Lo que el río se lleva en El Castillo

Las intensas lluvias registradas en los últimos días en el departamento del Meta, han provocado emergencias en varios municipios, debido al aumento súbito del caudal de ríos como el Ariari, Cumaral y Guamal.

Por Melissa Céspedes

En El Castillo, el río Ariari se desbordó, dejando incomunicadas a siete veredas, asimismo el río la Cal, generó afectaciones en 17 veredas aledañas, dejando pérdidas en los cultivos y poniendo en riesgo a cientos de familias campesinas.

Esta emergencia ha sido atendida por el Cuerpo de Bomberos de El Castillo, mientras las autoridades locales y departamentales hacen un llamado a la comunidad para extremar precauciones y mantenerse atenta a las alertas ante posibles nuevos desbordamientos.

Desde la vereda El Jardín, una de las zonas más impactadas, habitantes denuncian que se trata de una problemática histórica sin soluciones estructurales. Eliana Olaya, residente del sector, aseguró que las afectaciones se repiten año tras año sin que se materialicen obras definitivas.

“Es muy triste ver la soledad estatal, donde el desarrollo de esta región se nos va a retrasar 10 años”. Según relató, al menos 16 veredas aguas arriba y otras cuatro aguas abajo resultaron afectadas, dejando un balance preliminar de cerca de 500 familias damnificadas, 2000 personas afectadas, pérdida de cultivos y vías rurales destruidas. “No necesitamos más visitas ni fotos; necesitamos un trabajo duradero que realmente proteja a la comunidad”, expresó Olaya.

Frente a la situación, el Gobierno departamental informó que articuló acciones con la administración municipal y los organismos de socorro, priorizando la protección de la vida. La Dirección Departamental de Gestión del Riesgo (DIGERD Meta) anunció que a partir del lunes 26 de enero se iniciarán visitas técnicas en territorio para evaluar daños, identificar riesgos activos y definir intervenciones, incluida la posible utilización de maquinaria amarilla.

Sin embargo, desde los organismos de socorro advierten que las medidas anunciadas siguen siendo insuficientes. El comandante del Cuerpo de Bomberos de El Castillo, Alexander Linares, señaló que las emergencias por crecientes son recurrentes y que las obras de mitigación temporales no resuelven el problema de fondo.

“Esto no es nuevo para los campesinos ni para nosotros. Cada año el río cambia su cauce, se pierden más tierras, más cultivos y se pone en riesgo a la población. Las soluciones que llegan duran uno o dos aguaceros”, afirmó.

Linares alertó además sobre el comportamiento del río Ariari, el cual actualmente presenta un trasvase que mantiene aisladas varias veredas en municipios como El Dorado y El Castillo. Advirtió que, si el río intenta retomar su cauce natural, el riesgo de una emergencia mayor, incluso con pérdidas humanas, es alto.

Por su parte, el alcalde de El Castillo, Daimer Otálora Vera, reconoció que la situación desbordó la capacidad financiera del municipio. Aunque se han ejecutado inversiones en gestión del riesgo, explicó que estas solo permiten acciones temporales y de mitigación. “Un proyecto definitivo cuesta entre 15.000 y 20.000 millones de pesos, y un municipio como el nuestro, con apenas 1.200 millones de libre inversión al año, no tiene cómo asumirlo”, indicó.

El mandatario local también denunció retrasos en el apoyo del Gobierno nacional, particularmente en la asignación de horas de maquinaria prometidas desde hace más de siete meses. Asimismo, advirtió que se requiere ayuda urgente del Gobierno nacional y departamental, especialmente con el envío de geólogos, ante el riesgo creciente por deslizamientos y represamientos de tierra. “Ya no estamos hablando solo de afectaciones menores, lo que se viene es una avalancha”, alertó.

Además, explicó que el movimiento de masas ha reducido de forma crítica la altura de los puentes, que pasaron de estar a unos 12 metros a apenas 4 o 5 metros, situación que está taponando los cruces y desviando el cauce hacia las vías. “Esa tierra está represando y obligando al agua a buscar salida por donde puede, y hoy ese impacto ya lo estamos viendo en las carreteras”, agregó.

Ante la falta de respuestas, advirtió que la comunidad podría desplazarse de sus territorios con el fin de salvaguardar sus vidas. “No queremos que el invierno nos vuelva a sacar del territorio, como antes lo hizo la violencia”, señaló.

Las afectaciones económicas son significativas. Según la administración municipal, en los últimos dos años se han perdido entre 1.600 y 1.800 hectáreas de cultivos de pancoger, además de daños en la ganadería y endeudamiento de familias campesinas que hoy vuelven a enfrentar el mismo escenario.

Mientras avanzan las evaluaciones técnicas, las comunidades insisten en la necesidad de una intervención estructural que ponga fin a una problemática que, año tras año, sigue dejando pérdidas materiales, incertidumbre y riesgo para la vida en esta zona del Meta.