El Tribunal del Meta tumba al Contralor de Villavicencio y pone en jaque a concejales

El Tribunal Administrativo del Meta detonó una bomba judicial y política en la capital llanera al decretar la nulidad de la elección de Carlos Alberto López López como Contralor Municipal de Villavicencio. La sentencia, emitida el veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025) en el marco de un proceso de Nulidad Electoral, no solo tumba el nombramiento del funcionario, sino que abre una puerta a graves investigaciones penales y disciplinarias contra varios concejales que participaron en el proceso de votación.

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Según el abogado Edgar Ardila, la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta es susceptible del recurso de apelación ante el Consejo de Estado. Este mecanismo legal opera como una salvaguarda transitoria para el Contralor López. «Si el Contralor Municipal apela la sentencia, esta decisión queda suspendida hasta tanto el Consejo de Estado no emita fallos de segunda instancia», explicó el jurista. Esto significa que, en la práctica, Carlos Alberto López puede seguir ejerciendo sus funciones hasta el 31 de diciembre, fecha en la que finaliza su periodo.

Ardila anticipa que el fallo de segunda instancia por parte del Consejo de Estado podría tardar entre seis y siete meses. De ser así, existe una alta probabilidad de que la confirmación o revocatoria de la nulidad ocurra cuando el periodo de López ya haya finalizado. No obstante, el abogado advierte sobre las implicaciones colaterales del fallo, especialmente en sus aspiraciones futuras.

Lo que realmente enciende las alarmas en el Concejo Municipal y en la esfera política municipal y departamental son las compulsas de copias ordenadas por el Tribunal. A diferencia de la decisión de nulidad, que queda suspendida, las investigaciones penales y disciplinarias se tramitan de manera inmediata.

El Tribunal ordena remitir copias a la Fiscalía General por el presunto delito de fraude procesal contra todos los concejales que intervinieron en la elección los cuales fueron David Barbosa, Fabián Bobadilla, Felipe Carreño (Q.E.P.D.), Walter Cock, Diego Garay, Jorge Enrique García (Q.E.P.D.), Ricardo Gómez, Jorge Gómez, Jhon Fredy González, William Hernández, Omar López, Marco Aurelio López, Pedro Nel Macías, Julio Mario Rey, Oscar Rodríguez (Q.E.P.D.), Hanner Sabogal, William Sánchez, Carlos Julio Serrato y Elkin Zapata.

El riesgo para los entonces cabildantes es enorme. «Donde los condenen pierden el juicio y no pueden volver a ser políticos, van a la cárcel porque el delito es fraudulento. Y es uno de los delitos mayormente castigados por la legislación penal», sentenció Ardila. La celeridad en este tipo de procesos es alta, pues «siempre que compulsan copias tribunales de la jerarquía, de los administrativos, la Fiscalía busca conocimiento de manera inmediata».

La segunda compulsa de copias fue ordenada ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial contra el mismo Carlos Alberto López, pero por su actuación como abogado. La investigación se centra en que actuó con causa propia dentro del proceso y, al parecer, realizó «maniobras inadecuadas». Este proceso disciplinario, según Ardila, es previsiblemente «rápido».

En medio del temblor judicial, uno de los 19 concejales de Villavicencio que participó en la votación en 2022 ofreció su versión para Periódico del Meta, prefiriendo mantener su nombre en reserva hasta el resuelve final del fallo. Su postura es de «tranquilidad», argumentando que la responsabilidad legal recae en instancias superiores y no directamente en los votantes.

La primera defensa se basa en la contratación de una universidad externa para llevar a cabo la revisión técnica y jurídica de los documentos de las personas que postularon al cargo. Tanto el Secretario General como la universidad fueron los encargados de realizar el estudio y enviar al Concejo únicamente las personas que, supuestamente, cumplían con los requisitos, «simplemente entregar los depurados, los que están listos para ser objeto de votación».

El segundo punto de defensa es que la plenaria autorizó a la Mesa Directiva para que realizara el procedimiento de selección y tomara decisiones clave. El proceso de elección se aplazó por «bastantes irregularidades», pasando de la Mesa Directiva de 2021 a la de 2022 para su continuación. Por lo tanto, el concejal sostiene que la «responsabilidad recae en las mesas directivas, y recae en las mesas directivas», ya que estas tuvieron la carga de depurar la lista.

Finalmente, el concejal reveló su estrategia de salvamento individual. A pesar de que la votación es pública, el voto es secreto. Manifestó que a él le tocó votar en blanco, utilizando este acto como un «voto de salvamento» que piensa esgrimir ante la Fiscalía para demostrar que no participó en la elección que ahora se considera nula.