Cuando el atajo se convierte en riesgo | Editorial

Las cifras hablan por sí solas. Si en 2024 se registraron 117 víctimas por accidentes de tránsito en Villavicencio, en 2025 la cifra ascendió a 153 entre casos fatales y no fatales. Este incremento es una alerta permanente sobre lo que ocurre en las vías de la capital del Meta.

Sumado a este panorama, otro dato enciende las alarmas: durante 2025 fueron capturadas 196 personas por el delito de falsedad en documento público, relacionado en gran parte con el uso de licencias de conducción falsas. Un delito que, según las autoridades, puede acarrear penas entre cuatro y ocho años de prisión y que, además, tiene consecuencias directas en la seguridad vial.

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El fenómeno revela una práctica en la que ciudadanos por afán o desconocimiento, recurren a intermediarios para obtener un pase sin cumplir los requisitos legales. El resultado es un documento que aparenta ser legítimo, pero que no tiene los códigos de seguridad ni el respaldo de los organismos autorizados. Más grave aún: detrás de esa lámina fraudulenta puede haber una persona que nunca realizó curso, ni presentó exámenes médicos, ni recibió formación adecuada para conducir.

En un contexto donde el exceso de velocidad y las maniobras indebidas siguen siendo factores determinantes en los siniestros viales, permitir que conductores sin capacitación circulen por las carreteras es jugar con la seguridad de todos. Cada licencia falsa no es solo un fraude al Estado; es un riesgo latente que puede terminar en tragedia. Mientras uno se lucra falsificando las licencias, otro puede poner en riesgo la vida de un sinnúmero de actores viales e incluso, la de sí mismo.

El debate, entonces, no es únicamente legal, también es ético y ciudadano. La cultura del atajo, esa idea de que todo se puede arreglar pagando a un tramitador, está pasando factura. Y la factura se mide en heridos, en familias afectadas y en procesos judiciales que pudieron evitarse.

Las autoridades han intensificado los controles y anuncian más operativos en las vías del Meta. Pero el control policial, por sí solo, no resolverá el problema. Se necesita pedagogía constante, mayor vigilancia sobre las redes de falsificación y, sobre todo, una ciudadanía consciente de que la licencia de conducción no es un simple requisito administrativo, sino una certificación de idoneidad para manejar una máquina que puede convertirse en arma.

Pasar de 117 víctimas en 2024 a 153 en 2025 debería ser suficiente motivo para actuar. Villavicencio debe dejar de estar entre las cabezas de listas cero positivas, aquellas que se repiten cada año cómo si ya tuviera un lugar asegurado.