Radiografía del riesgo electoral en el Meta: entre la polarización y la intimidación

A pocos días de las elecciones parlamentarias y algunos meses de las presidenciales de 2026, distintos informes de organizaciones de observación electoral advierten un escenario complejo para el ejercicio democrático en la región suroriente del país, especialmente en el departamento del Meta, donde confluyen riesgos por violencia, presiones armadas y posibles irregularidades electorales.

Por Daniel E. Jiménez

La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó en el presente mes de febrero, el estudio Mapas y Factores de Riesgo Electoral. Elecciones nacionales 2026, un análisis elaborado por 37 investigadores de universidades, centros de pensamiento y organizaciones especializadas, que identifica territorios con vulnerabilidades frente a fraude y violencia política. 

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El coordinador regional de la MOE para el Suroriente, Luis Enrique Amado, explicó para Periódico del Meta, que los riesgos no solo están asociados a la presencia histórica de actores armados, sino también al aumento de tensiones políticas entre campañas.

“Los factores de violencia corresponden a amenazas derivadas de la injerencia de grupos armados ilegales, agresiones contra liderazgos y restricciones al ejercicio político”, señaló Amado, quien agregó que la polarización electoral se ha convertido en un elemento que puede escalar conflictos regionales.

Según el informe, en Colombia existen 170 municipios con algún nivel de riesgo electoral, de los cuales 81 están en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio. En la región suroriente, siete municipios presentan alertas críticas, entre ellos, Puerto Gaitán y Puerto Rico aparecen en nivel de riesgo extremo por coincidencia de factores de fraude y violencia, mientras que La Macarena y Uribe se ubican en riesgo alto, y Mapiripán en riesgo medio.

Asimismo, el análisis sobre posibles irregularidades electorales señala alertas en municipios como Castilla la Nueva, San Martín y nuevamente Puerto Gaitán, debido a comportamientos atípicos en participación electoral, votos nulos y dominio político registrados en procesos anteriores, lo que mantiene encendidas las alertas institucionales en varias zonas del departamento.

“El hecho de que haya menos reportes no significa que no estén ocurriendo hechos; muchas situaciones no se denuncian por temor o desmotivación”, explicó el coordinador regional.

Para la MOE, aunque algunos registros muestran reducción en reportes oficiales de hechos violentos desde 2021, esto no necesariamente refleja una mejora real del contexto. Según Amado, existe subregistro por miedo o desconfianza de las comunidades al denunciar.

Las alertas coinciden con el informe de seguimiento a la Alerta Temprana 013 de 2025 de la Defensoría del Pueblo, que advierte que el Meta enfrenta riesgos relevantes para el ejercicio libre de los derechos políticos debido a la presencia de grupos armados ilegales y debilidades en la respuesta institucional.

El documento señala que organizaciones como disidencias de las Farc, estructuras criminales y otros grupos ejercen control territorial que limita la movilidad, el proselitismo político y la participación ciudadana, generando presiones sobre candidatos y votantes.

Además, identifica como poblaciones más vulnerables a candidatos, líderes sociales, juntas de acción comunal, firmantes de paz, periodistas y comunidades rurales, quienes enfrentan amenazas que podrían afectar la transparencia electoral.

Frente a las advertencias, la secretaria de Gobierno del Meta, Andrea Lizcano, aseguró que las autoridades mantienen seguimiento permanente a las alertas, especialmente en municipios históricamente afectados por violencia electoral.

La funcionaria recordó que existen antecedentes graves en procesos anteriores. “Hace cuatro años una jurado de votación fue asesinada en medio de elecciones, y además se ha evidenciado presencia de estructuras disidentes, lo que obliga a mantener vigilancia institucional constante”, afirmó.

Lizcano indicó que, pese a las preocupaciones, hasta el momento no se ha tomado la decisión de trasladar puestos de votación y la Registraduría Nacional mantiene la planeación electoral vigente mientras continúa la evaluación del riesgo.

Desde la academia, el experto en sistema electoral y director del Observatorio de la Democracia de la Universidad del Rosario, Yann Basset, llamó a diferenciar entre violencia política grave y conflictos propios de la competencia electoral.

“El asesinato político o la intervención de grupos armados en elecciones es extremadamente grave y tiene consecuencias profundas para la democracia. Otra cosa distinta son los discursos agresivos o el vandalismo contra propaganda, que, aunque reprochables, no tienen el mismo impacto”, explicó el analista para Periódico del Meta. 

Para Basset, confundir ambos fenómenos puede distorsionar el análisis del riesgo real, aunque reconoció que la exaltación política puede convertirse en un factor de escalamiento si no se controla oportunamente.

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Los informes coinciden en que el principal riesgo no sería la suspensión de las elecciones, sino la consolidación de una participación limitada por presiones armadas o sociales, donde los ciudadanos voten bajo intimidación o restricciones indirectas.