La tragedia que reveló el turismo sin control en la Sierra de la Macarena

Una joven arquitecta de Tunja perdió la vida en un destino no autorizado dentro del Parque Nacional Sierra de la Macarena. La tragedia destapó la falta de regulación, las responsabilidades difusas entre autoridades y la presión por un turismo creciente sin garantías de seguridad.

Por Daniel Eduardo Jiménez

El 7 de septiembre, Judy Alexandra Castellanos, arquitecta recién graduada de la Universidad Santo Tomás, murió en un accidente en Caño Canoas, sector conocido como la Garganta del Diablo, en la Sierra de la Macarena. Su caso generó conmoción en Boyacá, su tierra natal, y también encendió alertas en el Meta sobre el turismo en zonas no reguladas.

Le puede interesar El Meta, corredor vial para el reclutamiento forzado de menores

El congresista boyacense, Jaime Raúl Salamanca, pidió un minuto de silencio en la Cámara de Representantes y exigió a las autoridades suspender la licencia del operador turístico involucrado.

 “No contaba con las condiciones ni las medidas de seguridad necesarias. Es urgente que el Ministerio de Comercio revise a fondo la actuación de los operadores turísticos”, advirtió.

Extraoficialmente, una fuente explicó que el Ministerio de Industria, Comercio, y Turismo, a través del viceministerio de Turismo, no tiene la misión de vigilancia, control o supervisión de los operadores turísticos. Para el experto consultado, este tipo de tragedias refleja que es necesario, más allá de los sectores de turismo o de comercio, establecer controles incluso que comprometan la gestión del riesgo de los destinos turísticos que ofrecen algún tipo de amenaza.

En este sentido, es necesario involucrar más actores en la cadena, que incluyan a las autoridades meteorológicas, municipales, departamentales, de gestión del riesgo y a la misma comunidad para que, por ejemplo, existan diferentes medios de que se enciendan las alertas de prevención.

Por su parte, el Instituto de Turismo del Meta reconoció que Caño Canoas no está reglamentado como destino ecoturístico. Según Daniel Iván Pardo, subdirector técnico de la entidad, son las alcaldías las que deben establecer condiciones para la operación turística.

“El sector está en transición: antes fue territorio de economías ilícitas y deforestación, ahora el turismo es visto como una alternativa. Pero los destinos deben estar formalizados, con guías certificados y protocolos de seguridad”, explicó.

Sin embargo, el señalamiento sobre la responsabilidad se diluye entre instituciones. Parques Nacionales Naturales de Colombia, a través de un comunicado oficial, aclaró que el único sector habilitado para el ecoturismo en la Sierra de la Macarena es Caño Cristales. Lugares como Caño Canoas, Yarumales o Siete Machos “no cuentan con protocolos ni autorización para uso turístico y además presentan condiciones de orden público”.

El alcalde de La Macarena, César Augusto Sánchez, reconoció que su administración habilita canales de información turística, pero insistió en que se requieren regulaciones más estrictas: “Queremos que el lugar sea formalizado para garantizar seguridad. El año pasado tuvo más de 5.000 visitantes”.

Tras lo sucedido, la Defensa Civil del Meta reportó que en la actual temporada de lluvias han muerto 17 personas en crecientes súbitas de ríos y caños en la región. Su director seccional, Jorge Díaz, hizo un llamado urgente: “La gente sigue entrando a los afluentes pese al riesgo. Recomendamos abstenerse de hacer paseos familiares en ríos y caños durante el invierno”.

El caso de Judy Castellanos se suma a otro ocurrido en julio en el río Güejar, donde tres turistas de Antioquia fallecieron en circunstancias similares. Las tragedias ponen en evidencia lo que en el sector llaman la “guerra del centavo”: agencias que operan sin garantías, a menor costo, y sin medir caudales ni cumplir normas técnicas.

Fuentes del sector turístico reconocen que, desde hace casi una década, destinos no reglamentados en la Sierra de la Macarena son explotados por Juntas de Acción Comunal y organizaciones campesinas, sin permisos oficiales. “Es como abrir un restaurante sin papeles: mientras no pasa nada, funciona. Pero cuando ocurre una tragedia, todo se sale de control”, explicó un operador que prefirió omitir su nombre por seguridad.

Este vacío legal deja a los turistas en situación de indefensión. De acuerdo con el parlamentario Jaime Raúl Salamanca, La agencia señalada de haber vendido el plan a Caño Canoas, presuntamente contrató transporte y guías locales no certificados.

En caso de demandas, la responsabilidad podría caer sobre la empresa, pero también sobre las juntas comunales que, de llegar a comprobarse de recibir pagos, les implicaría posibles procesos judiciales. “Ese es un caso de responsabilidad civil, se demanda directamente a la empresa privada con la cual contrataron, ellos deben saber que esa zona es de especial protección o es una zona a la cual no se puede entrar, los demás intervinientes también se vinculan a la demanda por responsabilidad objetiva”, señaló para Periodico del Meta, la abogada María Pinto, tras consultarle sobre el caso.

Por otro lado, Luis Carlos Londoño, director del Instituto de Turismo del Meta, advirtió que la confianza en el destino se pone en riesgo. “Estamos promoviendo un turismo seguro. Solo quienes tengan registro nacional de turismo y cumplan con la normatividad pueden operar. El problema es que agencias irresponsables siguen llevando gente a sitios no habilitados”.

Extraoficialmente, otras autoridades coincidieron en que, es complejo realizar un control en zonas de la Sierra de la Macarena, ya que, a pesar de estar consideradas como áreas protegidas, quien regula el ingreso a estas son los grupos al margen de la ley.