Demanda busca la pérdida de investidura de diputado del Meta

El Tribunal Administrativo del Meta estudia una demanda de pérdida de investidura contra el diputado departamental Giovanni Beltrán Knorr, en la que se le señala de presuntas inasistencias a sesiones de la Asamblea mientras se encontraba fuera del país y del supuesto cobro de honorarios durante esos periodos.

La acción fue presentada por el abogado Saúl Villar, quien sostiene que el diputado habría salido del país en varias oportunidades entre 2022 y 2025 y que, en algunos de esos lapsos, no asistió a sesiones ordinarias y extraordinarias.

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De acuerdo con el demandante, la conducta podría configurar una presunta indebida destinación de dineros públicos.

“Eso se llama indebida destinación de dineros públicos. ¿Por qué? Porque no solo incurre el funcionario que paga, sino el funcionario que recibe”, afirmó Villar, quien añadió que, en su criterio, también podría existir responsabilidad de otros funcionarios que intervinieron en el trámite de los pagos.

El secretario de la Asamblea del Meta, Jorge Eliecer Parrado, quien es el responsable de adjudicar el acta de asistencia en cada sesión, manifestó a Periódico del Meta que el tema de la demanda le compete netamente al diputado Beltrán Knorr.

Por otro lado, según explicó Villar, una de las ausencias habría sido de al menos ocho días y ya se habrían solicitado certificaciones y registros para sustentar los hechos. El abogado estimó que el proceso podría resolverse en un término aproximado de dos meses, dependiendo del desarrollo procesal.

El antecedente ante la Contraloría

Frente a los señalamientos, el diputado Giovanni Beltrán Knorr manifestó que los mismos hechos ya fueron objeto de revisión por parte de la Contraloría Departamental del Meta en 2025, luego de una denuncia presentada por el mismo abogado.

Según el oficio fechado el 19 de noviembre de 2025 (radicado N.° 1001201-121/227 25), la Contraloría inició actuaciones solicitando a la Asamblea Departamental del Meta documentación relacionada con el diputado: acta de nombramiento y posesión, relación de fechas de sesiones ordinarias y extraordinarias desde 2020, copias de actas, justificaciones de ausencias y discriminación de pagos realizados.

Posteriormente, el ente de control requirió certificaciones específicas de asistencia correspondientes a varias fechas de 2022, 2024 y 2025, así como copia de controles de asistencia y nóminas.

En el cruce de información, la Contraloría indicó que detectó incoherencias entre actas y certificaciones, lo que dio lugar a un nuevo requerimiento documental. Sin embargo, tras revisar la totalidad de los soportes, concluyó que existió “un error en la digitación de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias”.

El pronunciamiento agrega que en las sesiones a las que el diputado no asistió “la Asamblea Departamental del Meta no realizó el pago de la remuneración y prestaciones correspondientes a dichas sesiones”.

Con base en esa verificación, la Contraloría determinó que “no se observa relevancia fiscal en los hechos señalados”.

El documento fue firmado por el entonces contralor departamental, Jaime Londoño Flórez, y remitido como respuesta formal al denunciante.

Beltrán Knorr aseguró que ya respondió ante el Tribunal Administrativo del Meta y solicitó que se incorpore copia del fallo de la Contraloría al expediente.

“El año pasado la Contraloría pidió desprendibles de pago, revisó fechas de salida del país y verificó si me habían pagado o descontado. Se dio cuenta de que era falso lo que decía el abogado y archivó”, afirmó.

El diputado también sostuvo que, conforme a la normatividad vigente, los diputados no requieren autorización previa para salir del país. “Solamente los alcaldes deben pedir permiso a los concejos y los gobernadores al Ministerio del Interior”, indicó.

En ese sentido, calificó la nueva acción judicial como un “desgaste administrativo”, al considerar que ya existía un pronunciamiento previo del órgano de control fiscal.

La pérdida de investidura es una de las sanciones más drásticas en el régimen de los servidores públicos de elección popular. De ser declarada, implica la pérdida de la curul y la imposibilidad de volver a ocupar cargos de elección popular por el término que determine la ley.

El Tribunal Administrativo del Meta deberá ahora analizar la admisibilidad de la demanda, estudiar las pruebas allegadas y determinar si se configura alguna de las causales previstas en la legislación para retirar la investidura.