En lenguas nativas explican sentencia que exige garantizar derechos de niños indígenas en Vichada

La Defensoría del Pueblo inició jornadas de socialización en comunidades indígenas del departamento de Vichada para explicar, en lenguas nativas, los alcances de la sentencia que ordena al Estado adoptar medidas urgentes para proteger los derechos de la niñez indígena en esta región del país.

El fallo corresponde a la Sentencia T-420 de 2025, emitida por la Corte Constitucional de Colombia en octubre del año pasado, luego de una acción de tutela presentada por la Defensoría tras constatar graves problemáticas en varios resguardos indígenas. Entre ellas se identificaron casos de desnutrición infantil, vulneración de derechos fundamentales, falta de acceso a servicios de salud y ausencia de agua potable.

Las actividades de socialización comenzaron en febrero en comunidades indígenas de la zona rural de Puerto Carreño y se extenderán a un total de 27 resguardos ubicados también en los municipios de Cumaribo, Santa Rosalía y La Primavera.

Para garantizar que las comunidades comprendan el contenido del fallo, las jornadas cuentan con traductores en lenguas amorúa, sikuani y piaroa. El objetivo es que los habitantes de los resguardos conozcan sus derechos y puedan exigir el cumplimiento de las órdenes impartidas por el alto tribunal en sus territorios.

En los primeros encuentros han participado autoridades tradicionales, líderes y miembros de los resguardos Cachicamo, Bachaco, Kanalitojo, Mesetas Dagua, Caño Guaripa, La Hormiga, Wazapana Dagua, Guacamaya Maipore y La Mayera, así como integrantes de las comunidades indígenas Piedra Tonina y Tuteque Roncador.

Durante las jornadas, que en total serán diez, las comunidades han manifestado su interés en que las órdenes de la Corte se traduzcan en mejoras reales en la atención en salud, el acceso a agua potable y la seguridad alimentaria, respetando al mismo tiempo sus prácticas culturales y su autonomía.

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Según lo señalado por la Corte, la respuesta institucional frente a esta situación había sido insuficiente y desarticulada, lo que representa una amenaza grave para los derechos de la niñez indígena en el territorio.

El proceso cuenta además con el acompañamiento de las organizaciones indígenas Orpibo y Asocsiam, que respaldan estos espacios como mecanismos para fortalecer la participación comunitaria y hacer seguimiento al cumplimiento de la sentencia.