Atentado con drones explosivos contra el alcalde y la Fuerza Pública en Calamar, Guaviare

El municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare, vivió horas de tensión luego de un atentado con drones explosivos dirigido contra la residencia del alcalde Farid Camilo Castaño, la Estación de Policía y el Batallón de Infantería de Selva N.° 24. El hecho dejó tres personas heridas y generó enfrentamientos entre la Fuerza Pública y grupos armados ilegales en zona urbana.

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Según información recopilada, el ataque ocurrió en inmediaciones de la Institución Educativa Carlos Mauro Hoyos, donde estudiantes y docentes quedaron en medio del fuego cruzado. Uno de los drones utilizados fue derribado por las autoridades, mientras que equipos antiexplosivos trabajaron para asegurar el área y prevenir nuevos incidentes.

El gobernador del Guaviare, Yeison Rojas, rechazó de manera contundente el atentado y aseguró que “en el Guaviare no podemos permitir que los actores armados sigan sembrando miedo ni retroceder hacia tiempos de violencia”. El mandatario confirmó que el alcalde Castaño se encuentra fuera de peligro y solicitó al Gobierno Nacional y al Ministerio de Defensa reforzar las medidas de seguridad en la región.

“Hago un llamado al Gobierno Nacional y al ministro de Defensa para fortalecer la protección del alcalde y de todos los mandatarios locales del departamento. La seguridad y la paz deben prevalecer por encima de todo”, afirmó Rojas.

Por su parte, el alcalde de San José del Guaviare, Willy Alejandro Rodríguez Rojas, también expresó su rechazo al atentado y su solidaridad con las víctimas, al considerar que estos hechos “no solo atentan contra las instituciones del Estado, sino también contra la tranquilidad y la seguridad de toda la ciudadanía calamarense”.

Las autoridades del orden nacional y regional trabajan en la identificación de los responsables y en el fortalecimiento de los dispositivos de seguridad en el municipio, donde actualmente hay presencia reforzada del Ejército y la Policía.

El atentado refleja la compleja situación de orden público que persiste en zonas del sur del país, donde estructuras armadas ilegales continúan disputándose el control territorial y las rutas del narcotráfico, afectando a las comunidades municipales.