Defensoría del Pueblo cuestionó bombardeo donde murieron seis menores: Petro defendió la operación
- Publicado en Nov 15, 2025
- Sección Nacional
La Defensoría del Pueblo cuestiona la operación militar en Guaviare y advierte que, incluso en hostilidades, el principio de humanidad debe prevalecer. Gobierno defiende la acción y señala responsabilidad de las disidencias por reclutamiento forzado.
La muerte de seis niños, niñas y adolescentes reclutados por las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de “Iván Mordisco”, durante una operación militar en zona rural del Guaviare, volvió a encender el debate sobre los límites del uso de la fuerza en el conflicto armado colombiano y las obligaciones del Estado bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
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El operativo, en el que también fueron recuperados cuatro cuerpos aún sin identificar, fue confirmado por las Fuerzas Militares esta semana. La Defensoría del Pueblo reaccionó con un pronunciamiento contundente: ningún menor reclutado debe resultar afectado en acciones militares, aun cuando desempeñe funciones de combate dentro de estructuras ilegales.
Defensoría: “El principio de humanidad está por encima de la guerra”
En su análisis, la entidad recordó que el DIH impone límites estrictos incluso en escenarios bélicos y que los menores de edad, así estén participando de hostilidades tras un reclutamiento forzado, conservan protección reforzada.
Los principios de humanidad, precaución, proporcionalidad, necesidad estrictamente limitada y el interés superior del niño, dijo la Defensoría, obligan a evaluar los métodos de guerra para evitar daños excesivos. En esa línea, planteó una pregunta central:
¿Podían haberse empleado otras modalidades de operación con menor daño para los NNA?
La entidad recordó que está prohibido causar más muertes o lesiones de las estrictamente necesarias, y advirtió que reducir la discusión a un cálculo técnico del DIH sería desconocer la degradación del conflicto: menores reclutados convertidos en objetivos militares por la falta de protección estatal.
“El DIH no existe para justificar vulneraciones sino para limitar el sufrimiento humano”, afirmó la Defensoría. También reiteró que no es un organismo para certificar la legitimidad de acciones de guerra, sino para rechazarlas y promover la paz.
El reclutamiento forzado: crimen de guerra y crimen de lesa humanidad
El pronunciamiento enfatizó que la responsabilidad originaria de estas muertes recae sobre las disidencias del EMC, responsables del reclutamiento, considerado crimen de guerra por el Estatuto de Roma y prohibido por el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Protocolo II de Ginebra.
La Defensoría advirtió que la instrumentalización de menores como escudos humanos también constituye una violación grave del DIH.
Respuesta del Gobierno: evitar una emboscada y proteger a soldados
El presidente Gustavo Petro defendió la operación y aseguró que la decisión se tomó para evitar una emboscada contra tropas jóvenes que se encontraban cerca del área.
“Es lamentable toda muerte, y más la de menores. Pero si se dejaba avanzar a los 150 hombres de Iván Mordisco, entonces emboscan a 20 soldados. Tomé la decisión de salvarles la vida”, dijo el mandatario, quien sostuvo que “es fácil teñir de rojo los mapas, difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio”.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respaldó la acción militar y señaló que durante este Gobierno se han realizado 13 operaciones similares contra estructuras de “Iván Mordisco” en Guaviare y Arauca. “No habrá descanso para combatir el terrorismo y proteger a la población”, afirmó durante la ceremonia del Curso de Altos Estudios Militares.
Controversia por afirmaciones del ministro
En declaraciones recogidas por Blu Radio, el ministro sostuvo que “lo que mata no es la edad, es el arma”, frase que ha generado críticas por desconocer la condición de víctimas de reclutamiento forzado de los menores involucrados.
También afirmó que “quien se involucra en hostilidades pierde toda protección”, postura que organizaciones de derechos humanos consideran incompatible con los estándares internacionales de protección reforzada para NNA reclutados.
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