«Gobernadores deben responder por seguridad de alcades» – director de la UNP

En las últimas horas, el Ejército Nacional encontró a cabecillas de las disidencias de las FARC transportándose en camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Esto generó múltiples opiniones que cuestionan la gestión de la entidad para asignar esquemas de seguridad.

Además, la situación de orden público en el Meta es cada vez más insostenible, incluso para las autoridades. Los alcaldes de los municipios que están siendo blanco de extorsión por parte de las disidencias han solicitado insistentemente que se les asigne protección; sin embargo, como respuesta solo reciben un botón de pánico y un chaleco.

últimamente el panorama en los municipios del Meta ha sido desolador, con el cierre del comercio por orden de los grupos ilegales. Ante estos hechos, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, expresó mediante un video lo siguiente:

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«En nuestro departamento, tenemos alcaldes sin ninguna protección, comerciantes extorsionados, municipios con el comercio cerrado, todos amenazados por estos delincuentes que hoy se movilizaban en los carros de la UNP en Antioquia”, expresó la mandataria, y finalizó su intervención con una pregunta que, a los ojos de los habitantes, parece difícil de responder: “Yo me pregunto, ¿hasta cuándo?”

En la emisión de las 12:00 del noticiero RCN, Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la UNP, informó que frente a los cuestionamientos sobre los cabecillas, muchas veces puede parecer injusto que quienes han solicitado protección reciban menos que aquellos que le deben cuentas a la justicia. “Entran en una situación compleja porque sus excompañeros hoy los consideran los principales enemigos y les han declarado guerra a muerte”.

Agregó que, en el caso de los alcaldes que están amenazados, la responsabilidad recae en los gobernadores: “Los gobernadores y alcaldes deben responder por la protección de las personas y los funcionarios que están en su jurisdicción. Sin embargo, la situación ha sido tan complicada que muchas veces quienes piden el esquema son los alcaldes, y entonces queda en manos del gobernador movilizar la fuerza policial y militar para su protección. Nosotros intervenimos después”, dijo el director.

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