El nuevo reto para quienes sueñan con casa propia

El aumento del salario mínimo ha reactivado el debate sobre el impacto de estos ajustes en el acceso a la vivienda, especialmente en regiones como Villavicencio y el Meta, donde gremios y expertos advierten posibles efectos en los costos de construcción y en la demanda de vivienda nueva.

Por Melissa Céspedes

Uno de los propósitos de Año Nuevo para muchos colombianos es adquirir vivienda propia, un sueño que suele implicar años de trabajo, ahorro, créditos con entidades financieras o incluso procesos de autoconstrucción, levantando la casa ladrillo a ladrillo según las posibilidades económicas de cada familia.

Sin embargo, en este 2026 surge la pregunta de si ese anhelo podría verse frustrado. A finales de diciembre de 2025, el Gobierno nacional anunció oficialmente el incremento del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV), que quedó en $1.750.905, más el auxilio de transporte, para un total cercano a los $2.000.000. La medida fue adoptada mediante los decretos 1469 y 1470, luego de que no se lograra un acuerdo en las mesas de concertación. A este ajuste se suma el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, que cerró en 5,10 %, según cifras del DANE.

Frente a este panorama, la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de los Llanos Orientales (Lonjallanos) explicó que el aumento del salario mínimo tiene un impacto directo en los costos de construcción, debido a que la mano de obra representa una proporción significativa del valor total de una vivienda. Además, este componente también está incorporado de forma indirecta en los materiales utilizados durante la obra. Si bien el ajuste no se refleja de manera inmediata, sí se traslada progresivamente a los nuevos proyectos, especialmente aquellos que aún no han iniciado construcción o se encuentran en fase de estructuración financiera.

En términos reales, este incremento eleva el costo base de las viviendas y presiona al alza el precio final, lo que podría hacer más atractiva, en el corto plazo, la compra de vivienda usada.

En el tema del aumento de la Vivienda de Interés Prioritaria (VIP) y la Vivienda de Interés Social (VIS), con el nuevo SMMLV de $1.750.905, los topes son:

¿Podría disminuir la demanda de vivienda nueva en el corto plazo? Desde el análisis de Lonjallanos, la respuesta es afirmativa. Es previsible una desaceleración temporal, particularmente en los segmentos VIS y No VIS, mientras los hogares ajustan su capacidad financiera al nuevo escenario de precios.

Según el pronóstico de la Corporación, este efecto podría sentirse con mayor fuerza en Villavicencio y en el Meta.

El gremio señala que en la región “el peso de la mano de obra es mayor, los costos de transporte inciden más y a esto se suma la intermitencia constante de la vía principal y las rutas alternas hacia Bogotá, lo que hace que el mercado sea más sensible a los incrementos de precio”. Sin embargo, también se reconoce una ventaja competitiva en algunos municipios del Meta, con acceso más cercano y económico a materiales pétreos como arena, grava, granito y mármol.

Ante un posible riesgo para la ejecución de nuevos proyectos, el sector prevé un escenario de cautela más que de parálisis. Desde Lonjallanos se advierte que “la construcción no tiene hoy el auge de otros años; no se espera un freno total, pero sí un aplazamiento de proyectos marginales, mayor selectividad en los lanzamientos y revisiones en diseños y áreas para mantener precios. Los proyectos bien estructurados continuarán, mientras otros podrían esperar mejores condiciones”.

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Por su parte, Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), recordó que la vivienda no es un bien de consumo inmediato.

“Su desarrollo implica procesos de planeación, preventa, construcción y entrega que pueden extenderse entre cuatro y cinco años. Durante ese tiempo se presentan variaciones en costos, materiales, tasas de interés y regulaciones, lo que obliga a realizar ajustes razonables en los precios futuros para garantizar la sostenibilidad de los proyectos”, explicó.

El dirigente gremial advirtió que modificar las condiciones de fijación del precio desde las etapas iniciales podría afectar el acceso de los hogares a instrumentos clave de la política de vivienda, como subsidios, créditos y tasas preferenciales, que se definen con base en el valor del inmueble al momento de la escrituración.

Camacol también alertó que el incremento del salario mínimo podría elevar entre un 10 % y un 15 % los costos de construcción de la nueva oferta habitacional. Herrera añadió que el gremio ha trabajado de manera articulada con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para aclarar los mecanismos de indexación y precisó que la entidad no ha prohibido la venta de viviendas referenciadas al salario mínimo, siempre que se informe de forma clara al comprador.

Por otro lado, desde la perspectiva técnica de obra, Wilson Loaiza, tecnólogo en construcción, resaltó que el aumento salarial representa un beneficio directo para los trabajadores del sector. “A un obrero se le está pagando sobre un salario mínimo y el incremento es significativo”, señaló.

Aunque reconoce que el alza genera inquietud sobre los costos, Loaiza descarta que esto implique reducción de personal o alteraciones en los tiempos de ejecución.

“No afecta en reducir trabajadores ni en exigir más rendimiento con menos gente. Una obra se rige por un cronograma y, si se disminuye el personal, no se cumplen los tiempos pactados”, afirmó. En su experiencia, el incremento sí termina reflejándose en el valor del metro cuadrado construido.

“Si el año pasado se contrataba el metro de obra con materiales por un millón trescientos o un millón cuatrocientos, hoy es necesario aplicar un aumento, porque sube la mano de obra y suben los materiales, y eso debe verse reflejado en la cotización y el contrato”, explicó Loaiza. Pese a ello, considera que el sector continuará en movimiento, impulsado por la demanda de vivienda nueva, remodelaciones y mejoras locativas.