Gobierno propone decreto que ajusta tope de vivienda VIS y obliga a vender en pesos

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, publicó un proyecto de decreto que busca modificar las reglas para la adquisición de Vivienda de Interés Social (VIS) en Colombia. La iniciativa, que se encuentra abierta a comentarios, plantea cambios significativos en la forma en que se establecen los precios y los topes máximos de estos inmuebles. 

Según el borrador del decreto, ninguna vivienda VIS podrá costar más del equivalente a 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV). Actualmente, el valor máximo varía entre 135 y 150 salarios mínimos dependiendo de la ciudad, pero con este proyecto el tope sería único para todo el país, lo que en 2026 equivaldría a cerca de 236,3 millones de pesos colombianos.

Una de las principales novedades de la propuesta es que todas las transacciones relacionadas con la VIS como separaciones, promesas de compraventa y encargos fiduciarios deberán pactar el precio total de la vivienda en pesos colombianos desde el inicio del proceso, sin que éste pueda quedar sujeto a variaciones automáticas por el incremento del salario mínimo durante la ejecución del contrato.

El proyecto también prohíbe la indexación automática de los precios de estos inmuebles al salario mínimo, excepto en casos excepcionales debidamente justificados con el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones del DANE. Además, califica como prácticas abusivas la omisión de fijar el precio en pesos desde las etapas iniciales o la inclusión de cláusulas que generen desequilibrios contractuales en perjuicio del comprador.

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El Gobierno argumenta que estas medidas buscan proteger a los hogares compradores y garantizar la función social de la VIS, evitando que aumentos significativos del salario mínimo se trasladen directamente al precio final de las viviendas, lo que podría ponerlas fuera del alcance de los sectores más vulnerables.

La iniciativa ha generado expectación y ya se anticipan debates entre el sector constructor, los gremios inmobiliarios y las asociaciones de consumidores, especialmente sobre cómo estos cambios podrían afectar la oferta y la dinámica del mercado de vivienda social en Colombia.