Vigilancia informal, en la frontera de la ilegalidad

El país registra más de 50 empresas de vigilancia privada que prestan servicios comunitarios, pero que no tienen documentos que acrediten si legalidad.

Por: Luissa Fernanda Pérez Castañeda

La inseguridad en la ciudad ha sido una razón de peso para que la ciudadanía contemple la posibilidad de contratar la ayuda de vigilancia privada, sin embargo, algunas empresas que ofrecen este servicio no están legalmente constituidas.

Roberto Arroyave, alto Consejero para la Seguridad en Villavicencio, explicó que, aunque el servicio sea personalizado, si no está legalmente constituido y si no se hace un estudio de la empresa o la persona, la comunidad “podría estar contratando a un delincuente”.

“Algunos vigilantes que trabajan de manera informal, sobreviven con lo que cada casa les paga, no tienen otro ingreso; el problema es que a esas personas no se les hace un estudio de su empresa o su currículo por lo que en algunas ocasiones resulta siendo un delincuente, entonces, cuando la mayoría de casa se atrasan en los pagos, este delincuente es el que le avisa a su banda en qué momento queda desocupada la casa y cuanto se demoran esos habitantes en regresar, porque uno como ciudadano comete el error de encargarles la casa si se va de paseo y cuando regresa ya no hay nada”, explicó el funcionario a Periódico del Meta.

Agregó que este fenómeno sucede cuando se contratan empresas ilegales de forma informal generando en la comunidad un resentimiento social hacia este tipo de servicios ya que de cada 20 casas que tiene una cuadra, solo pagan cuatro quienes indirectamente se están beneficiando de la seguridad que pagan las pocas viviendas.

“Eso nos ha traído problemas, la seguridad y vigilancia privada tiene que estar bajo la ley 356 de 1994 que la regula. En los consejos de seguridad hemos realizado la invitación a los vigilantes que hacen las rondas en los barrios para que se inscriban en los frentes de seguridad”, señaló Arroyave.

Sin embargo, los vigilantes no hacen esa gestión por varias las razones, pero en especial por el estudio que se realiza desde la Sijin o porque los compromete en algunos momentos como un servicio ilegal.

La recomendación es para los ciudadanos, al momento de adquirir estos servicios ya sea para un conjunto o para la calle, consulten la Superintendente de Seguridad y Vigilancia si ese servicio está autorizado ya que bajo la normativa se regulan los horarios y la modalidad del servicio.

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