Meta busca recursos para enfrentar la inseguridad con una sobretasa

La propuesta de implementar una sobretasa para financiar la seguridad en el Meta abrió un debate jurídico y político, luego de que la gobernadora Rafaela Cortés planteara replicar el modelo aplicado en Antioquia.

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Mientras la mandataria defiende la iniciativa como una medida urgente para fortalecer a la Fuerza Pública, un diputado y un experto advierten que la creación de este tributo es competencia exclusiva del Congreso y que, además, podría agravar la carga económica de los ciudadanos.

Por Lina Herrera

En medio de un repunte en los indicadores de inseguridad, desde distintas regiones del país se ha manifestado la falta de apoyo en materia de defensa; entre ellas, el departamento del Meta.

El pasado 5 de agosto, desde Medellín, la gobernadora Rafaela Cortés acompañó a la administración de Antioquia en la entrega de 49 camionetas, adquiridas gracias a la ‘tasa de seguridad’: un gravamen que generalmente se cobra a través del recibo de servicios públicos —como el de energía— para financiar acciones de seguridad y convivencia ciudadana.

En Antioquia, este tributo es obligatorio para los estratos 4, 5 y 6, así como para el sector comercial e industrial. Se calcula en función del consumo de energía (kilovatios-hora), se cobra cada tres meses y permite financiar la operatividad de soldados y policías en el departamento.

La mandataria del Meta celebró este modelo de recaudo y manifestó la necesidad de implementarlo en su territorio:

“En el Meta también tenemos claro que en muchos departamentos del país la seguridad es vital para nuestros territorios. No puede haber desarrollo si no hay seguridad; no podemos avanzar si no hay seguridad. Nuestra Fuerza Pública está poniendo el pecho, con sus vidas, a la seguridad. Por eso, la inversión en ellos es importante y vital”, manifestó Cortés desde Medellín.

Sin embargo, la iniciativa generó reacciones negativas dentro del Meta. Para el diputado Wilmar Orlando Barbosa, la seguridad es una prioridad, pero no debe resolverse con más impuestos en un momento en el que miles de familias enfrentan dificultades sociales y económicas.

En una carta dirigida a la gobernadora, Barbosa expresó su preocupación por la propuesta de creación de la sobretasa. El documento recuerda que, según un fallo reciente del Consejo de Estado (29 de julio de 2025) y la sentencia C-101 de 2022 de la Corte Constitucional, este tipo de gravámenes por parte de las asambleas departamentales es ilegal, ya que la facultad para expedir impuestos y tasas corresponde de manera exclusiva al Congreso de la República.

“Entendemos la legítima preocupación frente a la seguridad ciudadana, un tema prioritario para todos. Pero es importante destacar que la Gobernación del Meta cuenta con autonomía financiera y la capacidad para diseñar estrategias propias, innovadoras y eficientes para atender esta problemática. La gestión y redistribución adecuada de los recursos con que cuenta la administración departamental puede generar impactos positivos, sin necesidad de imponer cargas adicionales a la población”, expuso el diputado en el documento.

Frente a la legalidad y viabilidad de la sobretasa, Periódico del Meta consultó a Henry Amorocho, experto en Hacienda y docente de la Universidad del Rosario. El académico explicó que la aprobación de tal recaudo no es competencia de la Asamblea Departamental, sino del Congreso de la República, pues se convertiría en un “tributo más”.

“Es una modificación a un tributo existente. Pero hay una regla en el derecho: en este, las cosas se deshacen por donde se hacen o se modifican por donde se hacen. En este caso, quien estaría modificando un tributo que origina el Congreso es la Asamblea y, desde luego, esto lo hace ilegal”, indicó Amorocho.

Además, señaló que existen múltiples sentencias en tribunales administrativos sobre este tipo de intentos:

“En el país se está desarrollando un movimiento en el que los departamentos y municipios están tratando de ir por encima de las competencias naturales en el origen de tributos, las cuales tiene el Congreso. Los municipios y departamentos no pueden originar tributos; esa es una competencia única del Congreso y se radica en el artículo 150, numeral 12, cláusula general de competencia para la originación de tributos”.

Autoridades del Meta defienden la sobretasa

Mientras expertos en Hacienda como Henry Amorocho sostienen que implementar la sobretasa de seguridad es ilegal si no pasa por el Congreso, funcionarios de la Gobernación defienden la necesidad de aplicar el tributo.

Para Andrea Lizcano, secretaria de Gobierno del Meta, la reducción de los recursos destinados por el Gobierno Nacional a seguridad ha dejado a las regiones en desventaja:

“Eso es muy crítico. Ese es el centralismo que afecta a las regiones. Nosotros, los departamentos y las alcaldías, dependemos de las decisiones del Gobierno central en la mayoría de las inversiones. Y si llega un gobierno al que no le parece importante la seguridad, al desfinanciarla mire lo que está pasando: en el Meta, cuando empezó la paz total del presidente Petro, había un grupo armado, la estructura de Calarcá. Hoy en día hay disidencias: está la de Mordisco, una Segunda Marquetalia, y esta se dividió”, enfatizó Lizcano.

La funcionaria recalcó que no se puede hablar de paz mientras las estructuras criminales se financian con recursos del narcotráfico y la extorsión: “Mientras ellos se financian y tienen dinero, la Fuerza Pública no”.

Lizcano también defendió la legalidad de la medida, al recordar que la Ley 418 de 1997 establece instrumentos para financiar acciones de seguridad y convivencia:

“Las Asambleas pueden poner una tasa, los Concejos municipales también. El Valle lo tiene hace más de quince años. En el Meta quizá no se había pensado porque estaban los ingresos de regalías y por ahí se hacían inversiones. Pero hoy en día, con una Fuerza Pública desfinanciada, en donde nos ha tocado a nosotros salir a comprar carros y motos en gran cantidad, y con las condiciones de los soldados y policías deprimentes —hay estaciones de policía que se están cerrando porque se están cayendo a pedazos—, eso es lo que queremos: fortalecer el departamento. Pero todos debemos poner, porque lamentablemente siempre terminan poniendo los mismos cinco o cuatro empresarios de siempre”.