Menonitas invaden ecosistema ancestral

La polémica se desató alrededor de la comunidad extranjera ante nuevas denuncias de posibles construcciones ilegales en las que se habría afectado ambientalmente el territorio Liviney, que en sikuani significa ‘Estrella’.

Por Camilo Gallo |

Una denuncia por parte de las comunidades indígenas que habitan los territorios de protección ancestral en la vereda La Cristalina de Puerto Gaitán, puso en vilo la palabra del presidente, Iván Duque, quien semanas atrás se comprometió con la protección del medio ambiente en la cumbre de gobernadores.

Según comentó Alberto Contreras, líder social de la zona, el territorio Liviney se encuentra incluido por la Agencia Nacional de Tierras como un terreno baldío indebidamente ocupado, por lo que una comunidad menonita que se apoderó de estos predios que están en proceso de reclamación, al parecer, están deforestando y afectando los recursos hídricos, además de aplicar prácticas agrícolas poco ecológicas.

Al lado de Liviney, también están los terrenos de Barrulia, Iwitsulibo y Tsabilonia.

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Fuentes de Cormacarena dijeron a Periódico del Meta, que ha realizado visitas de seguimiento, por lo que se logró la incautación de una retroexcavadora que estaba siendo utilizada para el volcamiento de árboles en el predio Campo Alegre en la vereda La Cristalina.

“Actualmente se encuentra abierta la investigación. Además, en una visita realizada junto con la Policía Ambiental se identificaron cuatro estructuras sobre los cauces de las fuentes hídricas. Dicha información se encuentra siendo analizada por el personal técnico de la Corporación con el fin de determinar la legalidad de las mismas”, explicó la fuente de Cormacarena.

En la corporación se encuentran en proceso de determinar la afectación en las zonas con mayor impacto, con el objetivo de cuantificar el daño e individualizar a los infractores de la comunidad menonita.

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Pese a que en algunos casos las comunidades indígenas se rigen bajo su propia Ley, los nativos elevaron sus denuncias a las entidades del Estado, esperanzados en que lograrían el apoyo para la protección de los recursos naturales que antes embellecían su hogar.

La Fiscalía General de la Nación se refirió a la denuncia indicando que actualmente se encuentran activos tres procesos: uno por el delito de Ilícito aprovechamiento de recursos naturales, que se encuentra en etapa Juicio; un segundo proceso por daño a los recursos naturales en etapa de indagación; y un tercer proceso por el delito de ilícito aprovechamiento de recursos naturales, que se encuentra en etapa de indagación también.

“La primera ya está en juicio. Significa que se está recolectando evidencia que permita determinar la comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, e identificando los posibles autores y participes”, menciona la respuesta de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía.

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La situación es preocupante según comentaron algunas personas que han accedido al lugar, pues, afirman que se han tumbado árboles, moriches, se ‘descapotaron’ las lagunas y que sus prácticas de producción se basan en monocultivos y petroquímicos.

Así mismo, el Departamento de Policía Meta solicitó a Cormacarena y a la Oficina Agropecuaria y del Medio Ambiente del municipio intervención y apoyo para verificar lo que se estipula en la denuncia, por lo que se realizó una visita técnica el pasado martes a la vereda La Cristalina.

Lo que evidenció la visita

En diálogo con Periódico del Meta, el secretario Agropecuario y del Medio Ambiente de Puerto Gaitán, Carlos Pineda, comentó que se evidenciaron daños ambientales que son materia de investigación, por lo que se establecieron algunos acuerdos que están pendientes por firmar donde se comprometan a cuidar el medio ambiente, y realizar los procedimientos de acuerdo a la normatividad colombiana para acceder a los permisos correspondientes para ocupar el cauce, captar el agua, realizar el aprovechamiento forestal, entre otras actividades que están desarrollando.

Añadió que el paso a seguir es caracterizar a la población, ya que no hay un censo que permita identificar cuántas personas de la comunidad menonita hay en el territorio actualmente, así como su ocupación y su ubicación dentro de los terrenos en disputa.

“Hay un puente de ellos que tiene permiso, los otros dos, al parecer, no cuentan con la autorización; hay carreteras que no están autorizadas, arados que no están cumpliendo con la ronda hídrica por su cercanía al caño o los humedales, entonces se les hizo la aclaración”, indicó Pineda.

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Por el momento, la denuncia ya está establecida y falta esperar que Cormacarena adelante una investigación fiscal. Las entidades se comprometieron a realizar una vigilancia continua y permanente.

El asentamiento menonita

Esta comunidad llegó al departamento, según lo registró el periódico El Tiempo, en 2016, cuando inició la compra de terrenos a 90 kilómetros del casco urbano de Puerto Gaitán, reuniendo así 17.200 hectáreas negociadas a 2018 con una inversión cercana a los 64.000 millones de pesos.

Se ubican en tres grandes haciendas denominadas: Liviney, Australia y La Florida, donde el 60 por ciento del terreno lo ocupan en producción agrícola bajo el modelo de monocultivo, y el restante en edificaciones de vivienda, escuelas y una iglesia.

Esta comunidad se caracteriza por no seguir ningún escrito de la iglesia ni a la iglesia en sí, además, se niegan a prestar juramento o el servicio militar. Su objetivo es ser una comunidad basada en la pobreza y la caridad.

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