Contraloría revisa obras de infraestructura vial en el Meta y advierte riesgo de ‘elefante blanco’

En el marco de la jornada de seguimiento que la Contraloría General de la República desarrolla en el Meta, el vicecontralor general, Carlos Mario Zuluaga Pardo, sostuvo un encuentro con autoridades departamentales, veedores ciudadanos y representantes del Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), para evaluar el estado actual de las concesiones viales y las obras bajo vigilancia fiscal.

Zuluaga explicó que el propósito de la visita es verificar el alcance real de la concesión firmada en 1994 para la Vía al Llano, la cual contempla la intervención, mantenimiento y operación de casi 94 kilómetros de vía estratégica para la movilidad y la economía regional. “Queremos hacer un balance de los procesos de responsabilidad fiscal y revisar la operación del concesionario frente a los compromisos adquiridos, especialmente en los 34 kilómetros iniciales de la vía que presentan fallas geológicas persistentes”, precisó el funcionario.

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El vicecontralor fue enfático en que, pese a la ejecución de más de 29 kilómetros en doble calzada, la falta de continuidad y funcionalidad del corredor lo convierte en un proyecto en riesgo crítico. “Por mucho que tengamos tramos terminados, si la vía no está operativa el 100% del tiempo, estamos frente a un posible elefante blanco”, advirtió.

Durante la mesa técnica, Zuluaga anunció que la Contraloría presentará un balance de los procesos de responsabilidad fiscal vigentes, incluyendo los relacionados con el colapso del puente Chirajara. Aseguró que, aunque las obras afectadas cuentan con pólizas activas, es necesario fortalecer los mecanismos de seguimiento y garantizar que los garantes respondan efectivamente ante los daños estructurales.

El funcionario también hizo un llamado al Gobierno Nacional para adoptar una política de inversión integral. “En los últimos quince años se han destinado entre 450 mil y 500 mil millones de pesos a rehabilitaciones temporales que no solucionan de fondo el problema. Esos recursos podrían haberse invertido en una intervención estructural que garantizara la estabilidad del terreno”, señaló, calificando la situación como “una burla a los habitantes del Meta que sufren afectaciones en movilidad, comercialización y desarrollo”.

Zuluaga confirmó que en noviembre se retomarán las mesas de trabajo con presencia de autoridades nacionales, la gobernadora del Meta, entes de control y veedores ciudadanos, con el fin de revisar el avance de los diseños definitivos para la intervención de los primeros 34 kilómetros. Dichos estudios, actualmente en ejecución, deberán integrarse al alcance de la concesión existente y definir un nuevo cierre financiero.

Entre las opciones planteadas, se analiza la posibilidad de reconfigurar el contrato actual o incorporar nuevos esquemas de financiación, incluyendo la destinación de recursos provenientes de peajes. “El objetivo es establecer una solución definitiva en un horizonte de cuatro a seis años, con estabilidad, calidad y continuidad vial”, puntualizó el vicecontralor.

Finalmente, Zuluaga recordó que el estado de las concesiones viales en el país es positivo en un 80%, aunque reconoció la existencia de proyectos rezagados que deben reestructurarse. En el caso del Meta, insistió en que la acción oportuna del Gobierno Nacional será determinante para evitar que la vía se consolide como otro caso emblemático de inversión inconclusa.