Alza del IVA a licores inquieta al Meta

Al cierre de esta edición, los gobernadores pertenecientes a la Federación Nacional de Departamentos y los ministros del Interior y de Hacienda, no han llegado a un acuerdo respecto al Decreto 1474 de 2025, que incrementa el Impuesto al Consumo y eleva el IVA del 5 % al 19 % para licores, vinos, aperitivos y cigarrillos.

Por Daniel E. Jiménez

Los encuentros, realizados en Bogotá, dejan en evidencia la profunda preocupación de las regiones por el impacto fiscal y social de la medida, así como la decisión de los mandatarios departamentales de acudir a instancias judiciales para proteger las finanzas territoriales destinadas a salud, educación y deporte.

Aunque los gobernadores reconocieron la disposición al diálogo por parte del Gobierno nacional, reiteraron que mantienen una postura firme frente a lo que consideran una vulneración del modelo constitucional de descentralización. Por ello, anunciaron que solicitarán a la Corte Constitucional la suspensión provisional del decreto, al advertir que afecta rentas cedidas a los departamentos y pone en riesgo la prestación de servicios esenciales.

El Meta no es ajeno a esta alerta. Durante la primera sesión ordinaria del Comité departamental contra el contrabando, autoridades y gremios advirtieron que el aumento del IVA podría disparar la ilegalidad y la adulteración de bebidas alcohólicas, generar pérdida de empleos, y reducir el recaudo departamental.

Según el análisis presentado por el departamento, el impacto sería mayor al sumarse el reciente incremento del salario mínimo, presionando a bares, restaurantes y a toda la cadena comercial legal.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, expresó una fuerte preocupación por los efectos del Decreto y aseguró que la inconformidad no es aislada. “Con el decreto que todo el mundo viene hablando hace semanas desde la Federación de Departamentos, yo no diría que somos 19 gobernadores, somos todos”, afirmó, al señalar que la percepción negativa frente a la medida es generalizada.

La mandataria advirtió que el aumento del impuesto al consumo y del IVA para licores y cigarrillos “desafortunadamente lo que ocasiona es que aumente el contrabando”, recordando que el comercio ilegal de cigarrillos ya habría crecido un 36 %.

Para entender el alcance jurídico del dilema, Periódico del Meta consultó al abogado Edgar Ardila, quien explicó que los decretos expedidos por el presidente en el marco de una emergencia económica tienen fuerza de ley. “No son actos administrativos comunes, sino actos legislativos”, precisó. En ese sentido, aclaró que los gobernadores, como funcionarios públicos, cuentan con una herramienta constitucional denominada excepción de inconstitucionalidad.

Según Ardila, esta figura permite inaplicar un decreto cuando se considera que vulnera la Constitución, siempre que se expliquen de manera expresa las razones jurídicas. Entre ellas mencionó la autonomía territorial, la descentralización administrativa, la afectación de las finanzas públicas y la falta de consulta previa a las entidades territoriales.

“La gobernadora del Meta puede no aplicar el decreto, pero adquiere la obligación de demandarlo y solicitar su suspensión provisional”, explicó el jurista.

El abogado enfatizó en que esta decisión no genera consecuencias disciplinarias para el mandatario departamental, siempre y cuando se actúe dentro del marco constitucional. Sin embargo, advirtió que, si la Corte Constitucional declara la legalidad del decreto, este deberá aplicarse de inmediato. “Si la Corte lo declara ilegal, las regiones habrán ganado la discusión”, concluyó.

Mientras tanto, los gobernadores reiteraron su disposición a mantener el diálogo con el Gobierno nacional, pero insistieron en la defensa de las rentas territoriales y de los servicios básicos para la ciudadanía.

Entretanto, sectores como la Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas CABA y Asobares, coincidieron en que el decreto podría profundizar el cierre de establecimientos formales, debilitar la competitividad regional y favorecer estructuras ilegales.

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“El contrabando y la adulteración se verán beneficiados, desplazando el consumo legal y aumentando el riesgo de intoxicaciones”, finalizó Beatriz Elena Jaramillo de Llano, directora ejecutiva de la Cámara de CABA.

Finalmente, desde Periodico del Meta intentamos comunicarnos con Luis Alfredo Arias, gerente de la Unidad de Licores del Meta y el gerente de Rentas de la secretaría de Hacienda, César Augusto Charry Castellanos para entender los impactos desde sus dependencias, pero no fue posible.