Bajo la línea | Editorial

Desde el jueves 27 de noviembre, el departamento del Meta tiene un nuevo contralor electo: Diego Meyer. La noticia no sorprende. En un territorio donde los nombramientos en los órganos de control suelen avanzar por carriles estrictamente políticos, su elección se veía venir. Lo que sí genera inquietud es la poca esperanza que este resultado deja frente al fortalecimiento de la vigilancia fiscal en la región.

El cargo más reciente de Meyer fue el de Defensor del Pueblo regional Meta, una posición que exige independencia, firmeza frente a los poderes locales y un compromiso transparente con la ciudadanía. Sin embargo, antes de ese rol, Meyer ocupó una silla muy distinta: la gerencia de la Unidad de Licores del Meta, durante la administración de Juan Guillermo Zuluaga. Su paso por esa entidad dejó más interrogantes que resultados. El aguardiente Llanero, cuyo impulso comercial era uno de los principales retos, no logró despegar, y las finanzas del producto tampoco mostraron una recuperación significativa bajo su liderazgo.

Si bien la experiencia en órganos de control es clave —y Meyer la tiene, al haber sido contralor del Vichada y de Villavicencio—, su llegada a la Contraloría del Meta revela un hilo que se repite y que para muchos es el verdadero motor de sus ascensos: su cercanía política con Zuluaga. Más que un mérito profesional, parece ser esa línea la que pesa en su hoja de vida. Y allí radica la preocupación.

La inquietud aumenta cuando se recuerda que Jaime Londoño, quien ejerció el cargo durante el periodo 2022-2025, también fue señalado de ser cercano al exgobernador. Así, el departamento estaría a las puertas de otro periodo en el que la misión del contralor podría quedar reducida a un adorno dentro de la Gobernación del Meta. La ciudadanía y los veedores temen que no haya investigaciones serias frente a las denuncias formuladas sobre la gestión departamental.

Hay que ser honestos: durante la administración de Londoño hubo un silencio evidente sobre las obras que dejó Zuluaga con numerosas adiciones y prórrogas, obras que evidenciaron una preocupante falta de planeación. Si en su momento se protegió al exgobernador, surge la pregunta inevitable: ¿ocurrirá lo mismo ahora con la actual gobernadora?

Rafaela Cortés podría enfrentar otro periodo de contraloría débil, con ‘las manos atadas’ ante un grupo político que ya ha limitado su capacidad para ejecutar plenamente su Plan de Desarrollo.

La Contraloría es, o debería ser, el órgano que vela por el correcto uso de los recursos públicos, que audita sin favoritismos y que actúa como contrapeso del poder político.