La Ley 2453: un paso firme hacia la paridad real | Opinión

Cuando pienso en la violencia contra la mujer —física, psicológica, simbólica, institucional, digital, patrimonial y política— reconozco que cada agresión es una herida que va más allá del dolor individual: es un atentado contra nuestra dignidad colectiva. Yo, Ximena, he sentido ese peso, he visto sus huellas en amigas, en compañeras de lucha, en mi propia historia. Y no puedo permitir que nos sigan quitando la voz.

La nueva Ley 2453 de 2025, sancionada por el actual gobierno , marca un antes y un después: por primera vez Colombia cuenta con un instrumento legal que reconoce la violencia contra las mujeres en el ejercicio político y establece deberes de prevención, atención, sanción y reparación. Define que cualquier acción, conducta u omisión basada en género que restrinja nuestros derechos políticos será violencia política. Esa norma exige a partidos, movimientos e instituciones que diseñen protocolos, que capaciten, que sancionen.

Pero entre lo escrito en la ley y la realidad del terreno hay una brecha peligrosa. En territorios donde las estructuras del poder —legítimas o ilegítimas— desconfían que una mujer pueda sostener un proyecto político, surgen las amenazas, el hostigamiento digital, las denuncias infundadas, la presión sobre nuestra familia, el boicot mediático.

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Esa violencia no siempre deja moretones visibles, pero deja cicatrices profundas. La Ley reconoce modalidades de violencia múltiples —psicológica, simbólica, económica, digital, vicaria— porque sabemos que el ataque puede venir por el bolsillo, por una cuenta de redes, por una agresión a nuestros seres queridos. Y hay algo que no podemos olvidar: esta ley debe ser provocadora, disruptiva, porque el statu quo nunca ha cedido poder sin resistencia.

Es urgente que las mujeres que aspiramos a cargos públicos —o que ya están en ellos— rompamos el silencio. Debemos visibilizar el acoso, denunciarlo, apoyarnos unas a otras. Que los partidos no puedan alegar desconocimiento. Que las instituciones que deben protegernos (Consejo Nacional Electoral, órganos de control, autoridades judiciales) cumplan con su deber. Que haya seguimiento real, no solo registro en papel.

Yo me comprometo a levantar mi voz, a que esta columna sea un llamado para que ninguna mujer se sienta sola al enfrentar la violencia política. Porque si ellos nos callan, nos están robando el futuro de una Colombia donde todas podamos participar, decidir, transformar. Y mientras quede una mujer silenciada, mi palabra y mi denuncia serán mi bandera.