufrió un daño y tiene que ser reparado para ser entregado.

En contraste, otro resultado de la intervención es la apertura de servicios como radioterapia, cuidados intermedios, nefrología y nefrología pediátrica, cirugía de la mano y la puesta en servicio de una ambulancia medicalizada.   Pero más allá de las cifras y los problemas financieros y judiciales, la Gobernación volverá a administrar un hospital que atiende a los pacientes de gran parte de la Orinoquia y debe lidiar con el impacto del cierre de algunos servicios de las clínicas privadas de Villavicencio. 

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Seis meses más, por lo menos, durará intervención del Hospital Departamental

La Superintendencia Nacional de Salud decidió prorrogar por seis meses la intervención del Hospital Departamental de Villavicencio, que inició en octubre del 2015. “Uno de los efectos inmediatos de las intervenciones forzosas para administrar que hace la Superintendencia de Salud consiste en la suspensión de las medidas cautelares de embargo. Si en este momento levantáramos la intervención, esos embargos caerían sobre las cuentas del hospital y eso atentaría contra su sostenibilidad”, explicó Javier Villarreal, superintendente delegado para las medidas especiales.

Junto con la prórroga, la Superintendencia se comprometió a desembolsar para la vigencia 2017 más recursos provenientes del Fondo de Salvamiento y Garantías para el Sector Salud (FONSAET). Hasta este momento, alrededor de 13.700 millones de pesos provenientes de ese fondo han sido destinados al fondo fiduciario que administra el agente interventor, Oscar Galves.

Pero el dinero del Estado no alcanza a resarcir los daños. Según explicó Villarreal, en la depuración contable y financiera que ha hecho el equipo de la Superintendencia se ha hallado que las deudas a favor del hospital son de alrededor de 50 mil millones de pesos, y no de 113 mil millones, como se creía. “De ese saldo, gran parte lo deben  o lo debían EPS que están ya liquidadas y donde no hay ningún activo”, afirmó el delegado.

A eso hay que añadir que se debe un monto mayor al que estaba en las cuentas.  De acuerdo con Villareal: “En cuanto a las obligaciones del hospital a pagar, nos habían hablado de un monto cercano a los 30 mil millones de pesos. Hoy estamos llegando casi a los 70 mil millones de pesos”. Asimismo, hay que tener en cuenta las acciones judiciales que podrían obligar al hospital a pagar por servicios mal prestados.

“Hay procesos judiciales y demandas en donde hubo mala prestación de servicios, o hubo situaciones laborales en las que muy seguramente el hospital va a resultar condenado por la autoridad judicial. Significa eso que contablemente hay que generar unas provisiones porque en algún momento tendremos que responder por eso”, dijo el delegado de la Superintendencia de Salud.

Otra de las preocupaciones que existe es que Caprecom y Saludcoop, que están en proceso de liquidación, le deben al Hospital Departamental alrededor de 52 mil millones de pesos. Actualmente, los agentes liquidadores de ambas EPS están trabajando en la etapa de graduación y calificación de acreencias, es decir, están revisando cuáles son las deudas que existen y cuánto pueden pagar.

Javier Villarreal, de la Superintendencia, afirmó que en diciembre podría conocerse cuál es la deuda que le reconocen al hospital. Una vez se conozca esa información, si hay inconformidad por parte del hospital, podrían interponerse las apelaciones correspondientes. En cualquier caso, la Superintendencia prevé que en el primer trimestre del 2017 haya giros de recursos por parte de esas EPS.

Ante esta situación, Marcela Amaya, gobernadora del Meta, manifestó que está de acuerdo con que la intervención continúe por el tiempo que sea necesario. “No es interés de mi administración que recuperemos el hospital para el departamento lo más pronto posible. No tenemos ningún interés. El único interés que nosotros tenemos es que tengamos un hospital que preste el servicio que requiere la gente del Meta y la Orinoquia”.

Para tener un plan de choque que le permita al departamento gestionar correctamente el hospital cuando vuelva a su control, la Superintendencia de Salud y la Gobernación radicaron en  el Ministerio de Hacienda un programa de saneamiento fiscal y financiero que contempla una inversión de 23 mil millones, provenientes de las arcas de la Gobernación, para respaldar las acciones que se realicen en el Hospital Departamental en un periodo de cinco años.

Asimismo, durante el anuncio de la prórroga, se dio a conocer que en noviembre empezarían a funcionar un acelerador lineal nuevo y un equipo complementario que fortalecerían el servicio en el área de oncología y que suponen una inversión de 32 mil millones de pesos. Igualmente, se supo que, aunque el préstamo de alrededor de 20 mil millones que la Superintendencia había solicitado a Findeter fue aprobado, ninguna entidad bancaria respaldó el desembolso debido al alto riesgo económico que presenta el hospital. En diciembre del año pasado, Norman Julio Muñoz, superintendente de Salud, había asegurado que ese préstamo era necesario para que el hospital se pusiera al día con los acreedores.

 

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