Las dudas frente a un recorte a la educación del Meta

Un intenso debate se desarrolló en la Asamblea Departamental del Meta durante el segundo debate del proyecto de ordenanza número 4 de 2026, iniciativa presentada por la Gobernación del Meta para modificar el mecanismo de actualización de los recursos del Fondo Social para la Educación Superior (FES).

Por Daniel E. Jiménez

El proyecto propuso cambiar el sistema con el que se incrementan anualmente los recursos del fondo. Hasta ahora, la ordenanza 1211 de 2023 establecía que el monto asignado al programa se ajustara cada año con base en el salario mínimo legal mensual vigente. Con la modificación planteada, el crecimiento del fondo se calcularía con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

Durante la sesión plenaria extraordinaria, la secretaria de Hacienda del Meta, Jaidy Nieto, defendió la iniciativa argumentando que el cambio responde a la necesidad de garantizar la estabilidad financiera del departamento frente a variaciones externas que afectan el presupuesto. “El incremento fue abrupto, del 23 %, más de 16 puntos frente a una proyección del 6,5 % que teníamos inicialmente”, explicó la funcionaria al referirse al aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional.

La base presupuestal del fondo se mantendría en un valor equivalente a 5.000 salarios mínimos calculados con el salario vigente en 2025, pero desde 2026 su actualización anual se haría según en la variación porcentual en el Índice de Precio al Consumidor (IPC).

Según Nieto, ese comportamiento generó presiones sobre los compromisos financieros que estaban indexados al salario mínimo. “La idea de pasar tanto en la indexación de salarios mínimos a IPC los recursos de apuestas a los diferentes fondos no es desfinanciar la inversión ni dejar desprotegidos estos sectores”, señaló durante su intervención ante los diputados.

La funcionaria también explicó que la situación fiscal del departamento se ha visto impactada por factores externos que afectan los ingresos, entre ellos el contrabando técnico de bebidas alcohólicas desde departamentos vecinos que cuentan con exenciones tributarias. “Las rentas departamentales son rentas cedidas y hay algunas variables exógenas que nosotros no controlamos desde el gobierno departamental”, afirmó.

De acuerdo con la secretaria de Hacienda, el departamento incluso ha solicitado al Ministerio de Hacienda revisar algunos regímenes de exención tributaria en regiones cercanas, debido a que los registros históricos muestran incrementos de consumo en departamentos vecinos mientras que el Meta presenta una caída en la recaudación del impuesto al consumo. “Estamos viendo muy afectado el ingreso de la cerveza en el departamento”, aseguró.

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La directora del Fondo Social para la Educación Superior del Meta, Camila Arismendy, respaldó la iniciativa y aclaró para Periódico del Meta, que la modificación no representa un recorte inmediato de recursos ni afectará a los estudiantes que actualmente reciben el beneficio. “No existe recorte de recursos para el Fondo. Lo que se realizó fue un ajuste en el criterio de incremento anual”, explicó.

Arismendy reiteró que los beneficiarios actuales seguirán recibiendo el apoyo financiero bajo las condiciones con las que accedieron al programa. “Esta modificación no afecta los recursos de los beneficiarios actuales, quienes tienen garantizada la financiación durante su proceso de formación”, indicó.

De acuerdo con la información presentada en el debate, actualmente existen 27 convocatorias financiadas con recursos provenientes de la ordenanza que asignó al fondo el equivalente a 5.000 salarios mínimos. De esas convocatorias, siete mantienen beneficios directamente indexados al salario mínimo, por lo que el proyecto incluye un régimen transitorio que preserva esos derechos para los estudiantes que ya se encuentran vinculados al programa.

No obstante, la propuesta generó fuertes cuestionamientos dentro de la corporación. El diputado Wilmar Barbosa anunció su voto negativo al proyecto al considerar que la modificación podría tener efectos negativos en el mediano y largo plazo para la política pública de educación superior del departamento.

“El análisis técnico evidencia efectos estructurales negativos en el tiempo”, afirmó el diputado durante su intervención en plenaria.

Barbosa advirtió que, históricamente, el salario mínimo en Colombia ha crecido por encima de la inflación, por lo que cambiar la indexación al IPC podría reducir progresivamente la capacidad real del fondo. “La simulación financiera muestra que en un horizonte de diez años el fondo podría perder entre un 25 y un 30 % de su capacidad real”, sostuvo.

Para el diputado, la educación superior no debería convertirse en una variable de ajuste fiscal dentro del presupuesto departamental. “La educación no puede ser una variable de ajuste fiscal, hay otras variables, esta no”, expresó.

Barbosa también argumentó que limitar el crecimiento real del fondo podría afectar el desarrollo económico del departamento al reducir la formación de capital humano. “Cada peso invertido aumenta la productividad regional, mejora los ingresos laborales y reduce la pobreza estructural”, afirmó durante el debate.

Desde el sector académico también se han expresado preocupaciones sobre el impacto que podría tener la medida en el acceso a la educación superior. Jesús Alejandro Gartner Trejos, director de promoción institucional de la Universidad Santo Tomás, señaló que el fondo ha sido un instrumento clave para que jóvenes del Meta puedan iniciar estudios universitarios.

“Un posible recorte de recursos en el Fondo Social para la Educación Superior del Meta tendría un impacto significativo principalmente en los estudiantes que esperan acceder por primera vez a este beneficio”, advirtió.

El directivo explicó que, cuando el presupuesto de estos programas se reduce o se limita su crecimiento, la prioridad suele ser garantizar la continuidad de quienes ya cuentan con el apoyo, lo que disminuye las oportunidades para nuevos aspirantes. “Muchos jóvenes que esperaban financiar su ingreso a la educación superior a través de este mecanismo podrían quedar por fuera de las convocatorias”, señaló.

Actualmente, cerca de 400 estudiantes de la institución se benefician del fondo, lo que refleja el alcance que ha tenido esta política pública en el departamento. “Este mecanismo se ha consolidado como una herramienta clave para facilitar el acceso y la permanencia de jóvenes del Meta en la educación superior”, finalizó Gartner.

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En medio del debate, expertos en finanzas públicas también analizaron la iniciativa. Henry Amorocho Moreno, consultor y docente durante 36 años en Hacienda Pública, Tributación y Control Fiscal de la Universidad del Rosario y de la Escuela Superior de Administración Pública, señaló que la propuesta responde a una realidad fiscal que enfrentan los departamentos. “Las finanzas públicas territoriales tienen ingresos bastante rígidos, que normalmente crecen entre el 2 % y el 3 %, mientras que el salario mínimo puede aumentar mucho más”, explicó.

En ese sentido, advirtió que continuar indexando gastos con base en ese indicador puede generar distorsiones presupuestales: “Si sigo indexando un gasto con un aumento del 23,7 % cuando mis ingresos crecen apenas entre el 2 % y el 3 %, se genera una tensión fuerte en las finanzas del departamento”. El analista también sostuvo que el salario mínimo no es una variable económica adecuada para actualizar este tipo de recursos. “El salario mínimo es una herramienta de política laboral, no es un precio de la economía. Por eso no es prudente utilizarlo como indexador”, afirmó.

Para Amorocho, utilizar el Índice de Precios al Consumidor certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística es una alternativa técnica más adecuada: “El IPC es el mecanismo por excelencia que las estadísticas y la ley utilizan para indexar valores económicos”.

Finalmente, indicó que, en el marco de la autonomía fiscal de los territorios, “resulta procedente revisar este tipo de mecanismos para evitar desajustes en las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad del gasto en programas como el fondo de educación superior”.