Ministra de Transporte habló sobre coyuntura en el kilómetro 18 | Entrevista

En medio de una rueda de prensa, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas (M.R.), aseguró que el Gobierno Nacional avanza en la estabilización del kilómetro 18 de la vía Bogotá–Villavicencio, punto crítico que mantiene parcialmente interrumpida la principal conexión entre los Llanos Orientales y el centro del país. Con una inversión superior a $9.000 millones en obras de drenaje, contención y mitigación, la funcionaria anunció que en seis semanas podría habilitarse un carril, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Rojas explicó que, además de las acciones de emergencia, el Ministerio impulsa 28 proyectos comunitarios en Cundinamarca por más de $18.000 millones, destinados a mejorar vías rurales y generar empleo local.

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PDM: ¿Cuál es el diagnóstico actual del punto crítico en el kilómetro 18 y qué acciones se están ejecutando?

M.R.: Estamos frente a un talud saturado por acumulación de aguas subterráneas y lluvias constantes, que generaron una falla inestable. Desde el 7 de septiembre iniciamos obras de drenaje y mitigación que suman más de $9.134 millones. Son intervenciones complejas, pero indispensables antes de cualquier reconstrucción estructural. Estamos retirando material suelto, instalando drenes, mejorando canales y monitoreando el terreno las 24 horas.

PDM: ¿Existe un tiempo estimado para la reapertura de la vía?

Nuestro objetivo es habilitar un carril en mes y medio, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Esto permitiría conformar un par vial junto a la variante provisional y reducir los tiempos de tránsito entre Bogotá y Villavicencio. Es un compromiso exigente, pero estamos trabajando día y noche para cumplirlo.

PDM:  Mientras tanto, ¿cómo se está manejando la movilidad y qué medidas se han tomado para mitigar los impactos económicos?

M.R.: Actualmente operamos bajo un esquema 3×3, con tres horas de paso por sentido, lo cual ha permitido una mejor regulación del flujo vehicular. Además, implementamos descuentos del 50% en peajes para vehículos de carga y del 30% para automóviles livianos, junto con una suspensión parcial de controles en básculas, bajo supervisión de la DITRA. Sabemos que el cierre afecta la economía del Llano, y por eso estas medidas buscan aliviar temporalmente a los transportadores y empresarios.

PDM: ¿Qué tan grave es la afectación económica para la región y qué sectores son los más impactados?

M.R.: El impacto es fuerte. La vía al Llano moviliza el 40% de los alimentos que abastecen a Bogotá y gran parte de los insumos industriales del Meta, Casanare y Vichada. El transporte de ganado, el turismo y la distribución de combustible han sentido el golpe. Por eso, además de las medidas viales, estamos promoviendo rutas alternas y acompañando a los gremios para evitar una parálisis regional.

PDM: Usted mencionó rutas alternas. ¿Qué opciones están disponibles y en qué estado se encuentran?

M.R.: Tenemos tres corredores habilitados: la Transversal de Cusiana, la vía Une–Cáqueza–Guayabetal y la Transversal del Sisga. Son rutas de apoyo que están recibiendo mantenimiento constante. Ninguna reemplaza completamente la vía principal, pero ayudan a mantener la movilidad del comercio. Además, estamos invirtiendo en proyectos de placas huella y mantenimiento rural para fortalecer las conexiones locales.

PDM: ¿De qué manera se está involucrando a las comunidades de Cundinamarca y el Meta en la atención de la emergencia?

M.R.: La participación comunitaria ha sido clave. A través del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, destinamos $18.200 millones para 28 proyectos de infraestructura en Chipaque, Une y Cáqueza. Son obras ejecutadas directamente por las Juntas de Acción Comunal, que mejoran las vías rurales y generan empleo local. Además, realizamos PMU semanales con alcaldías, transportadores y medios regionales para mantener una comunicación directa con el territorio.

PDM: Más allá de la atención inmediata, ¿qué se proyecta como solución definitiva para este punto crítico?

M.R.: La ANI está elaborando los estudios técnicos para definir una obra estructural definitiva. Evaluamos alternativas como un nuevo viaducto o un túnel corto que evite la zona más inestable. Este tipo de proyectos requiere estudios geológicos detallados y fuentes de financiación sostenibles. Analizamos opciones con regalías, adiciones presupuestales e incluso obras por impuestos.

PDM: El presupuesto 2025 no contemplaba esta emergencia. ¿Cómo se está financiando actualmente la intervención?

M.R.: Es cierto que el cierre ocurrió después de aprobado el presupuesto, pero hemos realizado reasignaciones internas y gestiones extraordinarias. El Gobierno no puede esperar a la aprobación de un nuevo marco fiscal para responder. Lo importante es garantizar continuidad, sin detener las obras.

PDM: ¿Cómo evalúa la respuesta institucional y la coordinación entre entidades?

M.R Ha sido un esfuerzo interinstitucional ejemplar. La ANI, el Invías, la DITRA y los organismos locales han trabajado articuladamente. También hemos contado con el respaldo de la Gobernación del Meta y las alcaldías de los municipios del corredor. En emergencias de esta magnitud, la coordinación es tan importante como los recursos.

PDM — ministra, algunos sectores reclaman una mayor planeación y soluciones más de fondo. ¿Qué responde a esas críticas?

M.R.: Este tipo de emergencias nos demuestra que no basta con reaccionar, debemos anticiparnos. La vía al Llano tiene 90 puntos críticos identificados, y necesitamos una estrategia de mantenimiento permanente, no solo de emergencia. Sin embargo, el compromiso está: estamos actuando con rigor técnico, transparencia y visión a largo plazo.

PDM: ¿Qué mensaje envía a los habitantes del Llano y a los usuarios de la vía?

Primero, que comprendan que esta es una obra técnica, compleja y que requiere tiempo. Segundo, que tengan confianza: hay compromiso y voluntad. Cada semana mostraremos avances verificables. Y tercero, que sigamos trabajando unidos: Gobierno, gremios y comunidad. La vía al Llano no es solo una carretera, es el corazón económico y social de toda una región, y su recuperación es una prioridad nacional.