Con propuesta de $1.800.000 arranca el debate por el salario mínimo 2026 en Colombia

La discusión para fijar el salario mínimo de 2026 arrancó rodeada de tensiones políticas, sociales y económicas. Mientras el Gobierno Nacional llega con un discurso de optimismo sobre el comportamiento del empleo y la actividad productiva, los gremios empresariales y los centros de investigación advierten riesgos inflacionarios y piden moderación.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, abrió el debate asegurando que los indicadores laborales respaldan un incremento “significativo” del salario mínimo. Argumentó que Colombia registra la desocupación más baja del siglo (8,2 %) y que desde el inicio del gobierno se han generado 2,1 millones de empleos, cifras que atribuye a las reformas sociales, especialmente a la Ley Laboral.

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Sanguino también destacó avances en empleo femenino y juvenil, así como la recuperación del campo y el fortalecimiento de la economía popular. Bajo esa perspectiva, afirmó que el país “trabaja más, crece más y empieza a cerrar brechas históricas”, razón por la cual el Ejecutivo defenderá un salario “digno”, siguiendo las recomendaciones de la OIT.

Desde el mismo frente político, el ministro del Interior, Armando Benedetti, agitó el debate proponiendo que el salario mínimo llegue a $1.800.000 en 2026. Para Benedetti, este incremento sería coherente con el crecimiento del poder adquisitivo y el descenso de la inflación, además de representar, según dijo, una reivindicación histórica para la clase trabajadora. “Hoy un obrero gana más de un millón seiscientos y podría terminar ganando más de un millón ochocientos”, señaló, resaltando que los recargos nocturnos, dominicales y festivos ya se pagan al 100%.

Pero la propuesta encendió las alarmas del sector empresarial. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, calificó la idea de subir el mínimo a $1.800.000 como “un verdadero sinsentido”, advirtiendo que un aumento del 26,44 % pondría en riesgo la estabilidad económica. Comparó incluso el escenario con las decisiones salariales en Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Para Cabal, una medida así sería “populismo barato”, atentaría contra la mesa de concertación y podría “embarcar al país en una hiperinflación”.

Sumado a esta polémica, FENALCO informó la decisión de no participar en la Mesa de Concertación Salarial. En una carta radicada ante la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el gremio afirmó que el Gobierno “vacío de contenido el diálogo social” al anticipar públicamente la cifra del aumento del salario mínimo antes de cualquier deliberación formal. Según FENALCO, impulsar un incremento de dos dígitos más del doble del IPC enviaría una señal de que no se busca que la inflación ceda y generaría un riesgo económico sin precedentes. El presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, sostuvo que el Ejecutivo vulnera el principio del tripartismo y desnaturaliza la negociación al tomar decisiones “sin soporte técnico y sin discusión”, lo que afecta la confianza, debilita la institucionalidad laboral y pone en riesgo el empleo, la informalidad y el costo de vida de los hogares. Recalcó además que participar en estas condiciones equivaldría a legitimar una mesa donde “las decisiones fundamentales ya fueron tomadas de manera unilateral”.

En la otra orilla, las centrales obreras celebran la propuesta del Gobierno. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, afirmó que un incremento de esta magnitud sería “música celestial” para los trabajadores y significaría el aumento más alto en la historia del salario mínimo en Colombia. Arias subrayó que el beneficio alcanzaría a 3,7 millones de trabajadores y 1,3 millones de pensionados, y lo describió como un “regalo de Navidad y Año Nuevo” capaz de reducir brechas heredadas de gobiernos anteriores.

Sin embargo, desde el plano técnico la prudencia domina el análisis. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, alertó que la inflación continúa al alza cerró octubre en 5,51 % y que la productividad laboral cayó 0,32 % en lo corrido del año. Señaló que estos factores limitan la capacidad del Banco de la República para seguir bajando tasas de interés y hacen necesario un aumento mesurado del salario mínimo. Según sus estimaciones, la cifra debería ubicarse cerca del 6 % para evitar presiones adicionales sobre los precios y el empleo.

Con estos puntos de partida, Gobierno, empresarios y centrales obreras entran a una mesa de concertación marcada por la distancia entre sus propuestas. Mientras el Ejecutivo insiste en que los datos del mercado laboral permiten un incremento histórico, los gremios piden responsabilidad para evitar efectos inflacionarios y los sindicatos esperan un ajuste sin precedentes. La negociación apenas comienza.