El ‘enredo’ detrás del aumento de la factura de aseo en Villavicencio

Tras el aumento en la tarifa del aseo, el Concejo Municipal evidenció retrasos en la revisión de toneladas reciclables, debilidades en la vigilancia de asociaciones y fallas en la planeación local.

Por Daniel Jiménez

El reciente incremento en la tarifa del servicio de aseo en Villavicencio, por el cual los usuarios encontraron $4.855 pesos adicionales en la factura de octubre, desató un debate de fondo sobre el funcionamiento del sistema de aprovechamiento en la capital del Meta.

En una extensa sesión de control político, el Concejo Municipal citó a la empresa Bioagrícola del Llano, a la Dirección de Servicios Públicos, la Secretaría de Medio Ambiente, representantes de asociaciones de recicladores, y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), exponiendo inconsistencias y responsabilidades compartidas.

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Desde el debate y tras un previo acercamiento días antes desde Periódico del Meta con la entidad prestadora del servicio de aseo, la gerente de Bioagrícola, Andrea Lesmes, explicó que el incremento de octubre obedeció a una orden de la SSPD para habilitar 6.376 toneladas de material reciclable que habían permanecido en revisión durante 23 meses. “No podemos diferir estos cobros. La norma exige incluirlos en el ciclo vigente, lo que generó el ajuste en la factura”, señaló.

Reiteró que la empresa no recibe recursos del componente de aprovechamiento: “De la tarifa de aprovechamiento Bioagrícola del Llano no recibe un peso. Solo se reconoce un 18% del incremento en comercialización por administrar y recaudar los valores”. Lesmes también aclaró que aún existen 147 reportes de toneladas aplazadas, que, si son certificadas por la SSPD, deberán cargarse nuevamente a la factura de los usuarios.

Uno de los llamados de atención que más destacó fue el del concejal Diego Garay, quien presentó comparativos y denuncias sobre el crecimiento acelerado de asociaciones y presuntas inconsistencias en el reporte de toneladas.

“Pasamos de cuatro asociaciones en 2017 a más de 40 en 2025. ¿Será casualidad o será negocio?”, afirmó, señalando que Villavicencio reporta 77.000 toneladas de aprovechamiento, cifra cercana a las 128.000 toneladas de basura recogidas durante el año. “Es imposible que se recicle casi lo mismo que se bota. Medellín, con diez veces más población, reporta menos toneladas. Aquí hay una falla evidente en la vigilancia”, aseguró el concejal, quien también denunció que recicladores aparecen en varias asociaciones simultáneamente.

“Encontramos personas registradas en nueve asociaciones. ¿Cómo un solo reciclador puede entregar material a tantas entidades? Eso no resiste análisis”. Garay responsabilizó a la administración por la falta de actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PEGIRS) y por un censo de recicladores que no se renueva desde 2020. “Si el municipio no cumple, el sistema se vuelve incontrolable, y lo pagan los usuarios”.

En respuesta, el director de Servicios Públicos, Juan David Díaz, reconoció que 2023 y 2024 fueron años de aumentos atípicos en la inscripción de asociaciones, pero explicó que esto se debió al decreto de transición que dejó la administración anterior. “Ese decreto permitió que asociaciones que venían en proceso avanzaran rápidamente. Muchas no son nuevas, ya existían, pero no habían sido formalizadas”, indicó.

Díaz aseguró que la actual administración modificó esa norma para cerrar la entrada indiscriminada de nuevas asociaciones y que solo cuatro están en proceso de revisión. También pidió a la SSPD mecanismos más estrictos para depurar asociaciones que aparecen inactivas en el SUI, pero que siguen habilitadas.

Mientras que, el secretario de Medio Ambiente, Alexander Novoa, respondió a las críticas sobre la no actualización del PEGIRS, señalando que el proceso está en marcha. “Es un documento técnico complejo que requiere participación de varias entidades. No ha sido ignorado, está en estructuración y se entregará dentro de los tiempos ajustados por la normativa”, manifestó.

Por otro lado, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se desmarcó de responsabilidad sobre decisiones municipales, con la intervención de Carlos Ramírez, delegado para el componente de Aprovechamiento, reiteró que los retroactivos se generaron por cargas en revisión y no por decisiones locales. “Nuestra función es habilitar o negar toneladas según criterios técnicos. No intervenimos en la política territorial. Si una tonelada no cumple con los requisitos, no se certifica”, puntualizó, subrayando que la vigilancia directa sobre asociaciones y recicladores es responsabilidad del municipio.

Al cierre del debate, Irina Salazar, gerente de la asociación de recicladores Recuperarte SAS, pidió no estigmatizar al sector y recordó que la labor de aprovechamiento depende en gran parte del trabajo en calle.