Revocatoria: fin del aguante | Opinión

La revocatoria del mandato es uno de los mecanismos más potentes de la democracia participativa, porque devuelve al ciudadano la capacidad de evaluar, en tiempo real, el desempeño de sus gobernantes. No se trata de un acto de confrontación política, sino de un procedimiento institucional diseñado para revisar si un alcalde está cumpliendo con su programa, garantizando servicios fundamentales y tomando decisiones responsables para el bienestar colectivo. En Villavicencio, la discusión sobre la revocatoria ha surgido a partir de hechos que la ciudadanía percibe como verificables: dificultades en servicios esenciales, retrasos en obras estratégicas, decisiones administrativas cuestionadas y un descontento creciente frente al rumbo de la gestión local.

Lea: Turismo sin agua | Opinión

Para quienes defienden la revocatoria, estos hechos no se limitan a molestias cotidianas: constituyen señales claras de una posible desconexión entre lo prometido y lo ejecutado. Cuando un gobierno local no logra asegurar condiciones mínimas en servicios públicos, mantenimiento urbano, planificación territorial o ejecución presupuestal, se abre la puerta a una preocupación legítima. La revocatoria surge entonces como un mecanismo de evaluación, no de confrontación. Su propósito es permitir que la ciudadanía decida, mediante un proceso legal y transparente, si el alcalde conserva la confianza pública necesaria para continuar el mandato.

Quienes apoyan la iniciativa sostienen que la figura cumple una función preventiva: corregir el rumbo antes de que las dificultades administrativas se conviertan en crisis profundas. La gobernanza requiere continuidad, sí, pero también exige resultados y responsabilidad. Un alcalde debe ser capaz de demostrar avances medibles, respuestas oportunas y coherencia con su programa de gobierno. Cuando estos elementos no están presentes, la revocatoria deja de ser una opción política para convertirse en una herramienta de protección institucional.

Algunos sectores advierten que un proceso de revocatoria puede distraer al gobierno, dividir a la ciudadanía o generar desgaste administrativo. Otros señalan que existen mecanismos alternos, como el control político o las veedurías ciudadanas, para corregir irregularidades sin necesidad de acudir a las urnas. Estas objeciones son pertinentes y deben ser escuchadas: un proceso de revocatoria solo es exitoso cuando se desarrolla con información clara, debate responsable y participación consciente.

Reconocer los argumentos contrarios no anula la importancia del mecanismo. La democracia participativa es más fuerte cuando ofrece herramientas que equilibran el poder. Un gobernante no es dueño del cargo: es depositario temporal de una responsabilidad pública. La revocatoria recuerda que la autoridad nace de la confianza ciudadana y puede retirarse cuando la gestión no responde a las necesidades reales de la comunidad. Escuchar estas objeciones no solo es prudente: es indispensable para asegurar que la revocatoria sea un proceso informado y no una reacción emocional, de tal forma que no es como lo aseguró el mandatario: “un tema de percepciones y también de politiquería”.

En el contexto actual de Villavicencio, insistir en la revocatoria implica exigir transparencia, evaluación objetiva y revisión del rumbo local. No se trata de atacar personas, sino de defender principios: eficiencia, coherencia programática, responsabilidad administrativa y respeto por la ciudadanía.

Si la comunidad considera que los hechos —verificables, públicos y sostenidos en el tiempo— evidencian un deterioro de la gestión, entonces promover la revocatoria no solo es legítimo, sino necesario. Votar en un proceso de revocatoria permite definir si el gobierno local mantiene su mandato o si es momento de buscar una conducción distinta que recupere la confianza ciudadana.