Disputa por tierras de Víctor Carranza

Desde el 2015 el Gobierno está haciendo los trámites para entregarles un extenso lote a familias campesinas que viven allí desde finales de los años 60.

Hace seis años falleció el zar esmeraldero Víctor Carranza, cuyos nexos con los grupos paramilitares nunca fueron del todo esclarecidos por la justicia. Parte de su herencia era un predio de 27.000 hectáreas en Puerto Gaitán (Meta), llamado El Porvenir, que fue usado por su empresa familiar, La Cristalina, para la ganadería. 

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Desde antes de que Carranza se convirtiera en su dueño, estas tierras comenzaron a ser ocupadas por campesinos, los cuales, en 2016, serían reconocidos por la Corte Constitucional como ocupantes históricos y, por ende, con derecho a tener propiedad sobre la extensa finca. Según los cálculos del alto tribunal, ese asunto debía estar ya resuelto hoy. Nada más lejos de la realidad.

En febrero pasado, durante la última mesa interinstitucional, un espacio donde varias entidades del Estado hacen seguimiento al caso de El Porvenir, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) dio un parte desalentador para los ocupantes históricos. El organismo, encargado de manejar las tierras del Estado, les dijo que apenas estaban determinando cuáles de las familias censadas en El Porvenir pueden tener acceso a estas tierras. Esta medida, junto con la titulación de los campesinos históricos, era una tarea que la Corte ordenó que se cumpliera, a más tardar, en noviembre de 2017. Es decir, los campesinos reconocidos por el alto tribunal llevan un año y cinco meses esperando.

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En este proceso de la ANT, en el cual se decide qué pobladores de El Porvenir serán titulados, la Corporación Claretiana, ONG que ha acompañado a los ocupantes históricos, prendió las alarmas sobre la posibilidad de que personas que llegaron hace poco a la finca se cuelen en la adjudicación de tierras. Pues, desde 2015, a El Porvenir han llegado invasores y desplazados de otras regiones del país, lo cual ha generado también graves problemas de convivencia con los ocupantes históricos. Bryan Contreras, abogado de la Corporación Claretiana, advierte que a El Porvenir han llegado personas que quieren figurar como campesinos históricos sin serlo.

¿Quién está detrás?

Según Contreras, uno de los grupos invasores que quiere colarse en medio de la repartición de tierras de El Porvenir es Asoyopo. Tres fuentes que viven en Puerto Gaitán, y que forman parte de la administración local, contaron que esta asociación está conformada por extrabajadores de La Cristalina, la empresa familiar del clan Carranza, y el esmeraldero Juan Beetar Dow. En 2016, la Corte reconoció que, en el pasado reciente, La Cristalina ocupó irregularmente El Porvenir por interpuesta persona, al punto que el alto tribunal dispuso que se verificara que esa empresa no sigue en la finca.

No es tan claro, sin embargo, que esa orden de la Corte Constitucional se haya cumplido al pie de la letra. Otra fuente, que también pidió quedar en el anonimato, aseguró que uno de los exempleados que es parte de Asoyopo es Josefina Rodríguez, quien “durante muchos años fue la mano derecha de Víctor Carranza, era su secretaria”.

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Los Carranza niegan cualquier nexo con las denunciadas invasiones. El Espectador se contactó con Hollman Carranza, el hijo mayor del fallecido zar de las Esmeraldas, quien rechazó de tajo cualquier relación entre su familia y La Cristalina con las asociaciones que son señaladas de invadir las antiguas tierras de su padre. “Esas personas no tienen nada que ver conmigo. No las conozco. En abril de 2015, en un evento público, hice entrega voluntaria y formal al entonces presidente Juan Manuel Santos de El Porvenir. A partir de ese momento no tenemos nada que ver con ese predio”, puntualizó el reconocido ganadero.

El segundo grupo que invade hoy El Porvenir, la Asociación de Desplazados y Campesinos Productores Agropecuarios de la Altillanura (Asdepagral) es liderada por Élber Abril Santamaría, señalado públicamente por el senador Iván Cepeda Castro de ofrecer tierras de El Porvenir sin tener derecho a ello. En septiembre de 2015, el congresista denunció que el entonces candidato a la Alcaldía de Puerto Gaitán por el Centro Democrático, Josué Ardila, prometía estas tierras a quienes lo apoyaran en su aspiración electoral y que Abril era parte del ofrecimiento irregular. Cepeda también mencionó que Floro Salgado, exadministrador de La Cristalina, hacía parte de este entramado.

Otro personaje que, según los campesinos reconocidos por la Corte Constitucional, está aprovechando el limbo de El Porvenir para ocupar esas tierras es Jesús Alberto Contreras Martínez, un viejo conocido de los asuntos judiciales. Como miembro de la Red de Veedurías, Contreras Martínez fue condenado a tres años de prisión en agosto de 2000 por haberse apropiado de recursos de cooperación internacional que el gobierno de Holanda había dado a ese organismo cívico para combatir la corrupción. Pablo Bustos, hoy presidente de ese colectivo, ha hecho visible ante los medios de comunicación este caso.