Los archivos que revelan supuestos nexos de alias ‘Calarcá’ con funcionarios del Estado

Un nuevo capítulo se abrió en la crisis institucional que rodea al Estado colombiano tras revelarse documentos que evidenciarían una profunda infiltración de las disidencias de las Farc en organismos como la Fiscalía, las Fuerzas Militares, la Policía y agencias de inteligencia. La investigación, difundida por Noticias Caracol, incluye correos y archivos hallados en dispositivos electrónicos incautados a cabecillas insurgentes y apunta a posibles nexos con dos altos funcionarios del Gobierno.

El hallazgo de esta información se remonta al 23 de julio de 2024, cuando una caravana con siete jefes de disidencias, custodiada por escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), fue detenida en un retén militar en Anorí, Antioquia. Los insurgentes transportaban armas, dinero en efectivo y un menor de edad, lo que configuraba un caso de flagrancia. Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos, la fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó la libertad de cuatro de los capturados —entre ellos alias Calarcá, su compañera Erika y los jefes Ramiro y Urias— con el argumento de que eran “gestores de paz” y, por tanto, no podían ser detenidos incluso en esas circunstancias.

Lo que el país desconocía hasta ahora es que durante este operativo se incautó un centenar de dispositivos electrónicos, cuyo contenido permanece en poder de la Fiscalía desde hace más de un año. En ellos reposan comunicaciones que describen contactos constantes entre miembros de las disidencias y funcionarios del Estado. Pese a la contundencia de los documentos, no existe evidencia de avances investigativos por parte del ente acusador.

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Entre los archivos, uno de los más delicados es una carta fechada el 8 de febrero de 2024, enviada por un guerrillero a alias Calarcá. Allí se relata una reunión en Bogotá con el general retirado Jorge Huertas, quien, según el informe, actuaba entonces como asesor de funcionarios del Ministerio de Defensa, de la inteligencia militar y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

En la comunicación, Huertas habría propuesto la creación de una empresa de seguridad como fachada, un esquema similar al utilizado por estructuras paramilitares en los años noventa para legalizar operaciones. El general ofrecía permisos, armas y vehículos blindados, a cambio de conformar la compañía “mitad y mitad” con los insurgentes. El propósito, según el documento, era garantizar condiciones favorables para la estructura, incluso si las negociaciones con el Gobierno se rompían: “quedaban con hombres legales”, dice uno de los apartes.

La carta también menciona beneficios como movilidad segura, protección en retenes y la gestión de contactos en la Presidencia para facilitar desplazamientos sin controles. El nombre de Huertas aparece relacionado con el presidente Gustavo Petro, vínculo que no es nuevo: en 2022, el general fue retirado del Ejército por orden del entonces comandante Eduardo Zapateiro y, meses después, ingresó a la campaña presidencial. En agosto de 2024 fue reintegrado al servicio y asumió el Comando de Personal.

El segundo funcionario mencionado en la correspondencia es Wilmer Mejía, un licenciado en educación física que, durante el gobierno Petro, pasó a ocupar cargos estratégicos en la inteligencia del Estado.

En los archivos revisados, insurgentes mencionan su participación en planes para viajar a Venezuela junto al general Huertas con el fin de obtener información sobre la muerte de un miembro de su organización. Aunque Mejía se presenta públicamente como un “tejedor de puentes y libre pensador”, las fuentes consultadas indican que su cercanía con el presidente Petro le habría permitido influir directamente en la reestructuración interna de la inteligencia estatal.

Según el informe de Noticias Caracol, varios funcionarios debían entregarle hojas de vida de oficiales para que él autorizara movimientos internos de personal, una labor que tradicionalmente recae en estructuras formales y jerárquicas del sector defensa.

Por su parte, el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la apertura de una investigación rigurosa, en coordinación con los organismos de inteligencia y en apoyo a la Fiscalía, para esclarecer los presuntos vínculos entre funcionarios y las disidencias.

«Como Ministerio de Defensa no dudaremos en tomar las decisiones que correspondan según concluyan las investigaciones. Quiero ser enfático: ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la Fuerza Pública, ni tampoco en las entidades adscritas al sector Defensa, ni por retirados de la Fuerza Pública, ni por funcionarios públicos o particulares», compartió el jefe de cartera en su cuenta de X.