Autoridades buscan cerrar el cerco a las mafias del contrabando en el Meta

En Villavicencio se llevó a cabo la primera mesa técnica entre la Gobernación del Meta y la Dirección Seccional de Fiscalías, con el propósito de fortalecer las investigaciones y procesos judiciales contra las redes dedicadas al contrabando y la adulteración de productos como licor y cigarrillos en el departamento.

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El encuentro forma parte de las estrategias derivadas del Comité Departamental Anticontrabando y del Plan de Acción Integral “Compre Legal, Consuma Seguro”, con el que se busca reducir las pérdidas fiscales que deja este delito, además de los riesgos para la salud pública.

Entre los principales acuerdos se destaca el trabajo coordinado con la Sección de Análisis Criminal del CTI, que permitirá estudiar el comportamiento y la ubicación de las rutas y puntos de distribución del contrabando en el Meta. Esta información servirá como base para la judicialización de los responsables y para orientar futuras operaciones de control.

Asimismo, se anunció la articulación con la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, con el objetivo de garantizar una atención ágil a los casos de capturas en flagrancia por delitos de contrabando o adulteración.

Otro punto de análisis fue la posible asignación de funciones de Policía Judicial al Grupo Operativo Anticontrabando (GOA) de la Gobernación del Meta. Esta medida fortalecería la capacidad investigativa del equipo encargado de las inspecciones y operativos de control sobre la venta y transporte de productos ilegales.

El coordinador del GOA, mayor (r) Germán Mendoza, señaló que el propósito de esta articulación es lograr que los implicados respondan ante la justicia por delitos como evasión fiscal, corrupción de alimentos, lavado de activos y falsificación de timbre oficial, entre otros.

“Este es el comienzo de un gran trabajo que busca que ante la justicia se responda por delitos que afectan la economía regional y la salud pública”, indicó Mendoza.

De acuerdo con la Gobernación, el fortalecimiento de las investigaciones y la judicialización efectiva de estos casos no solo busca imponer sanciones, sino también proteger las rentas del departamento, que se destinan a financiar sectores como salud, deporte y educación.

Con esta mesa técnica, las autoridades esperan dar un nuevo impulso a la lucha contra un flagelo que continúa afectando el comercio legal, la competitividad regional y los ingresos del Meta.