‘A corte de febrero tenemos 130 ingresos en el ICBF Meta’ | Entrevista
- Publicado en Mar 07, 2026
- Sección Entrevistas
El reclutamiento de menores y la violencia sexual están entre las principales causas por las que niños y adolescentes están ingresando al sistema de protección en el Meta. Las autoridades advierten que las redes sociales se han convertido en un nuevo canal de captación.
Por Melissa Céspedes
En el Meta, las cifras de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes siguen encendiendo las alertas. A corte de febrero de 2026, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reporta 130 ingresos a procesos de restablecimiento de derechos en el departamento, en su mayoría relacionados con violencia sexual, violencia física, abandono y entornos familiares conflictivos.
Al frente de esta labor está Lida Johanna Murcia Deiva (L.M.), directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el Meta. Psicóloga y especialista en Gestión Territorial de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con más de 15 años de trayectoria en la entidad, donde ha pasado por centros zonales, defensorías de familia y áreas misionales, consolidando una experiencia directa en protección, primera infancia y responsabilidad penal para adolescentes.
En entrevista con Periódico del Meta (PDM), la funcionaria analiza las principales causas de ingreso al sistema, los municipios con mayores reportes, el aumento de casos en los últimos años y los retos frente al reclutamiento de menores, así como la situación actual del Centro de Atención al Menor Infractor El Yarí.
Lea: Nelson Zambrano, comandante del Departamento de Policía Meta habló sobre la seguridad en la región | Entrevista
PDM: ¿Por qué ingresan los menores al ICBF?
L.M: El Instituto colombiano de bienestar familiar es el encargado de proteger a toda la niñez de nuestro país. Aquí en el Meta podemos tener gran variedad de casos y motivos de ingreso al proceso de restablecimiento de derecho, pero digamos que, haciendo una verificación de nuestro sistema de información misional, dentro de las problemáticas más grandes que tenemos está la violencia sexual, la violencia física, el abandono por parte de adultos, problemas de interacción familiar que generan que muchos de los niños, niñas y adolescentes ingresen a estar bajo responsabilidad de nosotros.
PDM: ¿Cuáles son los municipios en donde se presentan mayores casos?
L.M: Bueno, esto varía. Villavicencio por ser capital del departamento sin duda es el que marca una diferencia con respecto a los otros municipios de la región. También depende de la idiosincrasia de cada uno. Si nos vamos por centros zonales podría decir que en el centro de Granada es un poco más marcada la situación por problemáticas de grupos armados y de pronto de violencia, pero si nos vamos hacia el lado de Puerto López, es un poco más de violencia sexual porque tenemos bastante comunidad étnica y digamos que allá no se ve esta problemática de la misma forma que lo vemos fuera de su contexto.
PDM: Hablando de cifras, ¿se puede hacer una comparativa con los anteriores años?
L.M: Claro que sí. Nosotros hicimos una verificación del Sistema Nacional que es donde hacemos el registro de peticiones que ingresan. Para el 2023 tuvimos 1.131 casos, en el 2024, 1.156, lastimosamente, para el 2025 que es el año exactamente anterior, 1.238. A corte del mes de febrero, estamos sobre los 130 ingresos.
PDM: En cuanto a la salud mental de los jóvenes y de los niños que han sido reclutados, ¿Cómo se maneja ese proceso desde el ICBF?
L.M: Tenemos una Defensoría de Familia exclusiva para hacer este acompañamiento y que maneja esta población víctima de conflictos. Cuando son traídos estos adolescentes y jóvenes menores de edad, ellos son de una otra manera quienes están a cargo de ellos para hacer todo el proceso de restablecimiento de derechos.
PDM: ¿Desde el ICBF se están implementando algunas medidas para mitigar el reclutamiento por redes sociales?
L.M: Sí. Frente a este mal proceso, este flagelo que se está en aumento en los últimos años, nosotros estamos haciendo un trabajo arduo en la prevención. A través de todo nuestro sistema transversal realizamos procesos para que las familias se empoderen de la prevención porque son ellos, digamos, los primeros garantes y cuidadores de los menores de edad.
Las redes sociales están llevando a que tengamos poco manejo sobre la información que nuestros niños, niños y adolescentes están recibiendo y si están utilizando estos medios para poder captarlos, para poderles dar falsa información e inducirlos y llevarlos a hacer parte de estas filas de conflicto armado.
PDM: ¿cómo es el acompañamiento psicosocial y la vinculación con las familias, después de que los niños han sido recuperados del reclutamiento?
L.M: Nosotros tenemos una tarea bastante importante ahí, tenemos que garantizar que estos adolescentes ingresen al seno de su casa, de su familia, no solamente con sus derechos garantizados a nivel de salud, a nivel educativo, sino que ellos se sientan tranquilos y en un espacio seguro.
Lastimosamente, cuando ellos se ven enfrentados a la realidad, a volver a sus casas, encontramos muchas situaciones difíciles, como amenazas, nuevamente de los grupos armados, intención de volverlos a reclutar, rechazo por la comunidad, temores mal infundados y digamos que el trabajo desde el ICBF es fortalecer esos vínculos mientras el joven, el adolescente está con nosotros, a fin de que cuando lleguen a su familia pueda mantener un equilibrio emocional, poder estar ya en contacto con comunidad, darle una calidad de vida, fortalecer su proyecto de vida, ingresar a un futuro laboral que le permita tener un buen manejo en comunidad y en sociedad.
PDM: Uno de los temas más coyunturales en el departamento es el Centro de Atención del Menor Infractor El Yarí. ¿Cuántos jóvenes están vinculados?
L.M: Actualmente tenemos 47 jóvenes vinculados en la modalidad de responsabilidad penal para adolescentes.
PDM: ¿Recientemente se han presentado intentos de fugas?
L.M.: Este año no hemos tenido evasiones como en otros anteriores que dificultan los procesos, estamos trabajando fuerte con el operador que en este momento maneja esa modalidad desde el ICBF, a fin de que podamos generar espacios pedagógicos, espacios de reeducación, de socialización con los jóvenes para evitar que ellos salgan y busquen una manera no adecuada de no cumplir su modalidad.
PDM: ¿Cómo es el acompañamiento que menciona?
L.M: El ICBF realiza un acompañamiento psicosocial. Hay dos defensorías actualmente haciendo el acompañamiento de los jóvenes de responsabilidad penal, ellos hacen un trabajo con el adolescente pero también con la familia, somos como su primer respondiente por así decirlo mientras hace todo su proceso y cumplen su sanción, pero también hay un equipo psicosocial y pedagógico por parte del operador de responsabilidad penal que es el que tiene un contacto directo más frecuente con el joven y hace todo su proceso de acompañamiento desde la evaluación inicial hasta su proceso pedagógico y de restauración, hasta su salida.
PDM: ¿Se han implementado acciones para mitigar estos intentos de fuga?
L.J.M: Claro que sí, se han fortalecido espacios más educativos para que los jóvenes tengan menos tiempo libre a fin de que se evite que ellos estén pensando en la fuga, pero pues también tenemos un trabajo muy articulado con la Policía de Infancia, ellos hacen un acompañamiento un poco más seguido, se hacen rondas periféricas constantemente, se hace presencia directamente en la institución haciendo requisas al momento de la entrada de la familia para verificar que no ingresen elementos no adecuados. Incluso hacemos requisas al interior del establecimiento para verificar que adentro no haya armas, drogas o elementos que les permitan a ellos hacer una evasión.
En PERIÓDICO DEL META estamos comprometidos en generar un periodismo de calidad, ajustado a principios de honestidad, transparencia e independencia editorial, los cuales son acogidos por los periodistas y colaboradores de este medio y buscan garantizar la credibilidad de los contenidos ante los distintos públicos. Así mismo, hemos establecido unos parámetros sobre los estándares éticos que buscan prevenir potenciales eventos de fraude, malas prácticas, manejos inadecuados de conflicto de interés y otras situaciones similares que comprometan la veracidad de la información.