Condenan a Salvatore Mancuso por crímenes contra comunidades wayúu en La Guajira

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla profirió una sentencia condenatoria contra Salvatore Mancuso Gómez, exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por su responsabilidad en múltiples hechos de violencia cometidos contra comunidades indígenas y población civil en el departamento de La Guajira.

De acuerdo con la decisión judicial, Mancuso fue hallado responsable de 117 conductas delictivas perpetradas entre los años 2002 y 2006 por el denominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada que hizo parte del Bloque Norte de las AUC. Durante ese periodo, se documentaron homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, actos de violencia basada en género y otras graves violaciones a los derechos humanos.

El tribunal determinó que este frente paramilitar actuó bajo una estrategia de expansión territorial que afectó de manera directa a comunidades indígenas wayúu en distintos puntos del norte del país. Entre los hechos analizados se encuentra una incursión armada ocurrida en octubre de 2003 en una ranchería ubicada en el municipio de Uribia, donde habitantes fueron sometidos a agresiones físicas y psicológicas, además de la destrucción y apropiación de bienes tradicionales de alto valor cultural y económico para las familias afectadas.

Asimismo, la sentencia incluyó la responsabilidad del grupo armado en homicidios registrados en marzo de 2002 en otra ranchería del mismo municipio, así como en otros episodios que evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas de la región.

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Durante el proceso, se estableció que el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue conformado a comienzos de 2002 con cerca de 150 integrantes, lo que permitió a las AUC fortalecer su presencia en La Guajira y extender su accionar hacia zonas estratégicas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

En el fallo, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a varias comunidades wayúu ubicadas en zonas rurales de Uribia y Riohacha, al considerar que estas poblaciones sufrieron afectaciones continuadas como consecuencia del accionar paramilitar.

Como resultado del proceso judicial, Mancuso fue condenado a una pena principal de 40 años de prisión, una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo término. Sin embargo, la sentencia contempla la aplicación de una pena alternativa de ocho años de cárcel, conforme a lo establecido en la Ley de Justicia y Paz, siempre que se cumplan las obligaciones de verdad, reparación a las víctimas y garantías de no repetición.