Defensoría señala que aún persisten factores de riesgo para el proceso electoral

La Defensoría del Pueblo presentó el primer informe de seguimiento a la Alerta Temprana Electoral 013 de 2025, emitida en octubre del año pasado, y en la cual se advierte que persisten importantes riesgos para el desarrollo libre y seguro de las elecciones de 2026.

Según el informe, el monitoreo del sistema de alertas identificó 457 casos de amenazas de muerte contra líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos en el contexto preelectoral; evidenciando la presencia continua de grupos armados al margen de la ley que influyen en el territorio y limitan las garantías electorales.

Es el caso de candidatas y candidatos, ya que enfrentan un riesgo estructural caracterizado por homicidios selectivos, amenazas sistemáticas, estigmatización, restricciones a la movilidad, prohibiciones para adelantar sus campañas en territorios donde grupos armados no estatales ejercen gobernanzas criminales.

“Hemos visto vallas en algunos territorios del país; en Cauca, por ejemplo, donde está la imagen de algunos candidatos a la Presidencia de la República, de candidatos de derecha o de oposición al gobierno actual, en la que grupos armados dicen que les es vedado entrar a ese territorio”, subrayó la Defensora.

Quienes compiten por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) han tenido que someterse a “permisos” para poder movilizarse, les han regulado sus acciones proselitistas en zonas rurales y les han impuesto vetos. Las presiones de los grupos armados y la falta de entrega oportuna de anticipos financieros por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) amenazan con anular la representación real de las víctimas.

Las mujeres, mediante hechos de violencia de género de los actores armados, han visto reducido su liderazgo y autonomía política; particularmente, en la subregión Catatumbo.

“Las mujeres enfrentan un mayor riesgo para adelantar sus actividades proselitistas, lo cual hace que su participación tienda a ser formal y enfrenten mayores dificultades para llegar a ocupar una curul en el Congreso”, remarcó la Defensora del Pueblo.

Grupos fuente de amenaza

El autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las autodenominadas Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), el Ejército de Liberación Nacional (Eln), grupos disidentes de las extintas Farc (el autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), el autodenominado Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC), la autodenominada Segunda Marquetalia.

También se constituyen como fuente de amenaza el grupo Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el autodenominado Frente 57 (también disidente), grupos de criminalidad organizada, entre otros.

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La Defensoría señala que, la acción estatal para mitigar estos riesgos ha avanzado de forma desigual. En aspectos como prevención, investigación y apoyo de la Fuerza Pública, se han registrado progresos moderados, pero en otros como la articulación interinstitucional, el cumplimiento ha sido limitado.

Ante esta situación, la entidad creó nuevas recomendaciones dirigidas al Estado, incluyendo la exigencia a las autoridades, particularmente al Ministerio del Interior, para fortalecer el liderazgo, articular mejor las acciones interinstitucionales y garantizar medidas de seguridad que permitan un ejercicio político seguro y sin restricciones.

Este seguimiento evidencia que, aunque las elecciones siguen en pie para la fecha prevista, la principal preocupación de la Defensoría radica en la libertad y garantías de seguridad con las que se llevarán a cabo las elecciones en territorios donde la presencia de grupos armados ilegales limita la participación ciudadana.

La entidad llama a reforzar medidas para así proteger a la población civil y a los actores de dicho proceso democrático.