Pujas normalizadas | Editorial

“Normalicemos decirle la verdad en su cara a todo el que nos caiga mal”, dice uno de los memes que inunda las redes sociales.  

‘Normalizar’ es uno de esos verbos que ha tomado fuerza en chat y los diálogos de grupos para dar a entender que algo puede o no convertirse en asunto de la cotidianidad.  

Así, tal cual, los llaneros hemos “normalizado” las pujas politiqueras por las instituciones de la región. Ya es un asunto de conversación “normal” decir que el grupo político de Juan Guillermo va por esta entidad o que Felipe lucha por quedarse con la dirección de tal otra o que los de Bogotá feriaron votos a cambio de puestos en el Gobierno Nacional. 

La politización de instituciones clave como la Universidad de los Llanos, Cormacarena y la Cámara de Comercio de Villavicencio, entre otras, lejos de fortalecer nuestras entidades, las debilita y socava la confianza de la ciudadanía en los objetivos y funciones que deben cumplir.  

Este no es un problema menor y n deberíamos “normalizarlo”. Cuando permitimos que la politiquería permee cada rincón de nuestras instituciones, estamos naturalizando una práctica que erosiona su credibilidad y eficacia. La Universidad de los Llanos, por ejemplo, debería ser un bastión de conocimiento y desarrollo humano, no un campo de batalla para intereses políticos. De igual manera, Cormacarena y la Cámara de Comercio de Villavicencio deben centrarse en sus misiones de protección ambiental y fomento económico, respectivamente, sin verse arrastradas por las corrientes políticas coyunturales del momento. 

Lo que ha rodeado la elección de rector y de egresados de la Unillanos; la pugna por el control de Cormacarena y hasta disputa por abrogarse la terminación de un puente de 10 metros que hacía tres años se construía, hacen parte de ese paisaje que se pinta cuando todo se politiza.  

Todas las entidades deben tener una política clara y definida, pero esto no debe confundirse con la politiquería. La política institucional debe enfocarse en la transparencia, la eficiencia y el servicio a la comunidad. En cambio, la politiquería convierte a estas instituciones en fortines burocráticos, donde los intereses personales y partidistas prevalecen sobre el bien común. 

La politización excesiva no solo afecta la percepción pública, sino que también tiene consecuencias prácticas. Las decisiones se toman no en función de criterios técnicos o científicos, sino de conveniencias políticas. Esto puede llevar a una gestión ineficiente, a la pérdida de recursos y, en última instancia, a un deterioro en la calidad de los servicios que estas instituciones deben ofrecer. 

Ya lo normalizamos, no lo perpetuemos.