Así es el Decreto que ajusta el precio del ACPM para vehículos particulares en 2026
- Publicado en Ene 08, 2026
- Sección Nacional
El Gobierno Nacional de Colombia oficializó el Decreto 1428 de 2025, mediante el cual modifica el esquema de subsidios al ACPM (diésel), afectando el precio de este combustible para ciertos vehículos particulares, diplomáticos y oficiales a partir de 2026.
La medida, que se implementará de forma gradual y focalizada en grandes ciudades y áreas metropolitanas, tiene como objetivo principal corregir las distorsiones fiscales del subsidio al ACPM, que históricamente benefició a vehículos que no cumplen una función social esencial y representó una carga significativa para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
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Según el Ministerio de Minas y Energía, la iniciativa no constituye un aumento generalizado del precio del diésel para todos los usuarios, sino un mecanismo diferencial que acerca el costo en estaciones de servicio al valor real del mercado internacional para los vehículos particulares, diplomáticos y oficiales.
Protección al transporte público y carga
Una de las claves del decreto es que el transporte público de pasajeros y de carga queda excluido de los incrementos, con el fin de evitar impactos negativos en el costo de alimentos, logística y desplazamientos que afectarían directamente el bolsillo de los ciudadanos.
El ministro Edwin Palma ha señalado que el subsidio debe priorizar funciones sociales esenciales, como la movilidad pública, y que no es sostenible seguir subsidiando vehículos particulares de alta gama o uso no social, citando como ejemplo unas 360.000 camionetas de lujo que utilizaban el beneficio.
Implementación y seguimiento
La aplicación del decreto será supervisada inicialmente en las principales ciudades, lo que permitirá al Gobierno medir los efectos de la política antes de considerar su ampliación a otras regiones. Este enfoque busca balancear la sostenibilidad fiscal con la protección de los sectores más vulnerables y estratégicos de la economía.
El Gobierno ha insistido en que esta medida forma parte de una política más amplia de eficiencia en el uso de recursos públicos, con miras a fortalecer la estabilidad económica del país en 2026.
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