‘Hay que evitar los contratos de corbata’

Si bien la formalización del empleo público no es obligación para las entidades territoriales, en los próximos meses esto podría convertirse en una ley.

Ante la circular emitida por el Gobierno Nacional, donde señalan los lineamientos del Plan de Formalización del Empleo Público en Equidad para este año, más de 312.000 colombianos que tienen su sustento económico en los contratos por prestación de servicio, están en el limbo.

Y aunque esta es una política pública que, como todas, exige planeación, una ruta de acción progresiva y comunicación acertada para evitar el pánico y la ralentización del Estado, los contratistas de prestación de servicios hoy se sienten en un terreno de riesgos e inseguridad jurídica.

Respecto a este tema, Periódico del Meta consultó con Sandra Avellaneda, directora Nacional de la Academia de la Gestión Pública, para aclarar varias dudas que rondan sobre esta nueva formalización del empleo público.

“Es importante aclarar que las circulares conjuntas 100-005-22 y 01-23 no son obligatorias para las entidades territoriales porque éstas son autónomas constitucionalmente”, dijo Avellaneda.

De ese modo, estas circulares son solo “lineamientos que no tienen la vocación de dar instrucciones sino a aquellos que tienen algún nivel de subordinación o de control de tutela y las entidades territoriales no están subordinadas al orden nacional y las entidades del orden nacional no tienen control de tutela sobre las territoriales”.

La directora explicó que, si bien estas circulares no obligan a las entidades territoriales a aplicarlas, no significa que los principios que las inspiran sean ignorados. “Todas están obligadas por mandato de la ley a trabajar para hacer prevalecer el principio del mérito con el fin de evitar los contratos de corbata”.

Aun así, sostiene que el próximo 6 de febrero se radicarán formalmente todos los proyectos de ley, entre los que está el Plan de Formalización del Empleo por lo que, si estos lineamientos se convierten en ley, ya se vincularía todo el territorio nacional.

Sin embargo, Avellaneda precisa que esto no quiere decir que vayan a dejar de existir los contratos por prestación de servicio (OPS).

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“La ley les permite a las entidades estatales que suscriban este tipo de contratos cuando esté acreditado que no existe personal de planta para la labor por contratar; el personal de planta es insuficiente o cuando se requieran conocimientos especializados”.

Y añadió: “tenemos unos datos que nos permiten identificar que efectivamente en las regiones, los contratos por prestación de servicios son los que más prevalecen frente a los cargos de planta que son mucho mayores en las entidades nacionales”.

Según Sandra, este fenómeno se da porque las entidades territoriales están regidas por una norma de disciplina fiscal muy rigurosa y estricta (Ley 607) que les limita la creación y ampliación de cargos de planta.

Ahora bien, si es cierto que son muchos los colombianos que viven hoy de estos contratos por prestación de servicios, la realidad es que bajo esta modalidad se han desencadenado prácticas de clientelismo que propician la corrupción.

“Desde la línea de investigación que manejamos sobre la lucha contra la corrupción hemos identificado durante las auditorias ciudadanas que hacemos a través del Secop que las entidades no acreditan, es decir, evidencian con cifras la insuficiencia o inexistencia de personal”, expresó la directora.

Asimismo, sostuvo que el personal contratado a veces no cuenta con la idoneidad y experiencia para la labor que requiere la entidad. “A eso hay que sumarle que los informes de ejecución de los contratos por prestación de servicios muchas veces son precarios y no tienen los soportes que reflejen el valor agregado que esa prestación le está aportando a la entidad”.

Frente a esto, señaló que han empezado a poner sobre la mesa de discusión, la forma de pago de las OPS. “Hay actividades que se podrían pagar por eficiencia y resultados. En Bogotá en el distrito se está empezando a implementar esa buena práctica”.

Finalmente, Avellaneda recalcó que, “aunque siempre que hay un cambio hay convulsión y muchos interrogantes, lo cierto es que todas las políticas públicas deben ser planeadas y tienen que prever un tiempo. Necesitamos planes de transición para que esto no ralentice el estado”.

Vea aquí la entrevista completa con Sandra Avellaneda, directora nacional de Academia de la Gestión Pública