Bloqueos afectan distribución de combustibles y tocaría bolsillo de usuarios

Los paros y bloqueos en los campos petroleros están afectando no solo el bolsillo de las empresas operadoras del sector hidrocarburos, sino a las  distribuidoras mayoristas de combustibles y pronto también empezar a afectar a los colombianos.

En lo corrido del año, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) ha identificado al menos 180 bloqueos con una duración de hasta nueve días, lo cual ha interrumpido el despacho de combustibles líquidos desde las plantas de abasto mayoristas hacia estaciones de servicio y aeropuertos.

“El abastecimiento de gasolinas, diésel y jet fuel (combustible de aviación) es un servicio esencial para los colombianos, el cual se ha visto afectado por los crecientes bloqueos de vías, principalmente en Cundinamarca, Meta, Huila, Santander y Cesar”, explicó la ACP en un comunicado.

Y es que, se ha puesto en riesgo el abastecimiento de 20 millones de galones de combustibles (cerca del 1% de la demanda nacional), indispensables para la movilidad de las personas, el transporte de alimentos, medicinas, mercancía, entre otros productos de primera necesidad para los hogares.

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Las plantas más afectadas son las de Mansilla en Facatativá, Sebastopol en
Santander y Apiay en el Meta. La situación ha causado desabastecimiento en
algunas estaciones de servicio de estos departamentos, especialmente, durante
los meses de julio y agosto. Cabe resaltar que la planta de Mancilla
abastece de combustibles a Bogotá, al aeropuerto El Dorado y a una parte de la
región de la Orinoquia.

Frente a esto, la ACP también afirma que: “consideramos que la manifestación pacífica es importante para la construcción de un país más incluyente, siempre y cuando esta no vulnere los derechos de quienes deciden no protestar. Además, rechazamos las vías de hecho y los crecientes bloqueos que amenazan la prestación de un servicio esencial como lo es el abastecimiento de combustibles”. 

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Finalmente, el gremio hace un llamado al Gobierno Nacional, a las autoridades y a los manifestantes para que se logren acuerdos mediante el diálogo y la
concertación, siempre bajo la garantía del respeto de los derechos humanos.

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