Corrupción en regalías: se cayó sanción en caso de patrimonios autónomos

El Consejo de Estado le botó un salvavidas a una de las funcionarias de la Gobernación del Meta que había sido condenada por el tema del dinero de regalías puesto en patrimonios autónomos, o “el caso de las fiducias” como se conoce popularmente uno de los episodios de corrupción en regalías.

Según informó el alto tribunal, dejó sin efectos la decisión por medio de la cual la Contraloría había sancionado a la exdirectora de Presupuesto del Meta, Nohora Marín de Ruíz, a quien se le había impuesto un fallo con responsabilidad fiscal por más de 15.000 millones de pesos.

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Ahora, la Contraloría no solo tendrá que buscar culpables en  otros funcionarios, sino que deberá darle a Marín de Ruiz, 30 salarios mínimos legales vigentes, como reparación al perjuicio moral que le ocasionó con su decisión.

La exfuncionaria había sido sancionada fiscalmente por la Contraloría porque, en su calidad de directora administrativa de Presupuesto, habría tenido parte en la colocación de unos recursos de tesorería provenientes de los excedentes de las regalías del Meta.

Esos dineros fueron invertidos en un patrimonio autónomo cuyo fideicomitente era un particular, dando lugar a una serie de operaciones prohibidas que produjeron un detrimento patrimonial para el ente territorial por más de 15.000 millones de pesos.

En este mismo caso, en febrero del 2011, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general, por 15 años para ejercer funciones públicas, a Esperanza Aya Baquero y Germán Gutiérrez Gutiérrez, en su condición de Directores del área de Tesorería, y a  Néstor Samuel Gutiérrez Gutiérrez, Secretario  Financiero y Administrativo del Departamento del Meta, para la época de los hechos.

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Por su parte, en el caso de Marín de Ruiz, a juicio de la afectada, la colocación de los recursos de las regalías departamentales en el patrimonio autónomo de Proyectar, que se creó tras la firma de un contrato fiduciario entre este consorcio y Fiduagraria en abril del 2006, era ajena a la función que ella desarrollaba frente al presupuesto.

En su criterio, esa responsabilidad es propia de la Tesorería Departamental y así lo demostrarían diferentes disposiciones legales y constitucionales que indicarían que tal gestión fiscal está a cargo de dicha dependencia. De ahí que interpusiera una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se revocara la sanción.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda. Consideró que la directora de Presupuesto, en tanto integraba el Comité Técnico Financiero de la Gobernación del Meta, también era responsable de la autorización de los trámites que debía adelantar la Tesorería para invertir excedentes de las regalías en el patrimonio autónomo de Proyectar, sin que se expresara ningún reparo frente al riesgo de no retorno de los dineros.

La sancionada interpuso recurso de apelación contra esta decisión, insistiendo en la necesidad de dejar sin efectos la sanción. Indicó que su participación en el Comité Técnico Financiero no implica que haya desempeñado gestión fiscal, pues la competente era la Tesorería.

El Consejo de Estado accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Concluyó que, si bien está probado que las competencias de la funcionaria frente a la administración del presupuesto departamental constituyen el ejercicio de una gestión fiscal, ello que no quiere decir que de sus actuaciones surgieran las autorizaciones necesarias para la inversión de los recursos, que fue la causa del detrimento patrimonial.

Dado que no está demostrada acción u omisión dolosa o gravemente culposa en la que haya tenido parte la exfuncionaria frente a la producción del detrimento patrimonial, la alta corte dejó sin efectos la sanción.

Contexto de los patrimonios autónomos

En el 2011, la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las  Entidades Territoriales impuso sanción consistente en suspensión del cargo e inhabilidad especial por el término de seis meses a Adán Ramírez Duarte, quien se desempeñó como Gobernador (e.) del Departamento del Meta para la época de los hechos, “por haber permitido la inversión de excedentes de liquidez del Departamento, realizadas mediante la aceptación de ofertas mercantiles de cesión de derechos de beneficio con pacto de readquisición”.

Para el año 2013,  la Segunda Delegada de la Unidad de Investigaciones Especiales para la Corrupción de la Contraloría General de la República, estableció que el ex gobernador del Meta, Juan Manuel González y dos de sus exfuncionarios, debían pagar 11.650 millones de pesos, porque no regresaron a la administración departamental los recursos de regalías acordados con la Cooperativa Nacional de Caficultores de Calarcá Ltda. (Coocafé).

Bernardo Vela, abogado del exgobernador, dijo en su momento que era una contradicción de la misma entidad porque la Contraloría Departamental del Meta había exonerado de toda culpa a González, al igual que la Procuraduría.

El tristemente célebre  “caso de las fiducias”, o patrimonios autónomos, ocurrió entre los años 2006 y 2007, en medio de una crisis administrativa en la Gobernación del Meta, cuando Adán Ramírez y González ejercieron como gobernadores. En sus administraciones se comprometieron recursos propios y de regalías por 165.000 millones de pesos, al invertir en esas empresa, pero cuyo paradero de los dineros no se volvió a saber, aunque una parte fue devuelto, dijeron los abogados defensores en su momento.