JEP imputa a 30 militares, incluidos tres generales retirados, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Meta
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra, de lesa humanidad y delitos contemplados en el Código Penal colombiano a 30 integrantes del Ejército Nacional, entre ellos tres generales retirados, por su participación en un plan criminal orientado a presentar homicidios ilegítimos como bajas en combate en el departamento del Meta entre 2002 y 2007. Los hechos abarcan 209 asesinatos, 65 desapariciones forzadas y una tentativa de homicidio.
Las imputaciones hacen parte del Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC) del Subcaso Meta, dentro del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como resultados operacionales en medio del conflicto armado.
Tres generales retirados entre los máximos responsables
La Sala de Reconocimiento de Verdad atribuyó responsabilidad como máximos responsables —bajo el título de autores por omisión impropia— a:
•Brigadier general (r) Carlos Ovidio Saavedra Sáenz
•Mayor general (r) Carlos Eduardo Ávila Beltrán
•Brigadier general (r) Francisco José Ardila Uribe
Según la JEP, los oficiales omitieron sus deberes constitucionales de control sobre sus subordinados y permitieron la consolidación de patrones criminales que derivaron en asesinatos y desapariciones. Las decisiones de mando adoptadas por cada uno, en distintos periodos, crearon condiciones de permisividad, impunidad e incentivos operacionales que facilitaron los crímenes.
Los otros 27 imputados eran integrantes del Batallón de Infantería No. 21 Pantano de Vargas (BIVAR), del Gaula Rural Meta (GAMET) y de la Séptima Brigada (VII Brigada), y fueron señalados como coautores dentro de una división del trabajo criminal que involucró la planeación, ejecución y encubrimiento de los hechos.
Relación con el paramilitarismo y fallas institucionales
Una conclusión central del auto señala que entre integrantes del Ejército Nacional y el Bloque Centauros de las AUC existió una relación estrecha, reflejada en tres dimensiones:
1. Operaciones coordinadas, tanto defensivas como ofensivas.
2. Permisividad frente al actuar paramilitar y ausencia de operaciones contra su estructura.
3. Presentación de bajas falsas como mecanismo de retribución para permitir el actuar criminal del grupo armado ilegal.
Excomandantes paramilitares como Dairo Antonio Úsuga (“Otoniel”), Manuel de Jesús Pirabán (“Pirata”) y Luis Arlex Arango Cárdenas (“Chatarro”) declararon en el proceso, al igual que antiguos funcionarios de la Justicia Penal Militar y víctimas del subcaso.
La Sala también señaló fallas sistémicas en las instituciones encargadas de proteger a la población en Meta: Justicia Penal Militar, Fiscalía y Procuraduría. La falta de controles efectivos permitió la continuidad de prácticas criminales que afectaron de manera grave y prolongada a la población civil.
La JEP identificó tres patrones macrocriminales que guiaron las dinámicas de los crímenes:
1. Homicidios y desapariciones cometidos entre el BIVAR y el Bloque Centauros
Entre 2002 y 2006 se estructuró una alianza que permitió presentar como bajas en combate a víctimas previamente seleccionadas por los paramilitares o asesinadas fuera de combate. Este patrón dejó 117 víctimas, incluidas aquellas reportadas gracias a cadáveres entregados por los paramilitares a los militares.
2. Homicidios y desapariciones cometidos por el BIVAR sin apoyo paramilitar
Durante todo el periodo priorizado, integrantes del BIVAR seleccionaron, engañaron o atacaron a civiles en zonas de operación para reportarlos como resultados. En total, 37 personas fueron asesinadas y una resultó herida bajo esta modalidad.
3. Asesinatos cometidos por el Gaula Meta en supuestos operativos antisecuestro y antiextorsión
La unidad habría modificado la naturaleza de sus operaciones, privilegiando “bajas” por encima de capturas.
Se documentaron 56 víctimas, incluidos tres menores de edad, en al menos 30 hechos.
Participación de la FAC
La JEP determinó que integrantes de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) participaron en apoyo aéreo cercano que derivó en muertes posteriormente reportadas como bajas en combate. Sin embargo, no se hallaron pruebas de participación dolosa; la Sala consideró plausible que estos uniformados hubieran sido manipulados por miembros del BIVAR.
Los crímenes generaron afectaciones profundas en los niveles individual, familiar, comunitario y territorial. La Sala de Reconocimiento ha adelantado jornadas de caracterización de estos daños y ordenó a la Unidad para las Víctimas actualizar sus registros para garantizar la inclusión de quienes han sido acreditados en este subcaso.
Lo que sigue en el proceso
Tras la notificación del Auto, los 30 comparecientes tienen 15 días hábiles para:
•Reconocer o rechazar los hechos imputados
•Presentar observaciones o pruebas adicionales
La JEP evaluará si existen aportes suficientes a la verdad para convocar una Audiencia de Reconocimiento. Quienes no reconozcan responsabilidad serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), y podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión si son declarados culpables ante el Tribunal para la Paz.
RP
Redacción PDM
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