Fiscalía acusa a exdirector del Dapre por presunto desvío de recursos de la UNGRD

La Fiscalía General de la Nación presentó este jueves ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia la acusación formal contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), por su presunta participación en un esquema de corrupción vinculado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Según el ente investigador, González habría impartido instrucciones entre septiembre y octubre de 2023 para que directivos de la UNGRD entregaran millones de pesos a excongresistas, utilizando recursos que debían destinarse a atención de emergencias. Los delitos que la Fiscalía le imputa son cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado y lavado de activos. 

De acuerdo con la investigación, el dinero comprometido provendría de un contrato para el suministro de 40 carrotanques para transportar agua potable a comunidades indígenas de la Alta Guajira, proyecto que nunca se ejecutó. Parte de estos recursos habrían sido desviados para pagos presuntamente ilegales a personas cercanas a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes.

Específicamente, el escrito de la Fiscalía señala que 3.000 millones de pesos fueron entregados al expresidente del Senado Iván Name Vásquez, y 1.000 millones de pesos fueron trasladados para el exrepresentante Andrés David Calle Aguas, ambos excongresistas vinculados al caso.

La audiencia de acusación, que marcó el inicio de la etapa de juicio en la Corte Suprema, incluyó además el reconocimiento de víctimas procesales como la propia UNGRD, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Contraloría General de la República y comunidades indígenas afectadas por los presuntos hechos de corrupción.

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El exdirector González, quien también fue director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), compareció ante la Corte y rechazó los señalamientos, calificándolos de “vacíos” y “falsedades”, aunque la magistrada le recordó que el momento estaba destinado a aclarar su comprensión de la acusación.

Hasta el momento, el proceso judicial sigue en curso bajo el principio de presunción de inocencia, y corresponde a la Corte Suprema continuar con el análisis de las pruebas y los argumentos de las partes.