Procuraduría abre indagaciones por menores de edad dados de baja en operaciones militares
- Publicado en Nov 18, 2025
- Sección Nacional
La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de cinco indagaciones preliminares para determinar si en las recientes operaciones militares contra estructuras criminales armadas se presentaron posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). La decisión se tomó de oficio, en el marco de las funciones constitucionales y legales de vigilancia y control disciplinario del ente de control.
Según la entidad, en dichas operaciones resultaron muertos al menos quince menores de edad, un hecho que requiere un examen institucional “exhaustivo, riguroso y objetivo” para esclarecer las circunstancias en las que se desarrollaron las acciones y el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales sobre uso de la fuerza en contextos de conflicto armado.
El objetivo de las indagaciones es verificar si se respetaron los principios del DIH que regulan la conducción de hostilidades, entre ellos precaución, humanidad y proporcionalidad, con el fin de establecer si las autoridades actuaron conforme a los protocolos vigentes.
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La Procuraduría reiteró que el reclutamiento y utilización de menores por parte de grupos armados ilegales constituye un crimen internacional no susceptible de amnistía y rechazado por la legislación colombiana y la comunidad internacional. La entidad recalcó que no existe justificación para vincular niños, niñas y adolescentes a actividades de guerra, exponiéndolos a riesgos extremos y vulnerando sus derechos fundamentales.
El Ministerio Público también recordó que el DIH reconoce la posibilidad de que las Fuerzas Militares ejecuten operaciones ofensivas —incluidos bombardeos— contra objetivos legítimos conformados por combatientes, incluso si entre ellos se encuentran menores reclutados ilícitamente. Sin embargo, enfatizó que estas acciones obligan al Estado a cumplir estrictamente los principios de precaución y proporcionalidad, así como a adoptar todas las medidas factibles para reducir el daño a la población especialmente protegida.
Las indagaciones preliminares, según la entidad, se desarrollarán con rigor, imparcialidad y celeridad, garantizando el debido proceso y articulación institucional para obtener información operacional, pericial y testimonial relevante.
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