Inírida: una década en medio de crisis de vivienda

La capital de la ‘tierra de muchas aguas’ es el escenario de invasiones y ocupación ilegal.

Con base en las proyecciones del Dane para el 2023, Inírida (Guainía) cuenta con 37.015 habitantes, de los cuales, 1.200 familias están inmersas en un lío de ocupación ilegal. 

Recientemente la Procuraduría General de la Nación hizo visible la problemática que desde hace una década aqueja al municipio: estas familias habitan predios pertenecientes a la gobernación del Guainía.

Cerca de 1.162 lotes ubicados en las zonas Casa Blanca, Jardín, y Poblado son el escenario de este lío cuya solución, según la Procuraduría, está en manos de la administración departamental al tener que establecer los criterios de la adjudicación de los predios, que permitan formalizar a los ocupantes. 

No obstante, de acuerdo con Carlos Mario Martínez, secretario de Infraestructura del departamento, la situación ha sido evaluada desde la anterior Gobernación con el fin de iniciar con la legalización de cada vivienda, teniendo como avance la entrega de 411. Sin embargo, el proceso de ejecución de los otros predios tardaría.

“Este es un proceso larguísimo, viene con muchos trámites legales. Estamos solicitando a la Asamblea, facultades para poder efectuar todo el tema de registros públicos y escrituras de otros asentamientos que llevan un proceso. (…) También está la solicitud del proceso de selección para entrar a depurar quienes no son aptos para recibir la vivienda. Esto no tarda ni un mes, ni tres meses, tenemos hasta el 31 de diciembre de este año, de acuerdo con los términos legales”, explicó el funcionario.

Según lo compartido por la Procuraduría, tanto la gobernación del Guainía como la alcaldía de Inírida, asumieron el compromiso de elaborar, antes de finalizar el mes de febrero, el proyecto de ordenanza y un borrador del proyecto de acto administrativo que reglamente los criterios de inclusión de los beneficiarios, tomando en consideración las normas del orden nacional como las establecidas por el Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda.

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Héctor Augusto Tejada, diputado y presidente de la asamblea del Guainía, explicó a Periódico del Meta que el jueves el proyecto se leyó en plenaria y fue trasladado a la comisión del plan de desarrollo, de ahí se ordenará un ponente y este tendrá que llevarlo a debate de comisión. 

En lo que compete a los criterios de inclusión para asignar la legalización de predios, Tejada explicó que los beneficiarios deben de cumplir con ciertos requisitos.

“En algún momento ciertas personas recibieron subsidios de vivienda por desplazamiento, ellos no aplican. Tampoco aplica si son extranjeros, los derechos en educación y salud son universales, pero no se puede ir a dejarles vivienda, de acuerdo con la caracterización si alguno de los dos conyugues es extranjero, se haría el proceso con la persona de nacionalidad colombiana”, indicó.

Asimismo, los habitantes que sean propietarios de otros predios en el municipio también serán depurados.

“Hemos descubierto que hay personas que tienen tres o cuatro lotes, comerciantes del pueblo o gente de mala fe que alquila los predios. De eso no se trata, la idea es que sea una solución por familia. Hay unas directrices del ministerio de Vivienda en donde son muy enfáticos de que se entregue a quien verdaderamente lo requiera y necesite. La administración está buscando la solución más pacifica al conflicto, no queremos llegar a que se deban hacer desalojamientos. La idea es solucionar de la mejor manera a los iniridenses que han ocupado los predios la tenencia de estos lotes”, añadió el diputado. 

Invasión al ambiente

Del total de predios ocupados ilegalmente, 412 familias se encuentran apostadas en las rondas de humedales circundantes del municipio. En este caso, los predios no pueden ser legalizados. La gobernación junto a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA) deberán encargarse de reubicar a la población. 

“Le hemos dicho que se salgan para reubicarlos, pero los que ya tienen algún tipo de construcción, pero hacen caso omiso. Eso ha retrasado el proceso. Pero está claro que están un humedal, si no se salen por voluntad se tendrá que acudir a practicar los desalojos. Se les está dando la oportunidad de reubicarlos”, puntualizó el diputado Tejada.