El reto invisible de los menores desvinculados del conflicto

La desvinculación de niños, niñas y adolescentes de los grupos armados ilegales no marca el final de la violencia en sus vidas. Por el contrario, suele ser el inicio de uno de los procesos más complejos y silenciosos, la recuperación emocional y la reconstrucción de su salud mental.

Por Melissa Cespedes

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de enero de 2026, ingresaron al Programa de Atención Especializado para el Restablecimiento de Derechos 19 menores desvinculados en el departamento del Meta. Los casos se registraron en municipios como Lejanías, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Vista Hermosa y Villavicencio, siendo este último el de mayor número de ingresos.

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De igual forma, durante 2025, la Cuarta División del Ejército Nacional reportó la recuperación de 36 menores de edad en Meta, Guaviare y Vaupés, en el marco de operaciones orientadas al control territorial y la afectación de economías ilícitas.

Más allá de los números, la preocupación principal radica en las secuelas psicológicas que deja el reclutamiento forzado.

El psicólogo del ICBF regional Meta, Cristian Ortiz León, explica que estas experiencias generan lo que en el ámbito clínico se denomina “trauma complejo del desarrollo”.

“El reclutamiento forzado constituye una de las formas más graves de vulneración de derechos, por cuanto impacta de manera directa su desarrollo emocional, cognitivo, social y moral. No se trata de un hecho aislado, sino de una exposición prolongada a violencia, amenazas y ruptura de vínculos protectores”, mencionó Ortiz.

Las afectaciones más frecuentes incluyen manifestaciones asociadas al Trastorno de Estrés Postraumático, ansiedad y depresión. Pesadillas, hipervigilancia, irritabilidad, alteraciones del sueño, sentimientos de culpa, aislamiento social y dificultades en la regulación emocional suelen aparecer de manera recurrente.

“En adolescentes, estas afectaciones pueden acompañarse de conductas de riesgo, desmotivación académica y una marcada fractura en su proyecto de vida”, señaló el especialista.

El abordaje emocional de estos menores no se limita a la atención clínica. Desde el ICBF se insiste en que la recuperación debe entenderse como un proceso integral, progresivo y centrado en la restitución de derechos.

El profesional enfatiza que la primera fase consiste en garantizar condiciones de seguridad y estabilidad emocional: “Se debe crear un entorno protector y libre de amenazas, donde el niño o adolescente pueda experimentar nuevamente confianza. Posteriormente, se trabaja en la elaboración del trauma, sin forzar el relato, permitiendo resignificar la experiencia y reducir sentimientos de culpa o vergüenza”.

El acompañamiento contempla evaluación clínica y psicosocial, intervenciones individuales, familiares y grupales, así como la articulación con el sistema de salud cuando se requiere atención especializada en salud mental.

Además, el proceso incorpora enfoques diferenciales, teniendo en cuenta factores como edad, género, pertenencia étnica y contexto territorial. “La recuperación implica devolverle al niño o adolescente la posibilidad de sentirse seguro, valorado y con futuro”, agregó.

Uno de los elementos más determinantes en la recuperación es el entorno familiar y social. La evidencia institucional indica que la familia, la escuela y la comunidad pueden acelerar, o entorpecer, la estabilidad emocional de las víctimas. “El entorno familiar y social no es solo un componente del proceso: es el eje determinante”, advirtió el ICBF.

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Aun así, los retos son enormes, la reintegración social suele estar atravesada por riesgos de estigmatización, rechazo o discriminación, factores que pueden agravar los cuadros de ansiedad y depresión.

A esto se suma una amenaza latente, el riesgo de re-reclutamiento. Las autoridades advierten que, tras el retorno al territorio, algunos menores pueden convertirse nuevamente en objetivo de los grupos armados ilegales, especialmente en contextos donde persisten economías ilícitas, débil presencia institucional o limitadas oportunidades educativas y laborales.

Asimismo, la entidad ha llamado la atención sobre fenómenos emergentes, como el uso descontrolado de redes sociales en menores, que en algunos casos facilita estrategias de engaño, seducción o captación. Promesas económicas, ofrecimientos de estatus o bienes materiales continúan siendo mecanismos recurrentes de vinculación.

Frente a esto, fuentes del Ejército Nacional explicaron que la prevención del reclutamiento infantil se sustenta en un enfoque integral. Entre las estrategias implementadas se encuentran la presencia militar permanente en zonas rurales, operaciones de control de corredores estratégicos y la cooperación interinstitucional con entidades como el ICBF, autoridades locales, sector educativo, Policía Nacional y Defensoría del Pueblo.

Además de las acciones operativas, la institución adelanta campañas de sensibilización comunitaria. Estas actividades pedagógicas buscan alertar a padres, líderes sociales y jóvenes sobre los riesgos y las consecuencias del reclutamiento forzado.