La memoria de los dirigentes políticos asesinados en el Meta

Entre 1986 y 2004, Villavicencio y el departamento del Meta fueron escenario de una serie de magnicidios que marcaron la historia política y social de la región. Los crímenes, perpetrados contra líderes de diferentes orillas, reflejan la violencia sistemática que golpeó a quienes ejercían liderazgo público en un territorio atravesado por el conflicto armado, la disputa política y el accionar de estructuras armadas ilegales.

Por Daniel Jiménez

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2004: Tres líderes hallados muertos en un carro

La noche del 13 de septiembre de 2004, la vía antigua entre Briceño y Zipaquirá se convirtió en la escena de uno de los crímenes más recordados. En un Ford Fiesta rojo, la Policía Nacional encontró los cuerpos sin vida de Nubia Inés Sánchez Romero, víctima de cinco disparos; del exgobernador Carlos Javier Sabogal Mojica, con impactos en el pecho, rostro y cabeza; y en el baúl, el cadáver de Eusser Rondón Vargas, con heridas en el rostro.

Ese mismo día, los tres habían viajado por tierra desde Villavicencio a Bogotá. Una de las víctimas presentaba signos de haber sido arrastrada, lo que evidenció la sevicia del crimen. Rondón había sido rival político del entonces gobernador Castro Rincón en las elecciones de 2003.

2004: El asesinato del exalcalde Omar López Robayo

Ocho meses antes, el 22 de febrero de 2004, Villavicencio amaneció con la noticia del asesinato de su exalcalde Omar López Robayo. Dos sicarios ingresaron al complejo deportivo de la empresa Semillano, en el barrio La Alborada, donde López observaba un partido de fútbol. Los atacantes primero acribillaron a sus escoltas y al celador, para luego disparar en repetidas ocasiones contra el exmandatario, quien falleció minutos después de ser trasladado a una clínica.

1998: La muerte de Betty Camacho de Rangel

Dirigente política y líder social, Betty Camacho de Rangel fue reconocida en Villavicencio y el Meta por su compromiso con las comunidades vulnerables y su participación activa en escenarios políticos departamentales. Ejerció como Contralora General del Meta hasta 1985, alcaldesa de Villavicencio entre el 23 de noviembre y el 12 de diciembre de 1979, fue Juez Penal de la capital del Meta, Tesorera Municipal y Congresista, lideró iniciativas sociales en el sector salud y fue defensora de causas comunitarias, lo que la convirtió en una figura respetada más allá de las diferencias partidistas.

Su liderazgo quedó especialmente marcado por su papel en la lucha por la construcción de un acueducto para Villavicencio, un anhelo histórico de sus habitantes, como lo fue “La marcha de las ollas vacías”, protagonizada por más de 150 mujeres llaneras con Betty a la cabeza. Durante seis jornadas a pie por la vieja carretera a Bogotá, estas mujeres rompieron la indiferencia del Gobierno Nacional y, tras insistir y perseverar, lograron comprometer al presidente Belisario Betancur en la construcción del acueducto.

A comienzos de 1983, la dirigente llegó a la conclusión de que la única forma de resolver el problema de conducción, tratamiento y distribución del agua en la ciudad era comprometer al Gobierno Nacional para financiar y ejecutar la obra, convencida de que así se podría superar el despilfarro, la corrupción y la ineficiencia municipal que impedían el acceso al recurso.

El domingo 26 de julio de 1998, en su casa del barrio Caudal de Villavicencio, fue víctima de un atentado sicarial que conmocionó a la ciudad. Mientras atendía a dos mujeres que se hicieron pasar por vendedoras de libros, un hombre de baja estatura ingresó y, sin mediar palabra, le disparó en cinco ocasiones. Betty cayó gravemente herida y, aunque sus familiares lograron trasladarla rápidamente a la clínica La Grama, los médicos no pudieron salvarle la vida.

Su muerte dejó un profundo vacío en el liderazgo femenino y en la política regional, donde su figura simbolizaba la posibilidad de un ejercicio político cercano a la gente, transparente y orientado al servicio público. El crimen sigue siendo recordado como uno de los golpes más dolorosos contra la dirigencia política del Meta en la década de los noventa.

1992: José Rodrigo García Orozco, diputado de la UP

El 26 de noviembre de 1992, el diputado de la Unión Patriótica José Rodrigo García Orozco fue asesinado cuando regresaba caminando a su vivienda en el barrio Santa Inés. Dos hombres se le acercaron y le dispararon en plena calle. La noticia conmovió a la Asamblea del Meta, donde minutos antes había participado en sesión plenaria, según información de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

1988: La masacre de Ringo Rango

El 27 de mayo de 1988, en una taberna del centro de Villavicencio, fueron asesinados por paramilitares Carlos Kovacs Baptiste, presidente de la Asamblea Departamental; Néstor Henry Rojas, abogado y líder político de Puerto Gaitán; María Elena Ramos Sánchez, personera de Vista Hermosa; y el escolta José Antonio Riveros.

Según la información que reposa en los archivos del Movimiento De Víctimas De Crímenes de Estado, la masacre fue atribuida a estructuras armadas bajo el control del esmeraldero Víctor Carranza y se dio en un contexto de disputa política, apenas un día después de que se reconociera legalmente la victoria electoral de Rojas en Puerto Gaitán.

1987: El asesinato de Narciso Matus Torres

En 1987, la sociedad llanera quedó consternada por el asesinato del dirigente conservador Narciso Matus Torres. A las 7:45 p. m., frente al Directorio Conservador del Meta, dos hombres descendieron de una camioneta Ford color verde y abrieron fuego con ráfagas de ametralladora.

Matus, quien había sido alcalde, secretario privado, de Hacienda y de Gobierno de Villavicencio, comisario del Vaupés en dos ocasiones, representante a la Cámara por los Territorios Nacionales, diputado a la Asamblea y gobernador del Meta, así como gerente de la Federación Nacional de Cacaoteros y concejal de Villavicencio, murió en el acto.

Esa misma noche, más de 40 mil personas se congregaron en la sede de la Asamblea Departamental, donde fue instalada su cámara ardiente, en una de las manifestaciones de duelo más multitudinarias que recuerde el departamento.

1986: El crimen de Pedro Nel Jiménez Obando

El 1 de septiembre de 1986, el senador de la Unión Patriótica Pedro Nel Jiménez Obando fue asesinado en la vía a Puerto López, cuando se dirigía a dejar a su hija. Dos hombres en motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones.

Abogado, personero municipal y defensor de derechos humanos, Jiménez había denunciado hostigamientos de fuerzas estatales y grupos paramilitares. Investigaciones posteriores vincularon a oficiales de inteligencia militar en la planeación y ejecución del crimen.

Durante su sepelio, dos militantes de la UP que asistieron —Jair López y Críspulo Hilario— fueron desaparecidos y posteriormente hallados muertos, evidenciando el patrón de persecución contra el movimiento político.

Estos asesinatos no solo truncaron la vida de figuras políticas clave del Meta, sino que también dejaron una profunda herida en la memoria colectiva de la región. Muchos de los casos continúan en la impunidad, como parte de la larga lista de crímenes contra líderes sociales y políticos en Colombia, donde el ejercicio del poder y la oposición han sido, en numerosas ocasiones, una sentencia de muerte.